Cuatro abogadas constitucionalistas y profesoras de la Escuela de Leyes de la Universidad Interamericana argumentaron hoy que el derecho al aborto en Puerto Rico “se entronca” en los derechos a la dignidad, intimidad, libertad e igualdad y en la prohibición del discrimen por razón de sexo, consagrados en la Constitución puertorriqueña.

Yanira Reyes Gil, Esther Vicente, Patricia Otón Olivieri y Marilucy González, del grupo Inter-Derecho, aseguraron que en Puerto Rico no hay un problema de abortos y emplazaron a la Legislatura a no dar paso a medidas que obligarían a las mujeres a mantener embarazos no deseados.

Comparecieron en un panel junto a dos lideresas de la Coalición Aborto Libre, Ruth Serrano y Alondra Hernández, en el cuarto día de vistas de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes que evalúa cinco medidas legislativas relacionadas con la terminación de embarazos.

Todas las panelistas rechazaron el Proyecto del Senado 693, que propone restringir el aborto después de las 22 semanas de gestación; el Proyecto de la Cámara 1084, que prohibiría el aborto luego de la detección del latido cardiaco fetal, el PC 1410, que propone llevar el tema del aborto a una referéndum y el PC 715, que persigue reconocer la figura del concebido no nacido. Favorecieron el PC 1403, que busca ratificar, defender y codificar mediante ley el aborto, reconocido al amparo del derecho a la intimidad contenido en la Constitución de Puerto Rico mediante una visión integral de la salud reproductiva.

“Esos cuatro proyectos violentan derechos humanos fundamentales y derechos constitucionales, mientras que el 1403 establece una protección a estos derechos y los reconoce como derechos sexuales y reproductivos”, dijo Reyes Gil, quien es profesora de derecho constitucional igual que Vicente. Hicieron claro que sus opiniones no son representativas de la Universidad Interamericana.

En una ponencia conjunta, Reyes Gil sostuvo que la prohibición del aborto y las restricciones que no contemplan la salud física y emocional de la persona gestante o su vida laceran la consideración de estas personas como seres humanos en igualdad de condiciones.

“Las leyes que así disponen colocan a las mujeres y a las personas con un útero capaz de gestar, en una posición de menor categoría frente al resto de la sociedad. Su cuerpo y ejercicio de la razón se convierten en aparatos para la reproducción de la especie ajenas a su voluntad. Ningún otro proceso reproductivo o de otra naturaleza que ocurre en el cuerpo de los seres humanos está sometido a la intervención estatal sobre las decisiones que tomen personas con capacidad. Por ello, todas las medidas restrictivas que hoy considera esta Comisión cameral constituyen violaciones a la igualdad y discriminación basada en el sexo y el género”, puntualizó la constitucionalista.

Dijo que no existe interés apremiante que justifique intervenir con el derecho a intimidad y dignidad de las mujeres y personas gestantes en Puerto Rico. “Los proyectos regresivos, como el PS 693 y los P. de la C. 715, 1410 y 1804, que pretenden restringir el derecho al aborto no exponen, presentan ni aducen cuál es el interés apremiante que se quiere atender mediante las limitaciones e intervenciones con los derechos constitucionales fundamentales de las personas gestantes”, indicó la letrada.

Esbozó que el derecho vigente en Puerto Rico sobre el aborto “no ha sido limitado ni afectado” por el caso Dobbs v. Jackson resuelto recientemente por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. “La mayoría del Tribunal Supremo de Estados Unidos no consideró en su análisis las condiciones sociales, políticas y económicas estructurales que afectan las vidas de las mujeres y de sectores sujetos a discriminación. Determinó devolver el asunto al pueblo y a sus representantes electos – legislaturas estatales y Congreso – y que lo dejaría, o más bien lo abandonaría, al proceso político”, sostuvo Reyes Gil.

Añadió que toca a la Legislatura de Puerto Rico “mantener el derecho al aborto como se ha reconocido y practicado en este país; con respeto a la salud, mediante supervisión por el Departamento de Salud y un ejercicio ético y responsable por parte de las mujeres, las personas gestantes y la profesión médica que provee el servicio; en lugar de abocarse a destruirlo o limitarlo”.

El presidente de la Comisión legislativa, Orlando Aponte Rosario en lo que dijo sería un escenario de un posible proyecto sustitutivo preguntó a las ponentes si “se debe proteger el derecho a decidir terminar un embarazo aun cuando la vida y la salud física y mental de la mujer no estén en juego”.

“Como parte del derecho a la autonomía, el derecho a la libertad las personas tienen derecho a decidir tratamiento médico, tienen derecho a decidir qué hacer son sus cuerpos y eso está incluido en los derechos sexuales y reproductivos. De la misma forma en que un hombre puede ir a decidir hacerse una vasectomía, pues una mujer y una persona gestante debe tener la posibilidad de tomar decisiones reproductivas sobre su cuerpo”, ripostó Reyes Gil.

“Las mujeres tomamos decisiones éticas, decisiones responsables. Eso quiere decir que las mujeres y personas gestantes no toman decisiones reproductivas de manera liviana, por razones superficiales. Manifestándonos en apoyo de los derechos fundamentales que ya tenemos, que están reconocidos en la Constitución y en virtud de que con esto, lo contrario, las mujeres estarían obligadas a embarazos y partos forzados, y que ha sido reconocido que los embarazos y partos forzados son considerados una forma de tortura, no estaríamos de acuerdo con ningún proyecto que implique que una mujer o persona gestante tenga que mantener un embarazo en contra de su voluntad” subrayó.

La profesora y salubrista Otón Olivieri cuestionó la intención de los cuatro proyectos anti aborto pues dijo que la tasa de terminación de embarazos en Puerto Rico es de 5.8 de cada mil abortos anuales, mientras que la tasa mundial es de 39 de cada mil y la de Estados Unidos es de 17 de cada mil.

“Aquí no hay un problema de abortos. Los problemas que tienen las mujeres son otros, no es este, entonces, ¿por qué se pretende crear un problema de salud pública dónde no lo hay? Aquí no hay un problema de abortos clandestinos, de mujeres que están muriendo y que están yendo a los hospitales… el problema es de acceso en todo caso. Ese sí sería el problema que deberían estar mirando, que todas las personas tengan acceso digamos a través del plan de salud del gobierno”, cuestionó Otón Olivieri.

A preguntas del portavoz del Partido Independentista, Denis Márquez Lebrón, Reyes Gil dijo que ninguno de los cuatro proyectos (anti aborto) es enmendable. “No atienden una necesidad de salud pública en el país y tienen visos de inconstitucionalidad”, indicó.

La portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli elogió que todas las panelistas de hoy fueran mujeres. “Ese tiempo (el embarazo) son nueve meses de cargar un bebe y cuando uno quiere tener un bebé es hermoso, pero cuando eso es en contra de nuestra voluntad, cuando no ha sido decidido, cuando no ha sido querido, se convierte en una tortura… La Cámara, que tiene 51 miembros, de los cuales solo 10 somos mujeres, debería ser prudente y no meterse en asuntos que no están bajo su jurisdicción y segundo, que no son un problema”, dijo la legisladora.”

“Mi posición es totalmente contraria a lo que se ha dicho. El embarazo es un proceso natural en la etapa reproductiva de la mujer, no es una enfermedad, mientras que el aborto es dar muerte a un bebé”, expresó por su parte, la portavoz del Proyecto Dignidad, Lissie Burgos Muñiz.

En la tarde, compareció la ginecóloga y catedrática del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Ciencias Médicas, Yarí Vale Moreno, de la Coalición de Centros de Terminación de Embarazo, que reúne las cuatro clínicas con licencia del Departamento de Salud para terminaciones de embarazo: Womens Medical Pavillion; Clínica de Planificación Familiar Santa Rosa; Profamilias- Clínica IELLA y Darlington Medical Associates. Vale Moreno es propietaria de esta última.

“Entre las 4 clínicas representamos más de 75 años de servicio en Puerto Rico. En los pasados 8 años hemos experimentado más ataques contra los servicios que ofrecemos por parte de la legislatura, que en ningún otro momento durante todos los anteriores años. Esta Coalición nace para educar sobre el servicio de salud de aborto, contextualizar y luchar contra el estigma hacia el trabajo que hacemos. Reiteramos que el aborto es una práctica médica que está estrictamente regulada en Puerto Rico”, indicó la ginecóloga.

Sostuvo que “no hay ninguna necesidad de legislar para restringir más el aborto sino para fortalecer su acceso, que cada vez se hace más obstaculizado para las mujeres en este país”.

Las vistas públicas continúan el 22 de septiembre próximo. Entre los citados están: Maternal Fetal Medicine Society, la Oficina de Procuradora de las Mujeres y la Iglesia de Dios Pentecostal.