La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, indicó que no hay necesidad de hacer enmiendas o cambios al contrato de LUMA Energy y que el gobierno debe enfocarse en conseguir que el consorcio operador de la red eléctrica asuma las riendas de esa infraestructura el próximo 1 de junio.

Las expresiones de Jaresko se produjeron en una conferencia de prensa este viernes, luego de que varios directivos de la JSF, también hicieran un llamado al gobernador Pedro Pierluisi para que se consume la transferencia de la red de transmisión y distribución a LUMA.

Este viernes, aparte de Jaresko, los directivos de la JSF, Justin Peterson y Antonio Medina, insistieron en que el gobierno continúe adelante con la contratación de LUMA, señalando que la llegada de un operador privado es esencial para apoyar la transformación económica que necesita la isla.

Mientras Peterson sostuvo que LUMA debía agilizar el paso, en especial, para asegurar la contratación de los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Medina destacó que privatizar los activos de transmisión y distribución es esencial para impulsar la actividad económica.

De esa forma, la JSF hizo a un lado los trabajos y hallazgos de la comisión legislativa que investiga la contratación de LUMA y que se propone adoptar legislación para que el contrato del consorcio estadounidense-canadiense se aplace hasta enero de 2022.

A preguntas de El Nuevo Día, acerca de la falta de salvaguardas en el contrato de LUMA para evitar que el operador favorezca a empresas afiliadas cuando se otorguen contratos de mejoras capitales a la red eléctrica, Jaresko indicó que no había necesidad de tales condiciones.

Jaresko explicó que cuando la AEE comience a implementar los proyectos de mejoras permanentes a la red eléctrica, lo que estará a cargo de LUMA, ello se hará siguiendo las disposiciones de contratación de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA). En ese sentido, Jaresko indicó que no sería adecuado limitar la participación de una empresa que ha cumplido con los criterios de FEMA en un proceso competitivo solo por ser afiliada o subsidiaria de LUMA.

La JSF, al igual que el Negociado de Energía de Puerto Rico, aprobó el contrato de LUMA el año pasado, pero desde el mismo momento en que se dio a conocer el acuerdo, los términos que cobijarán esa Alianza Público Privada (APP) han sido cuestionados, en especial, por el posible impacto que la contratación de un operador privado tendría en la tarifa eléctrica.

El año pasado, El Nuevo Día reseñó que la APP de la red de transmisión y distribución de la red eléctrica tendría un costo de unos $1,500 millones al cabo de 15 años. Dicha cuantía se pagará a LUMA en una combinación de pagos fijos e incentivos, a medida que la confiabilidad del servicio eléctrico mejore.

A partir del próximo 1 de junio, cuando según el contrato, LUMA tomaría control de los activos de transmisión y distribución de la AEE, así como de las áreas de servicio al cliente, el consorcio recibirá un pago anual de $70 millones y hasta $20 millones en incentivos. La defensa de la JSF al contrato de LUMA se produce apenas un mes después de que el organismo fiscal y la AEE adoptaran una postura totalmente diferente cuando decidieron cancelar 14 proyectos de energía renovable. Ello después de un largo proceso de negociación a instancias de la propia JSF y a la luz del Título III de Promesa.

La política pública de Puerto Rico en materia energética requiere que para el 2025, el 40% de la electricidad que se consuma en la isla provenga de fuentes renovables. Dicha barra sube al 100% hacia el 2050. Al presente, entre el 2% y el 4% de la generación propia o adquirida de la AEE proviene de estas fuentes.

LUMA y las negociaciones con bonistas

Si el contrato entra en vigor el próximo 1 de junio y la AEE no ha completado su reestructuración bajo el Título III de Promesa, LUMA operaría bajo un acuerdo suplementario que tendría una vigencia de unos 18 meses y que implicaría una compensación adicional por parte de la AEE al consorcio. Jaresko reconoció que al presente, la JSF mantiene conversaciones informales con los bonistas de la AEE y que al presente, no ha habido ningún avance o modificación del Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración (RSA, en inglés) que las partes suscribieron hace casi dos años.

Pero acto seguido, Jaresko se mostró optimista en que la JSF logrará un entendido con los bonistas de la corporación pública y que tal modificación constituye una prioridad para el organismo fiscal.

Según Jaresko, si la AEE no logra un entendido con los bonistas y no modifica el plan de pensiones de la AEE, habría que aumentar la factura eléctrica entre 8 y 9 centavos el kilovatio hora (kvh) solo para cubrir tales obligaciones. Podría decirse que la privatización de la red eléctrica -como parte de la transformación del sector energético de Puerto Rico- es la única reforma estructural que la JSF ha conseguido de sobre una veintena de cambios estructurales y fiscales que el organismo fiscal ha requerido durante los pasados cuatro años sin mayor éxito.

Jaresko aseguró que más que respaldar el acuerdo con los bonistas, las reformas estructurales beneficiarán a las familias y a la economía de la isla, comentario que suscribió el directivo Andrew Biggs.

Defiende la contratación de LUMA y la transformación de la AEE

El emplazamiento de la JSF al gobierno para que complete la transferencia de la red eléctrica a LUMA no encontró oposición en la figura del gobernador Pierluisi, quien aprovechó su intervención en la reunión pública, para indicar que “afuera” solo reina “la desinformación” en lo que atañe a la transformación del sector eléctrico.

“Este es un país de ley y orden”, dijo Pierluisi al indicar que el contrato de LUMA se llevará a término.

Pierluisi se mostró a favor de la transferencia de la red eléctrica a LUMA, pero también de la transferencia de la flota generatriz a la AEE.

En ese sentido, Jaresko instó al gobierno a apretar el paso. Sostuvo que el calendario de trabajo de la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP) contemplaba que en abril próximo, el comité de APP debía seleccionar el o los proponentes ganadores, lo que no sería el caso.

Jaresko instó al gobierno a completar dicho proceso en el tercer trimestre de este año.