El Senado aprobó este miércoles un proyecto de ley que prohíbe que los hospitales públicos o privados le nieguen servicios a una persona en una situación de emergencia o a una mujer que esté de parto por motivos de su estatus migratorio.

El Proyecto del Senado 1313, de la autoría de los senadores Eduardo Bhatia, Ramón Luis Nieves y José Nadal Power, también prohíbe a las instituciones médicas ese tipo de conducta por razones de raza, color, sexo, edad, religión, nacimiento, origen o identificación étnica o nacional, ideología política, incapacidad física o mental presente o futura, condición socioeconómica y orientación sexual.

De igual forma, la medida atiende el problema de acceso a la educación que sufren algunos menores en etapa preescolar y escolar, cuyos progenitores rechazan acudir a centros de vacunación por temor a que los procesen luego las autoridades migratorias.

“Esta medida a lo que lleva es que no se pueda discriminar en el servicio médico, y va más allá de eso. También añade que a los niños que se vacunan no se les pueda preguntar su status migratorio porque lo que está pasando es que se está discriminando y no pueden entrar a la escuela porque no tienen vacuna”, resaltó Bhatia durante el debate sobre la medida.

El proyecto de ley fue considerado durante la sesión del lunes, pero quedó pendiente de aprobación, y finalmente fue ratificado en votación unánime este miércoles tras incluírsele varias enmiendas en sala. 

Entre los cambios sometidos, figura ordenar a las escuelas públicas y privadas a requerirles a los progenitores o tutores de los menores sin certificado de vacunación que hagan las gestiones en el Departamento de Salud para asegurar que sean vacunados.

“Ninguna institución médico-hospitalaria púbica o privada podrá requerir información sobre el estatus migratorio de sus pacientes o progenitores, tutores, y guardianes de estos que acudan a solicitar servicios de vacunación. De la misma forma, ninguna institución médico-hospitalaria público o privada podrá rechazar servicio de vacunación a ningún paciente por razón de su estatus migratorio”, dispone la legislación.

El proyecto refuerza la política adoptada por esta administración en febrero de 2013, cuando el gobernador Alejandro García Padilla firmó una orden ejecutiva para ordenar al Departamento de Salud a tomas las medidas necesarias para fiscalizar si las instituciones médico-hospitalarias cumplen con la legislación vigente y no le exigen información sobre el estatus migratorio a un paciente que acude a recibir atención de emergencia.