La gobernadora Wanda Vázquez Garced anunció este sábado que estampó su firma en varias medidas legislativas de beneficio para los envejecientes, veteranos y adultos mayores discapacitados.

Entre las medidas se destaca una que establece un protocolo para los hogares de cuidado en esta emergencia de salud pública ocasionada por el coronavirus en la Isla. Se trata de la resolución conjunta del Senado 517, de la autoría del senador Miguel Romero. Esta ordena a todo establecimiento para personas de edad avanzada, tanto público como privado, a los hogares para adultos con impedimentos licenciados por la Administración de Familias y Niños (ADFAN) y a los hogares geriátricos licenciados por la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción (ASSMCA), cumplir con los protocolos para atender la emergencia surgida como consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19 y en protección de las personas de edad avanzada que en ellos residen.

Según destacó la primera ejecutiva en comunicado de prensa, se ha evidenciado que, de entre los distintos segmentos poblacionales, la población de edad avanzada es la que se encuentra en mayor riesgo de presentar síntomas severos del COVID-19 si una persona dentro de dicho segmento se contagia de este virus.

“Mediante esta resolución conjunta, reafirmamos los protocolos a seguir y medidas a tomar para que este sector vulnerable que se encuentra en estos establecimientos esté protegido de forma razonable y con las mayores salvaguardas para minimizar o evitar el contagio y la propagación del COVID-19. Es imperativo que se establezcan las medidas claras y uniformes para que todos los establecimientos para personas de edad avanzada protejan a quienes tienen a su cuidado y que se protejan residentes y el personal administrativo para que se minimicen las posibilidades de brotes y focos del COVID-19 dentro de estas facilidades”, puntualizó Vázquez Garced.

Asimismo, firmó el proyecto del Senado 1023, de la autoría del senador Carmelo Ríos, que enmienda la “Carta de Derechos y la Política Pública a favor de Adultos Mayores” para autorizar a una institución financiera a retener el desembolso de fondos de una cuenta que pertenezca a un adulto mayor cuando tenga conocimiento o sospecha de que dicha persona es víctima de explotación financiera.

Se explicó que si una institución financiera, cooperativa, compañía aseguradora, su empleado o agente, tuvieran conocimiento o sospecha razonable de que un adulto mayor es o pudiera ser víctima de explotación financiera, la institución podrá retener provisionalmente en ese momento el desembolso de fondos de una cuenta de ahorros, de cheques, Certificados de Ahorro, Cuentas de Retiro Individual (IRA), préstamos personales, préstamos hipotecarios o cualquier otro instrumento financiero que pertenezca a dicha persona.

También se convirtió en ley el proyecto del Senado 1409, también de Ríos. Este crea la “Ley Especial para Prevenir la Explotación Financiera contra los Adultos Mayores y Adultos con Impedimentos”, que es para proteger la seguridad financiera de los adultos mayores y adultos con impedimentos del efecto devastador que tiene esta particular modalidad de maltrato.

Vázquez Garced señaló que, a pesar de que existen leyes dirigidas a proteger a los adultos mayores y adultos con impedimentos de la explotación financiera, el problema continúa sobre todo en el marco de la crisis que enfrenta la isla, por lo que se hace necesario proteger la seguridad financiera de esta población.

La mandataria expresó: “Indudablemente, la magnitud del problema de explotación financiera contra los adultos mayores y adultos con impedimentos en nuestra Isla y la particular dificultad y complejidad de fiscalizar este tipo de maltrato, invitan a un análisis de la política pública existente en Puerto Rico sobre el particular y su implementación. Además, tomando en cuenta la iniciativa a nivel federal y estatal que con toda probabilidad aumentará la cifra de casos reportados de explotación financiera, es preciso asegurar que el marco legal provea todos los procesos y remedios adecuados para las denuncias de casos”.

“Estas medidas están dirigidas a proteger a nuestros adultos mayores y adultos mayores con impedimentos, que, en muchas ocasiones aparte del maltrato físico, son víctimas de fraude y abusos. Es necesario que existan más mecanismos para proteger los fondos de una población tan vulnerable, no sólo permitiendo hacer los referidos luego de ocurridos los eventos, sino que se permita tomar acciones preventivas, como ya se ha hecho en otras jurisdicciones”, agregó.

Otras de las medidas firmadas es el proyecto del Senado 1460, de los senadores Héctor Martínez e Itzamar Peña. Esta enmienda la Ley 313 - 2000 conocida como “Programa de Subsidio de Arrendamiento para Vivienda a los Veteranos Puertorriqueños”, para aumentar los subsidios máximos otorgados a los veteranos acogidos a los sistemas domiciliarios y de cuidado de enfermería, respectivamente.

La Ley 313-2000 creó un programa para subsidiar el pago mensual del arrendamiento de la vivienda, conocida como Nursing Home Care, a todo veterano y su cónyuge o cónyuge supérstite de un veterano. No obstante, su implementación se ha visto trastocada, entre otras cosas, debido al incremento en los costos de los servicios relacionados con su sistema domiciliario y de cuidado de enfermería. Asimismo, el programa se ha visto afectado por un gran incremento en la cantidad de participantes o beneficiarios desde la aprobación de dicha ley.

El subsidio máximo a otorgarse en el caso de los veteranos acogidos al sistema domiciliario no excederá la suma de $600 mensuales. El subsidio máximo a otorgarse en el caso de los veteranos acogidos al sistema de cuidado de enfermería no excederá la suma de $800 mensuales, se informó.

“Estamos comprometidos en proteger y velar por el bienestar y los derechos de los veteranos puertorriqueños, servidores que siempre han defendido sacrificada y valientemente los postulados de la democracia y libertad. Por eso debemos incrementar los subsidios máximos otorgados a los veteranos acogidos a los sistemas domiciliarios y de cuidado de enfermería”, dijo la gobernadora.

Por último, Vázquez Garced firmó el proyecto del Senado 1570, del senador Nelson Cruz, que enmienda la “Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI”, a los fines de extender el beneficio de la fila expreso en empresas comerciales, instituciones financieras, y oficinas y negocios del sector privado reguladas por las leyes de Puerto Rico. Además, reconoce la validez de las tarjetas de identificación emitidas por la Administración de Veteranos (AV) para realizar transacciones financieras o para la adquisición de servicios y bienes en el sector público y privado.

“Es meritorio extender este beneficio a las empresas comerciales, instituciones financieras, y oficinas y negocios reguladas por las leyes de Puerto Rico para reconocer el trabajo de los veteranos y veteranas durante su tiempo de servicio en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Otro asunto que se debe atender en favor de los veteranos es exigir a las empresas comerciales e instituciones financieras a aceptar como válida la identificación emitida por la AV”, indicó Vázquez Garced.