Los $350 millones de fondos federales para mitigar el impacto que tiene los padres y madres por el cierre de escuelas y la poca disponibilidad de centros de cuido en medio de esta pandemia del coronavirus no han sido distribuidos por el gobierno, por lo que los representantes populares Rafael “Tatito” Hernández Montañez, Luis Raúl Torres Cruz y Jesús Santa Rodríguez emplazaron este viernes al director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Omar Marrero, a desembolsarlos.

“La posibilidad de que el gobierno de Puerto Rico tenga que devolver más de un billón de dólares en fondos federales es reprochable cuando existe tanta necesidad en la Isla. No han invertido un centavo de los $350 millones para proteger empleados, muy en especial a los padres y madres que no tienen alternativas para el cuidado de sus hijos”, expresó Hernández Montañez en comunicado de prensa.

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Señaló que hay muchos padres en la Isla debatiéndose entre conservar el trabajo o cuidar a sus hijos e impartir clases virtuales.

Santa Rodríguez, entretanto, explicó que “existen leyes que cobijan a estos empleados y que hay métodos alternos que pueden emplearse para evitar el despido masivo de esos padres y madres que necesitan trabajar desde sus hogares para poder estar al cuidado de sus hijos”.

Mencionó, a modo de ejemplo, la Ley Familias Primero en Respuesta al Coronavirus (FFCRA, por sus siglas en inglés). La misma establece que un empleado tendrá derecho a tomar licencia laboral relacionada al COVID-19 si no le es posible trabajar porque está cuidando a un hijo cuya escuela o lugar de cuidados está cerrado.

“A través del FFCRA, el gobierno federal, el Congreso y el presidente (Donald Trump), reconocieron dos nuevas licencias de las cuales los empleados privados y públicos pueden beneficiarse, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. Esta Ley requiere que algunos patronos provean a sus empleados una licencia de enfermedad con paga y una licencia especial médico familiar extendida por motivos específicos relacionados con el COVID-19”, expuso.

Por su parte, Torres Cruz catalogó de “inaceptable que el gobierno solo haya distribuido el 37% de los $2,240 millones asignados a través de la ley federal Cares Act para combatir los efectos de la pandemia del COVID-19 en la Isla, cuando, según los datos del Departamento del Trabajo, ya se han perdido alrededor de 82,200 empleos durante esta emergencia”.

Recordó el 14 de mayo la gobernadora Wanda Vázquez anunció cómo se distribuiría los $2,200 millones destinados para la recuperación de la Isla, por lo que es inadmisible que todavía estén si distribuirse $1,600 millones.

“Si no se usan antes de diciembre, corremos el riesgo de que se pierdan,” recordó Torres Cruz.

Asimismo, los legisladores de la Pava indicaron que enviaron una carta a Manuel A. Laboy Rivera, secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), y al licenciado Carlos Rivera Santiago, secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos(DTRH) para abogar por los trabajadores.

Dijeron que también estarán radicando una resolución en la Cámara de Representantes, tan pronto reanuden labores, para que se rinda cuentas sobre el retraso en el desembolso de los fondos federales asignados a la Isla y para que se implanten las medidas necesarias para proteger los miles de empleos de los trabajadores que enfrentan la crisis causada por el COVID-19.

“Nuestro reclamo al presidente de la Cámara, (Carlos “Johnny” Méndez), a la mayoría del PNP y a este gobierno es que sean empáticos, sensibles y cumplan con su responsabilidad social de administrar y desembolsar efectivamente los recursos asignados a Puerto Rico por el gobierno federal. No existen razones para que sigan dilatando este proceso y pongan en riesgo los miles de trabajos de nuestra gente”, enfatizaron en el parte de prensa.