Luego de que el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, le imputara actos de corrupción al exsecretario de Desarrollo Económico, Sebastián Negrón Reichard, por no haberse inhibido de los contratos de decretos solicitados por los clientes del bufete de su abuelo, la firma Reichard & Escalera, reaccionó a la controversia.

En una declaración en la que no se cita a ningún abogado, se clarificó que los contratos aludidos y que suman $74 millones no involucran fondos públicos.

La explicación se dio en un comunicado en el que no se cita a ningún abogado y como reacción a las querellas juramentadas presentadas por Domenech contra Negrón Reichard.

Según el secretario de la gobernación, el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) cometió corrupción al presuntamente incurrir en “actuaciones (que) beneficiaron con $74,111,276.62 a por lo menos cinco clientes de la firma de abogados Reichard & Escalera, bufete de Héctor Reichard de Cardona, socio principal y accionista de dicho bufete y abuelo del exsecretario Negrón Reichard”.

Pero, el bufete expuso que “los decretos y contratos de incentivos no constituyen contratación pública de servicios. Tampoco representan trabajo realizado por las empresas o sus representantes para el gobierno. Estos contratos de incentivos son los mecanismos que regularmente utiliza el gobierno para adelantar su política económica a cambio de que compañías generen empleos, realicen inversiones de capital y sostengan sectores importantes de la economía de Puerto Rico. Estos sectores incluyen farmacéuticas, dispositivos médicos, servicios de exportación, turismo y energía”.

“Nuestra participación profesional se limita a la representación legal y contributiva de clientes privados conforme al marco legal aplicable. Nuestra representación legal siempre se ha llevado a cabo cumpliendo con la ley, los reglamentos aplicables y los cánones éticos que rigen nuestra profesión. Las alegaciones entre funcionarios y exfuncionarios de la actual administración no caracterizan adecuadamente la naturaleza de nuestra labor profesional. Como abogados de estas empresas, con esta y previas administraciones, nuestro rol es estructurar los términos operativos para hacer viable la inversión y el incentivo que la ley concede”, se detalló en la comunicación.

Se expuso que la firma representa a empresas que solicitan estos decretos desde el 1990.

“Muchos de nuestros clientes han tenido decretos por años, bajo diversas administraciones”, se indicó.