Mujeres y líderes de la comunidad inmigrante en Puerto Rico recibieron orientación esta tarde sobre las leyes recién aprobadas que suman derechos a este sector, y otras cuatro que fueron radicadas en el Senado hace unas semanas, en el primer Foro de Servicios para la Mujer Inmigrante, celebrado en la sala Samuel R. Quiñones del Edificio Luis A. Ferré en San Juan.

La actividad reunió a asesores legales del gobernador Alejandro García Padilla y el presidente del Senado, Eduardo Bhatia; y representantes de la banca y de varias organizaciones que trabajan con los inmigrantes, donde se les explicó a las participantes cuál es el alcance de dichas medidas y se les enfatizó que pueden ejercer dichas garantías sin miedo a ser expuestos y deportados.

El objetivo del foro es que las asistentes se conviertan en voceros en sus comunidades para llevar el mensaje sobre las leyes a favor de los inmigrantes y los servicios que existen en diferentes entidades para ellos, y al mismo tiempo para exponer situaciones que afectan a los miembros de ese sector.

“Tenemos la responsabilidad y el deber de llevar información a personas que por muchas razones no han podido estar aquí. Una de las cosas más significativas que yo creo que puede haber en estas mesas de trabajo es que nosotros podemos replicar esta información porque representamos a entidades y organizaciones que tienen que ver con el trabajo que hay que lograr para que la mujer inmigrante pueda sentir que puede vivir en nuestro país”, expresó la senadora Mari Tere González, presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara Alta.

Al dar la bienvenida a los presentes, la legisladora recalcó que en Puerto Rico, una de cada 10 personas proviene de República Dominicana, que tres de cada cuatro inmigrantes dominicanos viven en la zona metropolitana, y que los dominicanos son la población de inmigrantes más grande en Puerto Rico, seguida por la colombiana. No obstante, en la Isla hay comunidades de inmigrantes de más de 10 países.

“Tenemos un gran reto, y es reconocer la grandeza y las aportaciones que hacen personas que viven en nuestro país, que representan otra nacionalidad”, afirmó González.

Raisa Cajigas Campbell, asesora legal y legislativa auxiliar del gobernador destacó el trabajo que se hecho desde las ramas ejecutiva y legislativa para proteger los intereses y adelantar derechos a favor de los inmigrantes.

“Ha sido importante el compromiso del gobernador, que desde el primer día que tomó su cargo ha tomado la comunidad inmigrante como una de sus batallas y de tantas luchas que ha logrado ganar en ese aspecto”, expresó la abogada.

Entre las medidas aprobadas por el actual gobierno, la letrada destacó la Ley 97, que enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito para que no sea un requisito tener un estatus migratorio oficial para obtener una licencia de conducir.

“Se abrió paso a otras categorías de licencia. Son unas licencias tanto de aprendizaje como para conducir que son provisionales. Son válidas por un periodo de tres años, contrario a las regulares que son de seis años, pero luego de que ese término culmina se pueden renovar continuamente”, explicó al recalcar que la Ley exige requisitos mínimos como un año de residencia en Puerto Rico y documento vigente del solicitante.

Cajigas Campbell destacó que en menos de un año se han logrado expedir más de 2,000 licencias a inmigrantes.

Por otro lado, recordó que hace dos semanas se aprobó una orden administrativa para que se le prohíba a la Policía indagar sobre el origen nacional o sobre la condición migratoria de una persona durante una intervención vehicular. Tampoco, se puede requerir documentación sobre la ciudadanía ni referir a una persona extranjera sin estatus migratorio oficial a las agencias federales de inmigración.

Del mismo modo, recordó que el ejecutivo trabaja en la medida para extender a los inmigrantes con domicilio en Puerto Rico el derecho a votar.

Por su parte, José Herrero y Germarie Méndez, quienes son parte del grupo de asesores legales del presidente senatorial, hablaron sobre los proyectos para brindar acceso a la salud sin discrimen para pacientes en estado de emergencia o embarazadas y el de acceso a la educación para brindarle igualdad de oportunidades de enseñanza a todos los niños y niñas, independientemente de su estatus migratorio. Ambas legislaciones, radicadas en el Senado, elevarían a rango de ley las órdenes ejecutivas 8 y 9 de 2013.

También mencionaron el Proyecto 1312 para que en la etapa de investigación de un delito, no se pueda indagar sobre el estatus migratorio de la víctima o testigo. Otra de las medidas señaladas fue la 1314, que dispondría la creación de un registro de proveedores de servicios legales a inmigrantes con el fin de evitar el fraude contra los inmigrantes.

Al mismo tiempo, están pendientes para aprobación dos resoluciones para investigar los protocolos de la Policía durante intervenciones con inmigrantes y el ofrecimiento de servicios de salud a esta población, así como maneras de mejorar los mismos o expandirlos.

Mientras, el senador Ramón Luis Nieves expuso los objetivos de la recién firmada Ley de Acceso Financiero para Todos, para viabilizar que los inmigrantes sin estatus migratorio formal en la Isla puedan abrir cuentas de ahorro y cheques en bancos y cooperativas.

En esa misma línea, Kurt Schindler director de Educación Financiera de Banco Popular, ofreció recomendaciones a los asistentes sobre finanzas personales en las que destacó la importancia del ahorro y las precauciones a la hora de tomar dinero de prestamistas.

Destacó que a veces los inmigrantes no se atreven a usar los productos de la banca tradicional por no contar con documentos que validen su legalidad en la isla.

El Foro de Servicios para la Mujer Inmigrante, que se espera repita en abril, tiene como propósito recopilar información necesaria para desarrollar medidas que permitan legislar para el acceso a los servicios para las mujeres inmigrantes, según ordena la Resolución del Senado 1118.