El secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, ingeniero Carlos M. Contreras Aponte, solicitó mediante carta a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, que certifique el uso público que se le está dando a un inmueble del gobierno estatal, transferido al municipio bajo ciertas condiciones en el año 2012.

La Resolución Conjunta Número 230 de 3 de agosto de 2012 de la Asamblea Legislativa autorizó el traspaso de una propiedad estatal, ubicada en la avenida Constitución, en Puerta de Tierra, al Municipio de San Juan, con el objetivo de que estableciera un proyecto de impacto comunitario. La propiedad, conocida como el Templo de los Maestros, también es recordada por haber sido antiguamente sede del Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia.

En el 2017 un representante hizo una denuncia similar

Antes del traspaso, la iniciativa municipal fue establecida mediante la Ordenanza Municipal Número 9, Serie 2012-2013, firmada el 8 de octubre de 2012 por la Legislatura Municipal de San Juan. El proyecto municipal fue denominado “Casa Abuelos” por el exalcalde Jorge Santini, el cual beneficiaría a la comunidad de Puerta de Tierra.

Casa Abuelos fue una iniciativa de Jorge Santini anunciada en mayo de 2012

A tales efectos, el 26 de octubre de 2012 se otorgó la escritura pública Número 46 ante la notario Grace M. Figueroa Irizarry, mediante la cual se transfirió, cedió y traspasó la propiedad inmueble a favor del Municipio de San Juan.

Sin embargo, por información pública, al parecer no se ha cumplido con las condiciones establecidas para el traspaso.

“Hemos advenido en conocimiento que el Municipio pretende vender dicha propiedad inmueble a la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, Inc., sin contar con el consentimiento de este Departamento, según exige la Escritura antes indicada. Por otro lado, cabe mencionar que el Municipio igualmente otorgó un Contrato de Arrendamiento el 6 de marzo de 2015 a favor de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, Inc., cuyo propósito no va acorde con los usos para los cuales la propiedad fue transferida. El referido contrato está registrado en la Oficina del Contralor bajo el contrato número 2015-002009 por el término de treinta (30) años, por el valor nominal de un dólar ($1.00)”, le indicó el secretario de Transportación y Obras Públicas a la alcaldesa en su carta.

El funcionario le señaló que, en el cuarto párrafo de la escritura, se inscribe el uso que se le debe dar al inmueble: “Los comparecientes tienen convenido la Cesión y Traspaso de la propiedad objeto de esta transacción para que “El Municipio” la utilice en el establecimiento de proyectos que beneficien los residentes de la comunidad donde ubica y sus visitantes, continuando así la expansión socioeconómica del área, mediante su plan de Ordenamiento Territorial.”

Mientras, agregó Contreras Aponte, en el acápite 11 de las Cláusulas y Condiciones de la escritura se previene contra cualquier variación en el uso del edificio: “Se le advierte al Municipio que no podrá variar el uso público de este inmueble según descrito en el párrafo cuarto, ni enajenar el inmueble, ni autorizar su uso comercial lucrativo, sin la autorización expresa por escrito del Departamento de Transportación y Obras Públicas. El incumplimiento de esta cláusula será causa suficiente para que la titularidad del inmueble objeto de esta transacción revierta al Gobierno de Puerto Rico.”

“Así las cosas y velando por el bienestar del Gobierno de Puerto Rico y las transacciones que se realizan para el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros ciudadanos, le solicitamos que, en los próximos cinco (5) días laborables, nos certifique el uso público que se le está brindando a la propiedad transferida. De no hacerlo, procederemos a revertir dicho traspaso del inmueble a favor del Gobierno de Puerto Rico, a tenor con las cláusulas antes citadas”, le explicó el funcionario a la alcaldesa.