¿Qué le responde la secretaria de la Familia a Coccoloba por el bollete del polémico contrato de 38.5 millones?
Suzanne Roig Fuertes asegura que sus expresiones en vista senatorial “fueron claras y específicas”.
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La secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, aseguró que, en ningún momento durante su comparecencia ante la vista senatorial efectuada ayer, miércoles, afirmó que la empresa Coccoloba AgroEnvironmental LLC hubiese presentado una propuesta formal para contratación en torno al polémico contrato de 38.5 millones que se investiga.
La pesquisa gira en torno a la intención de contratar a una compañía, NOLA Education, para ofrecer servicios sufragados con fondos federales con la propuesta de Star Academy. Al preguntársele a Roig Fuertes los nombres de otras empresas consideradas, mencionó a Litoral Vivo y Coccoloba AgroEnvironmental.
Ha trascendido que, al menos, Coccoloba AgroEnvironmental, solicitó que no se le considerara para la propuesta y que los documentos que presentaron era para mostrar a qué se dedicaban, como trabajos de jardinería.
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Ayer mismo, la representante legal de Coccoloba AgroEnvironmental LLC, Nadja I. Cardona Portalatín, le remitió una carta a la titular de Familia exponiendo que la asociación de la empresa en la controversia, “pone en entredicho el buen nombre de mi representada y el de su dueño, y exige una aclaración documental”.
Ante esto, Roig Fuertes reaccionó que sus expresiones en la vista “fueron claras y específicas (…) expliqué que tres compañías remitieron documentación al correo electrónico habilitado para ese propósito. Dos presentaron propuestas extensas, mientras que una tercera remitió una comunicación acompañada de documentos relacionados con los programas y servicios que ofrece. Incluso, ante las preguntas del Senado, reiteré que esta última empresa había sometido una comunicación e información adjunta, no una propuesta formal. Esa distinción quedó claramente establecida en mis respuestas”.
La secretaria sostuvo que las expresiones realizadas en la vista “son consistentes con la información presentada por la propia empresa y que no existe contradicción alguna que amerite mayores interpretaciones”.
Roig Fuertes depuso que se enviaron solicitudes para someter propuestas a 45 empresas para emitir el contrato de servicios educativos.
La titular de Familia alegó que el listado de empresas lo proveyó el Departamento de Educación.
“Tres de esas compañías respondieron al correo electrónico que se había designado para este propósito y fueron objeto de la evaluación”, sentenció a preguntas del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.
Coccoloba AgroEnvironmental, con sede en Camuy, explicó que finalidad de la carta es que “se rectifique cualquier atribución incorrecta” que haya implicado a la empresa, que se dedica a asuntos ambientales, como la siembra de árboles y medidas para disminuir el uso del agua, haya participado del proceso.
“Evaluamos todas las alternativas legales para proteger los derechos y la reputación de mi representada y de su dueño, y reclamar los daños que se acrediten. Nos reservamos todos nuestros derechos”, se le advirtió a la secretaria, tras enumerarle un listado de exigencias de documentos que se le requieren para conocer la razón por la que la empresa se le implicó en la controversia.
La investigación sobre el polémico contrato, el que finalmente no se concretó, tomó otro giro con la destitución de la administradora de ADSEF, Blanca Medina Díaz, quien asegura fue presionada para estampar su firma en el acuerdo, el que ha catalogado de “ilegal”.
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