A una semana de que la gobernadora Jenniffer González Colón firmara la medida que viabiliza el “Cheque de Alivio Contributivo” que se busca dar a todo el que llene la planilla de contribución sobre ingresos del 2025, todavía no hay certeza de que ese beneficio llegue a mano de los trabajadores que devengan menos de $150,000 anuales o tengan hijos menores de 18 años.

Es que todavía el gobierno no ha emitido la certificación del impacto fiscal que espera la Junta de Supervisión Fiscal para analizar la propuesta y determinar si le da el visto bueno. El dato lo confirmó este martes el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano.

Según explicó, “la ley Promesa establece que una vez se convierta una medida legislativa, sea una resolución conjunta o un proyecto de ley, tiene que emitir el gobierno de Puerto Rico una certificación por vía de la Sección 204 de la ley Promesa. ¿Qué es esto en arroz y habichuela? Pues, esta sección exige al gobierno, al equipo fiscal, Hacienda, OGP (Oficina de Gerencia y Presupuesto) y la AAFAF, hacer un análisis demostrando que la medida es fiscalmente neutral y que están los fondos. Eso se está trabajando y eso tiene un término que tiene el gobierno de Puerto Rico para proveer esto”.

Peña Payano no indicó cuándo se cumple el término para emitir la certificación. No obstante, la mencionada sección de la legislación federal expone que el gobierno tiene “siete días hábiles” para cumplir con el requisito, tras firmada la ley. Esto no incluye los días del fin de semana. Esto quiere decir que el término se cumpliría a finales de esta semana.

El secretario aseguró que “el gobierno va a estar emitiendo esa certificación de la Sección 204 y eso crea o abre un término que también empieza a correr para que la Junta de Supervisión Fiscal, una vez el gobierno de Puerto Rico hace esa certificación de Sección 204, haga su análisis para aprobar o no la medida”.

Sostuvo que la administración está segura de que no habría problemas para que se les apruebe utilizar $554 millones para poder conceder el alivio contributivo prometido, ya que los fondos están disponibles.

Peña Payano adelantó que, si la Junta no les aprueba los fondos, el gobierno pudiese recurrir al tribunal federal a reclamar el uso del dinero.

La propuesta de la gobernadora para dar este “Cheque de Alivio Contributivo” surgió ante los retrasos que se registraría en la Legislatura para aprobar la reforma contributiva que prometió. Con el mismo, se busca aumentar la deducción por dependiente menor de 18 años de $2,500 a $5,000, así como conceder la baja en la tasa contributiva prometida a la clase trabajadora que devengue menos de $150,000 anuales a través de una devolución del por ciento que se proyectaba dar con la reforma.