Los abogados de los acusados de traficar drogas en las penitenciarías del país, entre los que se encuentra el convicto Jensen Medina Cardona, solicitaron inspeccionar las cuatro cárceles estatales en las que las autoridades federales detectaron que operaba la organización conocida como “Los Tiburones” o “Grupo 31”.

En una solicitud a destiempo que provocó el retraso de una vista del caso pautada para el pasado jueves, la Fiscalía federal solicitó tiempo para fijar su postura ante esta petición, presentada en mayo pasado.

Las cárceles que los abogados buscan visitar son Guerrero, en Aguadilla; Las Cucharas, en Ponce; Bayamón 501 y Guayama 1000.

En este caso, que se remonta a diciembre del 2024, hay unas 34 personas acusadas, entre las que se destaca Cardona Medina, condenado en 2022 a cumplir 129 años de prisión por el asesinato de Arellys Mercado Ríos en Fajardo en medio de una disputa por un celular.

Al grupo se le imputa traficar fentanilo, suboxona, heroína, cocaína, marihuana y marihuana sintética. Se alega que utilizaban aeronaves no tripuladas (drones), el correo y visitas familiares para introducir las sustancias a las cárceles, así como arrojarlas a los patios y esconderlas dentro de artículos, como la videoconsola PlayStation, controles remotos, alimentos, microondas, abanicos y bolsas de hielo.

Debido a que el centro de operación principal eran las cárceles, el grupo de abogados defensores quiere observar, por ejemplo, la interacción de los presidiarios.

“La tesis de la fiscalía es que los acusados acordaron controlar la distribución de drogas en los centros penitenciarios mencionados. Las condiciones físicas dentro de dichos centros, el lugar donde residía cada acusado durante el periodo de la conspiración, así como los controles de seguridad y las circunstancias imperantes, no constituyen meros antecedentes; representan el entorno en el que supuestamente se gestó y llevó a cabo el acuerdo y la actividad ilícita”, se argumentó, al aludir a la necesidad de observar ese entorno en que supuestamente se desarrollaba el trasiego de drogas.

La Fiscalía federal, representada por la fiscal María L. Montañez Concepción, solicitó de “buena fe” hasta el 19 de junio para exponer su posición a la petición. Alegó que con su acto no buscaba retrasar los procedimientos judiciales.

De inmediato, los presidiarios radicaron una moción conjunta para reclamar su derecho de visitar las cárceles. Alegan que la Fiscalía federal se opone a que ocurra, pese a que lo que solicitó Montañez Concepción fue tiempo para fijar la postura.

“Estados Unidos (refiriéndose a la Fiscalía federal) nombró las cuatro instituciones en su escrito de acusación, envió agentes a su interior, utilizó a personas que trabajan y residen en ellas para construir este caso, las financia con fondos federales y —al ignorar todo esto y plantear dudas infundadas sobre la capacidad de los abogados firmantes para cumplir con los protocolos de seguridad y las órdenes de protección— solicita que la defensa no las inspeccione. Sin embargo, dichas inspecciones son de carácter esencial. Por consiguiente, debe concederse la moción de inspección”, expresaron en su moción unos 19 abogados.

Pese a esta inspección de cárceles, Medina Cardona está inmerso en una conversación con la Fiscalía federal para determinar si se declara culpable. El convicto solicitó tiempo para concluir las conversaciones. Tiene hasta finales de este mes para decidir si acoge el acuerdo.