El juez Julio de la Rosa Rivé, del Tribunal de Bayamón, refirió la mañana del miércoles a Lilliam Álvarez de Toledo, convicta por timar a decenas de inmigrantes, a una evaluación psiquiátrica para garantizar que la mujer entiende el alcance del proceso judicial que enfrenta. 

De la Rosa Rivé anunció su determinación durante una vista de seguimiento citada para que Álvarez de Toledo informara su nuevo domicilio y entregara un certificado médico, que justificara su ausencia a una vista para dictar sentencia citada para el pasado 9 de junio. 

Durante la audiencia de hoy, los abogados de oficio Antonio Arraiza Miranda y Eduardo de Jesús García entregaron un certificado médico, que consignaba que la mujer estuvo recluida en el Hospital Capestrano del 8 al 16 junio.

Los letrados también informaron que la convicta ahora reside en Santurce. 

En la vista pasada, los abogados habían indicado que desconocían el lugar donde residía su representada, quien había sido desahuciada de su residencia en Miramar. Posteriormente la mujer se mudó a un hotel, que recientemente cerró sus puertas.

Ante el cambio de domicilio y como parte de la investigación para la elaboración de un informe presentencia, el juez de la Rosa Rivé ordenó que la técnico sociopenal Namir García Rodríguez preparara un informe suplementario. 

Como parte de este informe suplementario, García Rodríguez debe investigar las condiciones de la nueva residencia de la convicta.

Apoyado en dos hospitalizaciones que ha tenido Álvarez de Toledo en los pasados meses, el juez ordenó la evaluación psiquiátrica, que pautó para el 7 de julio.

La vista de procesabilidad donde la psiquiatra del Estado, Yamilka Rolón García, anunciará el resultado de esa evaluación -que se celebra al amparo de la Regla 240 de Procedimiento Criminal- se celebrará el 10 julio.

“Lo que queremos garantizar es que tenemos todos los elementos para entrar a la vista de impugnación del informe presentencia y posteriormente al pronunciamiento de sentencia”, afirmó de la Rosa Rivé.

En la vista pasada, la técnico sociopenal entregó un voluminoso informe presentencia, de 52 páginas.

Luego de leerlo, los abogados anunciaron su intención de impugnarlo porque contiene una recomendación adversa para la convicta, entre otras razones porque Álvarez de Toledo no contaba con una residencia fija.

Esa vista de impugnación del informe presentencia está pautada para el 4 de agosto.

Las fiscales María del Mar Ortiz Rivera y Arlene Gardón Rivera representaron al Ministerio Público durante la vista.

La operadora de la compañía Welcome USA se declaró culpable de 64 cargos de fraude y de apropiación ilegal agravada por cobrar a 32 víctimas, mayormente de nacionalidad dominicana, por trámites para visados de viaje y de trabajo, que no realizó.

Busque más detalles sobre el fraude

Como parte del acuerdo, la mujer restituirá $10,800. Esta cifra la pagará a través de mensualidades de $150.

A cambio, las partes recomendaron una sentencia suspendida de seis años, que rechazó la sociopenal que evaluó el caso.

Según el Ministerio Público, la mujer timó a sus víctimas la cantidad de $37,000.

En medio de la radicación de cargos, Álvarez de Toledo perdió el negocio Welcome USA, que ofrecía servicios de gestoría de documentos a los extranjeros residentes en la Isla.