“Yo veo que todo el mundo nada para distintos lugares”.

De esta manera la senadora Wanda “Wandy” Soto Tolentino describió la falta de conexión entre agencias de gobierno, organizaciones sin fines de luco, la banca y las cooperativas respecto a los protocolos y medidas implementadas para prevenir la explotación financiera de los adultos mayores y fortalecer su protección.

La Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado de Puerto Rico, la cual preside, inició hace varios meses una investigación abarcadora al amparo de la RS 75, sobre la efectividad de los procedimientos que las instituciones financieras tienen para proteger a los adultos mayores, al igual que las agencias que les ofrecen servicios.

“Estamos ajustando ciertas áreas para que haya un protocolo en el que todos sigamos caminando en la misma dirección, que no se quede todo en el ‘bla, bla, bla’... El proyecto de Ley va a indicar con exactitud hacia dónde los bancos, las cooperativas y alguien que sienta que hay una explotación financiera (se va a dirigir)… El proyecto que estamos levantando es, precisamente, tener un orden”, detalló la legisladora.

Observó que cada entidad tiene su protocolo, estadísticas y métodos para atender el problema cuyas querellas se han triplicado, según notificó la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada en su ponencia en las vistas públicas.

“Cuál es el fin, ¿cuál es el propósito que se generó, que se logró, ese es el propósito que queremos trabajar? porque honestamente no se sabe”, sentenció.

El martes, la Policía de Puerto Rico reveló que, en lo que va de año, se han generado 543 referidos, en comparación con los 72 casos que se investigaron el 2024. No obstante, los datos presentados por los deponentes son entre sí diferentes.

La Asociación de Bancos de Puerto Rico, por medio de su presidenta, la licenciada Zoimé Alvarado, expuso su preocupación por que, de la cantidad de referidos que hacen las Unidades de Fraude de estas instituciones, no sabe ni siquiera cuántas fueron esclarecidas o radicadas en un tribunal. Esta información es valiosa al momento de que un banco o cooperativa pueda emitir sus alertas ante la reincidencia de un imputado.

“Por años se han estado haciendo promociones, cadenas en las que se han unido todos para hacer proyecciones, montar ‘billboards’, anuncios para detener todo esto. ¿Ha funcionado? No, al contrario, se ve un número mayor. Pero no es que lo veamos mal, es que estamos siendo más agresivos en las redes y la gente está despertando ya”, subrayó la senadora, quien dijo contar con unos 25 años de experiencia en la empresa privada, incluyendo la banca.

También puso en perspectiva que hay una gran cantidad de adultos mayores que son defraudados por hijos, familiares, vecinos, cuidadores y otros allegados que se ganan su confianza, ya que conocen que no tienen apoyo de nadie, optando por guardar silencio.

Otro de los asuntos que quedan sobre la mesa de discusión son los protocolos que adoptaría el Departamento de la Familia en caso de que el hijo único de la víctima sea quien comete fraude.

Puerto Rico, que es el cuarto país más envejecido del mundo, ya que casi un 32% de la población tiene más de 60 años. Las cifras fueron ofrecidas en la iniciativa de la Red contra el Fraude, de AARP, durante la presentación de la campaña denominada “Pausa, Piensa y Protégete”, que tiene como objetivo la prevención, educación y el empoderamiento, especialmente a los adultos mayores, ante la amenaza creciente del fraude.

En noviembre se planifica llevar a cabo la vista pública final en el formato de reunión para acordar las medidas que se tomarán para eliminar el desfase existente, añadió la legisladora.

El 6 de octubre, la gobernadora Jenniffer González Colón firmó el proyecto de administración que enmienda la Ley 121-2019, “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno de Puerto Rico a Favor de los Adultos Mayores”, para añadir al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) de Puerto Rico, bajo la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública (DSP), como una de las instituciones a las que se le podrá hacer un referido en casos de explotación financiera de adultos mayores y para otros fines relacionados.