“No cambia la realidad”.

Esto fue lo que aseguró este sábado la gobernadora Jenniffer González Colón al reaccionar a la “clemencia ejecutiva” que cedió el presidente Donald Trump a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, en su caso de corrupción pública.

En declaraciones escritas, la también presidenta del Partido Nuevo Progresista al cual pertenece Vázquez Garced aseguró que el indulto en nada cambia que la exgobernadora “violentó la pureza de nuestros procesos electorales”.

Las expresiones las emitió a un día de que trascendiera por fuentes de la Casa Blanca que Trump concedería el indulto y a horas de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicara los indultos concedidos a Vázquez Garced y a dos de los coacusados en su caso, el banquero venezolano Julio Herrera Velutini y el exagente federal Mark Rossini.

“Reconozco la facultad del Presidente Trump de emitir indultos. No obstante, dicho indulto no cambia la realidad que todos conocemos sobre la alegación de culpabilidad que hizo Vázquez Garced en el caso criminal que se llevó en su contra”, afirmó González Colón.

Añadió que “los indultos a personas que han sido convictas es una facultad constitucional que tiene el Presidente de los Estados Unidos, la cual igual se respeta cuando ya ha sido ejercida para otros, incluso aquí en Puerto Rico. La concesión de este perdón presidencial no borra la gravedad de los actos admitidos, ni silencia el eco de una etapa que resultó profundamente penosa y vergonzosa para Puerto Rico. Lo cierto es que se violentó la pureza de nuestros procesos electorales y hasta hubo un reconocimiento de culpabilidad ante la ley”.

Además, dijo que “este proceso envió un mensaje erróneo sobre la rendición de cuentas que todo gobernante debe al pueblo. La integridad del proceso electoral es la columna vertebral de nuestra sociedad; por ello, recibimos esta noticia con la firme convicción de que la impunidad no debe ser el norte”.

Los documentos de la clemencia ejecutiva establecen que se otorgó un “perdón completo e incondicional”. Tienen fecha del pasado jueves, 15 de enero.

Vázquez Garced fue acusada en agosto de 2022 por corrupción pública.

La acusación federal contra la exgobernadora expone que Herrera Velutini y Rossini, presuntamente, le prometieron apoyo financiero para su campaña política del 2020, a cambio de que ella utilizara su influencia política para destituir y reemplazar al entonces comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), pues el organismo regulador realizaba una investigación en contra de Bancrédito, el banco de Herrera Velutini.

En febrero de 2020, Joyner Kelly presentó su renuncia, supuestamente, bajo presiones.

Entonces, la exgobernadora nombró como su reemplazo a Víctor Rodríguez Bonilla, quien se alega había sido recomendado por Herrera Velutini para que asumiera la dirección de OCIF. Supuestamente, Vázquez Garced recibió un soborno de $300,000, que consistió en un estudio o encuesta sobre la campaña, por facilitar esa gestión de cambio de mando.

Los cargos de corrupción pública fueron eliminados en un acuerdo de culpabilidad que alcanzó el trío con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Estos se declararon culpables en agosto por un cargo menos grave por violación al Título 52 del Código de los Estados Unidos, sección 30121, de la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA, por sus siglas en inglés). Esta sección 30121 lo que dispone es que está prohibido que corporaciones y sindicatos hagan contribuciones o gastos en efectivo, bienes o servicios a campañas federales o a partidos políticos para propósitos de una elección.

La vista de sentencia de los acusados está pautada para el 29 de enero. Todavía no se ha establecido en los expedientes judiciales si quedará sin efecto.

Como parte de este caso, también fueron acusados Frances Díaz, presidenta de Bancrédito, y John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced. Ambos hicieron alegación de culpabilidad y colaboraron con las autoridades federales. No han sido sentenciados.