Lilliam Álvarez de Toledo, convicta de timar a decenas de inmigrantes y otros ciudadanos con trámites de visado y servicios de gestoría, fue ingresada a prisión hoy, lunes, luego que el juez superior, Julio de la Rosa Rivé, le impuso una sentencia mixta de un año de cárcel y cinco años en probatoria.

“Yo tengo que propender a la sana administración de la justicia”, sentenció el juez tras denegar una solicitud de los abogados de la acusada, Eduardo de Jesús García y Antonio Arraiza Miranda, quienes se expresaron sorprendidos y le pidieron infructuosamente reconsiderar la condena.

Al imponer la pena, el juez del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón aseveró que tenía que armonizar “información altamente negativa (de la convicta) con un informe presentencia”.

En mayo pasado, la técnica sociopenal Namir García Rodríguez rindió un primer informe que no recomendaba a Álvarez de Toledo para una sentencia suspendida porque no tenía residencia fija, ni mostraba arrepentimiento. 

El pasado viernes, García Rodríguez sometió un segundo informe complementario, en el que reconsidera su recomendación adversa, pero el juez sostuvo que “la totalidad de las personas entrevistadas no recomendaban (a la convicta) para una probatoria”.

El juez resaltó que del informe se desprende que, de agosto de 2014 a mayo de 2015, Álvarez de Toledo residía en “un hotel privilegiado”, en Miramar.

“En ningún momento se le dio esa información al tribunal. Lo que se decía era que usted continuaba en estado de indigencia y por eso es que se le asignan los abogados”, sostuvo el juez, refiriéndose a que la mujer había reportado que no tenía residencia y por considerarla indigente, el tribunal le designó de oficio a los abogados De Jesús García y Arraiza Miranda.

El magistrado indicó, además, que aunque la mujer de 64 años no tiene antecedentes penales, “al día de hoy no reconoce la comisión de los delitos”. Agregó que en el informe “no consta una persona hablando favorablemente de Álvarez de Toledo, ni en el plano personal, ni profesional”. 

“Con todo respeto (al juez) esto sería un abuso de discreción de su parte. Usted tiene un informe favorable que recomienda la sentencia suspendida… Estoy atónito”, ripostó el licenciado de Jesús García. Añadió que habían declinado impugnar el informe por entender que era positivo a su representada.

“Tenemos una señora que está enferma, que necesita una operación, y que su hijo, con sacrificios, la tuvo que meter en un hotel”, dijo el abogado, quien además planteó que los perjudicados habían avalado la sentencia suspendida.

La convicta no hizo uso de su derecho de alocución y cuando era escoltada por los alguaciles para ser llevada al área de confinados lucía tranquila. Se despidió de un hijo presente en sala, le entregó una sortija y otras pertinencias. Luego caminó, escoltada por alguaciles, apoyándose en un andador.

Entretanto, Raúl García Fernández, uno de los perjudicados, quien presenció la vista, se mostró conforme con la sentencia. 

“Se hizo justicia. Por lo menos un año de cárcel. Eso se lo buscó ella misma”, afirmó García Fernández, un fumigador puertorriqueño que acudió al negocio de Álvarez de Toledo para que lo ayudara a conseguir el visado para su esposa dominicana, pero nunca logró el resultado. “Yo le dí $1,240 de cantazo y con esfuerzo reuní ese dinero”, dijo el hombre, natural de Santurce.

Álvarez de Toledo, quien operaba la compañía Welcome USA, se declaró culpable de 64 cargos de fraude y de apropiación ilegal agravada por cobrar a 32 víctimas, mayormente de nacionalidad dominicana, por trámites para visados de viaje y de trabajo, que no realizó.

Como parte del acuerdo, la mujer tiene que restituir $10,800, cifra que pagará a través de mensualidades de $200.00, según dispuso el juez en la sentencia.

Sin embargo, la Fiscalía estimó que la mujer timó a sus víctimas la cantidad de $37,000. Muchos perjudicados no hicieron reclamaciones en el tribunal.

Álvarez de Toledo, quien en medio del proceso judicial estuvo recluida en una institución psiquiátrica por un cuadro de depresión severa, deberá recibir tratamiento en APS Health Care y no puede ofrecer servicios a inmigrantes, dispone también la sentencia.

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