La vista para dictar sentencia contra Lilliam Álvarez de Toledo, convicta por timar a decenas de inmigrantes, a quienes cobró por tramitar diversos documentos de viaje o trabajo, no se celebró hoy, martes, debido a que la mujer fue ingresada en el Hospital San Juan Capestrano

Ante la jueza Vivian Durieux Rodríguez, del Tribunal de Bayamón, el abogado de oficio Antonio Arraiza Miranda informó que la mujer ingresó ayer a la mencionada institución médica luego de estar ingresada en otro hospital, del 21 de mayo al 5 de junio.

Como evidencia de las hospitalizaciones, entregó a la jueza dos certificados médicos.

"El certificado no dice cuánto tiempo estará en el hospital", apuntó la togada tras evaluar el documento sobre la hospitalización en el Capestrano, que según su página de Internet enfatiza en atender problemas de salud mental..

En respuesta, Arraiza Miranda, quien comparte labores de defensa con el licenciado Eduardo de Jesús García, indicó que no existía una fecha para el alta.

Como parte de un resumen del caso, Durieux Rodríguez, quien atendió la vista de hoy porque el juez Julio de la Rosa Rivé atendía una vista en otra sala, apuntó que la técnico sociopenal Namir García Rodríguez había sometido un voluminoso informe presentencia, que constaba de 52 páginas.

Apuntó también que la defensa había anticipado que impugnará el informe porque contiene una recomendación adversa para la convicta.

"Una persona no puede estar en probatoria viviendo en un hotel", señaló la jueza.

Sobre esta observación, Arraiza Miranda explicó que Álvarez de Toledo había sido desahuciada de su residencia y que posteriormente se mudó a un hotel, que recientemente había cerrado sus puertas.

"No tenemos información", respondió el letrado sobre el actual lugar de residencia de la convicta.

Por esta situación, la jueza señaló una vista de seguimiento para el 24 de junio. Ese día Álvarez de Toledo debe informar su lugar de residencia.

La vista de impugnación del informe presentencia se celebrará el 4 de agosto, mientras que los abogados defensores tendrán 15 días para presentar la correspondiente moción con sus argumentos de impugnación.

La fiscal Arlene Gardón Rivera representó al Ministerio Público durante la vista.

La operadora de la compañía Welcome USA se declaró culpable de 64 cargos de fraude y de apropiación ilegal agravada por cobrar a 32 víctimas, mayormente de nacionalidad dominicana, por trámites para visados de viaje y de trabajo, que no realizó.

Como parte del acuerdo, la mujer restituirá $10,800. Esta cifra la pagará a través de mensualidades de $150.

A cambio, las partes recomendaron una sentencia suspendida de seis años, que rechazó la sociopenal que evaluó el caso.

Según el Ministerio Público, la mujer timó a sus víctimas la cantidad de $37,000.

En medio de la radicación de cargos, Álvarez de Toledo perdió el negocio Welcome USA, que ofrecía servicios de gestoría de documentos a los extranjeros residentes en la Isla.