La gobernadora Jenniffer González Colón, vetó tres medidas radicadas en el Senado de Puerto Rico y aprobadas en ambas cámaras legislativas, alegando que son “contradictorias” con los objetivos de su administración.

La primera ejecutiva del país también indicó, a través de declaraciones escritas, que las piezas legislativas que no convirtió en ley tampoco contemplan adecuadamente su impacto fiscal.

Todas las medidas vetadas fueron radicadas por miembros de su delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP), según consta en el portal de Trámite Legislativo que consultó este diario.

Estas son las medidas vetadas por González Colón:

• Proyecto del Senado 531
• Proyecto del Senado 582
• Resolución Conjunta del Senado 24

PS 531: El Proyecto del Senado 531, de la autoría de los senadores del PNP, Juan Oscar Morales y Carmelo Ríos, buscaba enmendar varios artículos de la Carta de Derechos del Paciente para, entre otras cosas, ampliar el acceso a documentos e información del expediente médico.

Sin embargo, la gobernadora señaló que aunque es importante adelantar derechos a los pacientes, la implementación de la medida, “tal como está redactada, podría tener el efecto contrario al imponer cargas operacionales y fiscales que dificulten su cumplimiento efectivo por parte de las instituciones de salud”.

Según la evaluación incluida en el veto, la implementación de esta legislación implicaría un costo de tope máximo de $25 para pacientes, por la reproducción de expedientes médicos, el cual no cubriría los costos reales de producción. Los costos adicionales estimados rondan entre $200,000 y $350,000 recurrentes anuales.

“Esta administración no cierra las puertas a trabajar alternativas futuras con costos reales para atender el acceso a la información y que las mismas sean correctas a favor de nuestro componente de salud”, lee el veto.

PS 582: El Proyecto del Senado 582, también de la autoría del senador Juan Oscar Morales, proponía incluir como beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno a los Oficiales del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), activos y retirados, así como a sus cónyuges e hijos.

La mandataria alegó que la medida no establece un mecanismo de financiamiento adecuado ni certeza actuarial.

“Reconozco y valoro profundamente la labor que realizan estos servidores públicos, así como la naturaleza esencial de sus funciones en la protección de nuestros recursos naturales. No obstante, la aprobación de esta medida presenta serias consideraciones fiscales y programáticas que no pueden ser ignoradas”, lee el veto.

RCS 24: La Resolución Conjunta del Senado 24, de la autoría de la senadora novoprogresista Karen Román, ordenaba al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles evaluar la viabilidad de transferir al Municipio de San Germán los terrenos del Antiguo Centro de Transbordo del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, con el fin de desarrollar una planta de reciclaje.

El veto se fundamenta en que el DRNA se encuentra elaborando el Plan para el Manejo Integrado de los Desperdicios Sólidos, el cual contempla la evaluación integral de la infraestructura existente, incluyendo instalaciones como la mencionada en la medida.

Según la administración de González Colón, adelantar el traspaso antes de completar ese análisis podría ser inconsistente con los objetivos de planificación integrada y limitar la capacidad del Gobierno para maximizar el uso eficiente de los recursos y atender de forma uniforme las necesidades a nivel isla.