El exagente federal Mark Rossini, coacusado en el sonado caso de corrupción pública contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, fue el primero en aceptar el perdón presidencial que le concedió Donald Trump la semana pasada.

En un documento titulado “Aviso de aceptación del indulto presidencial”, el otrora empleado del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), informó a la corte del indulto para librarse del proceso que queda pendiente en su contra, que iba a ser la sentencia. La misma estaba programada para el próximo 29 de enero.

“Mark T. Rossini, a través de su abogado, acepta por la presente el indulto total e incondicional otorgado por el Presidente el 15 de enero de 2026, según se menciona en la Notificación del Gobierno [Casos núms. 22-cr-342, ECF núm. 895]. Esta aceptación se aplica a todos los cargos derivados de los Casos núms. 22-cr-342 y 25-cr-298 en el Distrito de Puerto Rico. En consecuencia, el señor Rossini solicita la desestimación de todos los cargos pendientes ante este Tribunal con efecto perentorio”, dice la notificación publicada hoy, martes, por sus abogados Lydia Lizarribar, Michael B. Nadler y Juan Mechelen.

El paso lo dio luego de que la Fiscalía federal sometiera ayer otra notificación en la que se explicaba que Vázquez Garced y los coacusados en el caso, que incluye al banquero venezolano Julio Herrera Velutini, así como Rossini, debían enviar al tribunal una notificación indicando que recibió el indulto presidencial que le extendió Donald Trump, y que acepta el mismo.

Vázquez Garced fue acusada en agosto de 2022 por corrupción pública.

La acusación federal contra Vázquez Garced expone que Herrera Velutini y Rossini, presuntamente, le prometieron apoyo financiero para su campaña política del 2020, a cambio de que ella utilizara su influencia política para destituir y reemplazar al entonces comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner Kelly, pues el organismo regulador realizaba una investigación en contra de Bancrédito, el banco de Herrera Velutini.

En febrero de 2020, Joyner Kelly presentó su renuncia, supuestamente, bajo presiones. Entonces, la exgobernadora nombró como su reemplazo a Víctor Rodríguez Bonilla, quien se alega había sido recomendado por Herrera Velutini para que asumiera la dirección de OCIF.

Supuestamente, Vázquez Garced recibió un soborno de $300,000, que consistió en un estudio o encuesta sobre la campaña, por facilitar esa gestión de cambio de mando en la dependencia.

Los cargos de corrupción pública fueron eliminados en un acuerdo de culpabilidad que alcanzó el trío con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Estos se declararon culpables en agosto por un cargo menos grave por violación al Título 52 del Código de los Estados Unidos, sección 30121, de la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA, por sus siglas en inglés). Esta sección 30121 lo que dispone es que está prohibido que corporaciones y sindicatos hagan contribuciones o gastos en efectivo, bienes o servicios a campañas federales o a partidos políticos para propósitos de una elección.

Como parte de este caso, también fueron acusados Frances Díaz, presidenta de Bancrédito, y John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced. La Fiscalía federal presentó ayer un recursos ante la corte para desestimarle el caso.

La Fiscalía federal explicó que su petición responde a que los “conspiradores más culpables han sido perdonados” y, como parte de la política del Departamento de Justicia, se debe recompensar la cooperación de Díaz y Blakeman y “evitar una situación en la que un testigo cooperador y menos culpable reciba una condena por un delito menos grave y enfrente la posibilidad de tener que cumplir tiempo de prisión”.