La remoción de una menor de dos años anoche en el barrio Parcelas El Polvorín de Cayey, mantiene consternada a la población que exige la devolución de la niña a su madre, Lisha Ramón Mejías, quien aún amamanta a la pequeña Nazareth.

Ante la situación, el Departamento de la Familia insiste en que no es seguro regresar la menor a su hogar, hasta que culmine una investigación, “para garantizar la protección seguridad y bienestar de la menor”.

Esto luego de recibir un referido que establecía el incumplimiento de una orden de protección por ambas partes – papá y mamá - luego de un supuesto incidente de violencia intrafamiliar, por lo que un juez del Tribunal de Caguas determinó, el pasado 19 de diciembre, suspender las relaciones materno filiales, concediendo la custodia al padre, Miguel Torres, “quien solicitó una orden de protección aprobada hasta el 23 de enero”.

Al reaccionar a las imputaciones de la agencia, Ramón Mejías aseguró que “la orden de protección ya no está, entonces, ¿por qué quitarme a mi hija?”.

“¿Por qué decir que se incumplió la orden cuando en el papel incluso, especifica, que yo tengo el derecho de permanecer en mi casa? Yo no tengo ningún tipo de incumplimiento con la orden, si yo estaba en mi casa tranquila”, acotó en expresiones a la prensa.

De hecho, Lisha aclaró que la menor no estuvo presente durante el alegado alterado y, además rechazó que se haya sacado un cuchillo, como alegan las autoridades.

“¿Investigación de qué, si no hay evidencia de maltrato? ¿Por qué en vez de perder el tiempo conmigo, no van donde realmente está el maltrato? ¿Por qué van a seguir con esto y dándole largas? Yo necesito a mi hija, Nazareth me necesita a mí”, cuestionó.

“No hay ningún tipo de ley… le pueden preguntar a cualquier policía en el cuartel, yo no tengo ningún tipo de problema legal para que me separen de mi hija. No entiendo por qué siguen con esto y no me dan información de mi hija. Ya son las 4:10 de la tarde y yo necesito a mi hija, que esté conmigo”, agregó la joven de 21 años.

Reiteró que, durante la intervención del Departamento, nadie le dijo que iban a remover a la pequeña, sino que la llevarían a una evaluación médica.

“No estaba orientada… firmé el papel que dice sobre la ley, sobre lo que ellos tienen que hacer, sobre el cuidado y la calidad de los niños, pero en ningún momento me dijeron que se iban a llevar a mi hija a un hogar. Me enteré porque me llamaron. Yo autoricé a que la llevaran al hospital porque, obviamente, querían que la chequearan para cerrar todo esto. Pero no me dijo que se la iban a llevar”, manifestó.

“Incluso, el papel recalca de que a menos que haya algún tipo de evidencia de maltrato o que haya una orden de un juez que me pueden remover a mi hija. Pero yo desconocía (que había una orden del tribunal). Incluso, a la abogada le dijeron que no se la iban a llevar. La abogada se había ido un poquito lejos para estar al tanto y ni siquiera estaba al tanto de que se la habían llevado, hasta que Miguel la llamó”, explicó.

Igualmente, arremetió contra la agencia estatal, al señalar que “dicen que no es fiable que la entreguen hasta que terminen la investigación”.

“Eso no es así, porque Miguel está en el tribunal y le informaron que están esperando la respuesta de los trabajadores sociales, porque durante las 72 horas, ellos pueden ir ahora, ir al tribunal y someter lo que vayan a hacer para que entonces me devuelvan a mi hija. Eso es que no quieren hacerlo. No sé por qué siguen con esto”, sostuvo.

“Si tienen 72 horas para que vayan al lugar, si tienen 72 horas qué hacen ahí sentados, en vez de agilizar todo para que me la entreguen. Entonces, ¿dónde está realmente el trabajo del Departamento? (Tienen) 72 horas y prefieren estar sentados hablando mier#$ en vez de agilizar las cosas para que un bebé lactado vuelva con su mamá. Dónde está entonces, realmente el problema aquí”, añadió.

Lisha es vendedora ambulante en su pueblo, y cada día se llevaba la pequeña al lugar donde generalmente ofrece jugos naturales, cercano a un elevado. Aunque la acción era aplaudida por muchos, otros la criticaban.

Asimismo, insistió en que las supuestas imputaciones están basadas en llamadas anónimas a la línea de emergencia del Departamento.

“Yo, que cuido y protejo a mi hija desde que la parí, que nadie me ha dicho cómo cuidarla desde que la tuve. Mi hija siempre ha sido mi prioridad desde que la tuve.

Hay muchas mamás que ahora mismo no son responsables con sus hijos. ¿El mejor bienestar es alejar a una bebé de su mamá?”, resaltó.

“Estamos los dos (padre y madre) trabajando para saber dónde está Nazareth, porque si realmente están trabajando, ¿por qué no nos contestan los celulares? Se supone que son los responsables del caso y no nos indican qué acción debemos tomar. ¿Por qué no nos responden? Llevamos desde las 9:00 de la mañana que a Miguel no le responden los mensajes ni las llamadas”, concluyó.