Entre choques verbales y conatos de trifulca, la Cámara de Representantes aprobó esta noche a viva voz, un proyecto de ley que reduce las penas por la posesión de cinco gramos o menos de marihuana para uso personal.

El proyecto de ley se votó a viva voz, pasadas las 7:00 de la noche, luego de un intenso debate de más de tres horas que culminó con acusaciones entre el portavoz de la mayoría novoprogresista, Carlos “Johnny” Méndez y el presidente de la Comisión de lo Jurídico, Orlando Aponte Rosario, uno de los autores principales de la pieza legislativa.

Méndez reclamó a gritos que Aponte Rosario había acusado al portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP), Gabriel Rodríguez Aguiló, quien consumió un turno en contra de la medida, de tener “un punto en su casa”.

Aponte Rosario, igualmente exaltado rechazó haber hecho las expresiones y posteriormente abandonó el hemiciclo.

El encontronazo provocó que personal de la Oficina del Sargento de Armas se movilizara hasta el hemiciclo cameral.

La medida, a pesar de que se radicó con apoyo multipartita, recibió enmiendas en sala para garantizar que se pudiera aprobar, dijo Aponte Rosario, en el primer turno cuando inició el debate, cerca de las 3:45 de la tarde.

La pieza legislativa en su lenguaje original descriminalizaba unos 14 gramos de cannabis y en pleno debate, Aponte Rosario anunció que el límite se fijaría en cinco gramos.

“Miremos el informe sobre las cárceles y la delincuencia juvenil en Puerto Rico, quienes son los más propensos a ir a las cárceles por la desigualdad social. No hablar de esos temas, es darle la espalda”, expresó en su turno el portavoz independentista, Denis Márquez Lebrón.

Aponte Rosario y el también representante popular, Juan José Santiago, son los principales autores. Los penepés Joel Franqui Atiles y Jorge “Georgie” Navarro Suárez son coautores, al igual que, Mariana Nogales Molinelli y José “Betito” Márquez Reyes del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

La medida propone enmendar el artículo 404 (a) de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico (Ley 4 de 23 de junio de 1971), según enmendda.

Con las últimas enmiendas en sala, la primera infracción se castigará con una multa administrativa de $500.00 y un curso de dos horas sobre uso y abuso de sustancias controladas ofrecido por la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA). A partir de la segunda infracción, se retomaría el enfoque punitivo del artículo 404 de la ley, que en principio establece penas de cárcel.

Aponte Rosario, representante por el distrito 26 (Barranquitas, Orocovis, Villalba y Coamo) dijo que aunque “habrá un afán de demagogia para cambiar el objetivo”, la medida no busca legalizar el cannabis. “Es un proyecto sencillo que sustituye la pena de cárcel por unas multas administrativas”, sostuvo para agregar que la medida evitaría el desembolso de fondos públicos de un proceso criminal.

También dijo que la pieza de ley propone que se creen programas de orientación y de desvío para “procurar la rehabilitación”. Añadió que en la mayoría de los 50 estados de los Estados Unidos se ha adoptado una política pública similar (una onza se castiga con multa) a la intención del proyecto.

“Me cuesta ver como hay personas que miran al norte y cuando su comandante en jefe establece un indulto general a las personas encarceladas por esto mismo se oponen porque son los que se oponen a todo y no proponen”, sostuvo Aponte Rosario, quien pidió que el problema se atienda desde un enfoque salubrista y con objetividad.

“Básicamente lo que nosotros estamos haciendo es atemperar lo que se ha hecho ya en el foro federal”, dijo por su parte, Santiago Nieves.

Indicó que espera que la pieza legislativa pase el cedazo del Senado. “Tenemos que atemperarnos a los tiempos. Estamos en pleno siglo 21 y troncharle la vida a un joven o a cualquier ciudadano, mujer o hombre, por la mera posesión simple de marihuana en algún momento de su primera instancia, me parece que no es lo correcto”, sostuvo Santiago Nieves, representante por el distrito 28 (Barranquitas, Corozal, Naranjito, Comerío).

Nogales Molinelli, portavoz del MVC, dijo que “se ha tergiversado o no se ha leído bien” el proyecto de ley. “Este no es un proyecto sobre la marihuana, es un proyecto sobre la necesidad o no de la pena carcelaria. Lo que busca es evitar que la gente entre al sistema de procesamiento criminal, que la gente llegue a la cárcel”, sostuvo para agregar que en las prisiones las personas pueden ser agredidas.

Mientras, el portavoz del PNP alegó que la marihuana sigue siendo una sustancia prohibida por el gobierno federal, mientras no sea para uso medicinal.

“Con esta medida, a mi entender, se abre la puerta para el uso indiscriminado de una sustancia controlada que terminará haciéndole daño a nuestros niños y jóvenes”, dijo Méndez, quien reclamó que la medida no fue llevada a vistas públicas.

“No cabe duda de que aquí estamos legalizando los puntos de droga por la cocina”, dijo el representante independiente por el precinto 2 de San Juan, Luis Raúl Torres Cruz. “Vamos a llevar esto a referéndum para que el país decida”, agregó.

“Cada cual aquí votará con la conciencia. Esto no tiene que ver con religión”, dijo la portavoz del Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz, quien también votó en contra.