Entonces, vamos a tener este debate otra vez. El del estatus, quiero decir.

Un asunto tan importante como la descolonización de Puerto Rico llega una vez más a la discusión pública a revolcar el gallinero político del País. El tema realmente nunca nos abandona, se ha impulsado muchas veces en consultas criollas, pero nunca en un proceso vinculante para el Congreso. Y eso es lo que han pedido líderes de las distintas fórmulas: que haya un compromiso previo del Congreso, para que lo que decidan los puertorriqueños se respete y se implante en una nueva relación política entre Puerto Rico y los Estados Unidos.

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La propuesta, que desde la pasada semana trae al liderato de los partidos de cabeza, parece ser un primer paso en ruta a un proceso vinculante para el Congreso y descolonizador para la isla. Pero, ¿es realmente el principio de un proceso? ¿O será un entretenimiento para los últimos meses de este Congreso y una buena excusa para que los legisladores que representan estados donde viven puertorriqueños puedan marcar el compromiso cumplido de adelantar el tema del estatus? El poco tiempo que queda dirá. Sin embargo, a juzgar por la experiencia en pasados intentos, no tengo mucha esperanza de que, en cinco meses, ambos cuerpos se pongan de acuerdo en una legislación que obligue al Congreso a cosa alguna... mucho menos si es controversial, mucho menos si es para Puerto Rico.

Dice un refrán que, “para muestra, con un botón basta”, pues miremos el “último botón”. El proyecto Young fue presentado en el año 1997 por el congresista de Alaska, Don Young. Es la única medida que ha tenido un trámite completo en la Cámara Federal. No fue aprobado en el Senado, ni siquiera salió del comité senatorial que debía evaluarlo. Lo próximo en el Congreso fueron las elecciones de medio término de 1998.

Otro “botón”, casi diez años antes, se discutió, esta vez en el Senado. Una medida del senador J. Bennet Johnston en 1989 llevo al Comité de Recursos Naturales del Senado a dar una mirada en detalle al dilema del estatus de la isla que, durante décadas, había dormido en el Congreso, pero aquí seguía -como sigue- vivo aún. El comité senatorial viajó a Puerto Rico, aquí hicieron vistas públicas sobre el tema, hubo cobertura mediática y televisada. Fue todo un espectáculo y por meses no se hablaba de otra cosa, más que de aquello que para muchos fue una genuina esperanza de que se tomaría por fin en serio la descolonización de Puerto Rico. Este proyecto fue aprobado en el Comité, pero como se imaginarán, de allí no pasó y lo próximo fueron las elecciones de medio término de 1992.

Hubo otros intentos de revivir el tema del estatus en las cámaras federales. Los comisionados residentes del Partido Nuevo Progresista siempre lo han intentado, pero sus proyectos nunca han visto un trámite serio. Ni hablar de los proyectos criollos que, aun habiéndose celebrado plebiscitos, el último en 2020, pasan sin pena ni gloria; ni siquiera con un grupo de cabilderos a su servicio.

Entonces ahora llega esta medida, el “Puerto Rico Status Act”. Nace en la Cámara Federal, tiene en una sola voz a congresistas puertorriqueños o de origen puertorriqueño y a la Comisionada Residente. Esto de por sí es un gran avance. Además, tiene el aval del líder de la mayoría, Steny Hoyer. Sin entrar en más consideraciones de contenido, podemos advertir lo siguiente: primero, que no es todavía un proyecto de ley, sino un borrador. Segundo, que se ha anunciado que habrá vistas públicas el mes próximo y ya sabemos que el Partido Popular institucionalmente se opone al mismo, lo que augura controversia. En tercer lugar, que en seis meses habrá elecciones de medio término para elegir toda la Cámara de Representantes y una tercera parte del Senado. ¿Qué creen que va a pasar?