El Tribunal Supremo extendió la fecha en la que la exgobernadora Wanda Vázquez Garced debe demostrar una razón válida para que no se le discipline como abogada, luego de que se declarara culpable en el foro federal de un delito menos graves por violaciones a estatutos electorales.

La extensión de tiempo se concedió por petición de sus abogados, José Andréu Fuentes y Edgardo Rivera García. Estos suscribieron una moción el pasado miércoles en la que notificaron al tribunal que representarán a la exgobernadora y solicitaron 30 días adicionales “para comparecer y cumplir con la orden de mostrar causa”.

El Tribunal Supremo, entonces, concedió hasta el 3 de marzo “para mostrar causa, según le fuera ordenado”. La orden se emitió ayer, jueves.

Este proceso legal surge luego de que el Supremo se activara para analizar el caso de la exgobernadora, quien recibió el perdón presidencial de Donald Trump luego de haberse declarado culpable en un proceso federal.

El documento en que le notificaron el proceso establecía que el Supremo examinó la Sentencia de Desestimación que emitió el tribunal federal del Distrito de Puerto Rico en el caso que tenía contra la exgobernadora, y le concedió un plazo de 10 días para que “comparezca y muestre causa por la cual no debe ser disciplinada por este Tribunal, tras haberse declarado culpable por aceptar la promesa de una contribución política proveniente de un extranjero nacional, en conexión con su campaña política primarista de 2020”, en violación a las leyes federales.

Se le advirtió que, pese al perdón presidencial, se podrían tomar acciones disciplinarias contra ella, o incluso suspenderla de ejercer la profesión de abogada, tomando en cuenta que se declaró culpable tras alcanzar un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Vázquez Garced fue acusada en agosto de 2022 por corrupción pública.

La acusación federal contra la exgobernadora expone que Herrera Velutini y Rossini, presuntamente, le prometieron apoyo financiero para su campaña política del 2020, a cambio de que ella utilizara su influencia política para destituir y reemplazar al entonces comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), pues el organismo regulador realizaba una investigación en contra de Bancrédito, el banco de Herrera Velutini.

En febrero de 2020, Joyner Kelly presentó su renuncia, supuestamente, bajo presiones.

Entonces, la exgobernadora nombró como su reemplazo a Víctor Rodríguez Bonilla, quien se alega había sido recomendado por Herrera Velutini para que asumiera la dirección de OCIF. Supuestamente, Vázquez Garced recibió un soborno de $300,000, que consistió en un estudio o encuesta sobre la campaña, por facilitar esa gestión de cambio de mando.

Los cargos de corrupción pública fueron eliminados en un acuerdo de culpabilidad que alcanzó el trío con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en verano de 2025. Estos se declararon culpables en agosto por un cargo menos grave por violación al Título 52 del Código de los Estados Unidos, sección 30121, de la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA, por sus siglas en inglés). Esta sección 30121 lo que dispone es que está prohibido que corporaciones y sindicatos hagan contribuciones o gastos en efectivo, bienes o servicios a campañas federales o a partidos políticos para propósitos de una elección.

Al recibir un perdón “completo e incondicional”, los imputados ya no podrán ser considerados como convictos.

Como parte de este caso, también fueron acusados Frances Díaz, presidenta de Bancrédito, y John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced. El caso fue desestimado por petición de la Fiscalía federal.