La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, aclaró este martes la intervención que realizó la agencia en toda la controversia que se ha desatado, luego de que el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, obviara a la agencia a la hora de presentar una querella contra el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, ante la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI).

Mientras, describió el documento presentado por Negrón Reichard contra Domenech no como una querella, sino como “una nueva solicitud para que se amplíe la investigación que actualmente se encuentra bajo la jurisdicción de la OPFEI” en contra de otros dos exfuncionarios del DDEC. Estos son el exsecretario auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), Norberto Almodóvar Vélez, y de la exjefa de personal de dicha dependencia, Charlene Neuman Rivera.

Las expresiones las emitió de manera escrita. En la misma, Gómez Torres se mostró enojada por los comentarios que ha recibido desde ayer, lunes, cuando se dio a conocer la acción tomada por el exsecretario del DDEC.

“No toleraré que se intente mancillar la integridad moral de este Departamento ni la de esta servidora con agendas que distan mucho de la búsqueda de la justicia. Cada abogado, fiscal y empleado de esta agencia actúa con una rectitud inquebrantable. Mi trayectoria y la reputación de esta institución se defienden con acciones, con resoluciones fundadas en ley y con una honradez que no está sujeta a presiones ni a especulaciones públicas”, manifestó.

La secretaria explicó que su agencia tomó acción cuando Negrón Reichard presentó su queja contra Almodóvar Vélez y su subalterna por presuntas actuaciones indebidas durante un proceso competitivo para la contratación de servicios profesionales durante su incumbencia.

“Tomamos acción en cuanto a sus denuncias y las referimos a la OPFEI solicitando que se designara un fiscal especial independiente para investigar a dos exfuncionarios de la OGPe”, sentenció.

Pero, en un nuevo giro, el exsecretario del DDEC alegó que recibió presiones indebida, presuntamente por parte de Domenech, cuando realizadaba la investigación interna que encaminó para indagar sobre las irregularidades. Alegó que se usó un documento emitido por Justicia para restarle autoridad en la agencia. Esa opinión legal la emitió la agencia a petición del exsecretario auxiliar de OGPe.

“La presente querella pretende que se investigue como parte de dicho referido es la secuencia de obstáculos, presiones e intervenciones institucionales que se produjeron durante el proceso investigativo en el DDEC y como respuesta a dichas denuncias, incluyendo la emisión de una opinión legal emitida por la Secretaria del Departamento de Justicia, cuya intención el suscribiente entiende que fue socavar Ia autoridad del DDEC para llevar a cabo la evaluación e investigación interna; así como comunicaciones posteriores que el suscribiente interpreta como actos de represalia contra las empleadas denunciantes; y expresiones y acciones directas del Secretario de la Gobernación que el suscribiente considera incompatible con los principios de ética, imparcialidad y debido proceso que rigen la función pública”, detalla el documento presentado por Negrón Reichard.

Gómez Torres expuso que “quien leyó la reciente comunicación del exsecretario en su totalidad pudo constatar que no hay ninguna alegación de actuación ilegal o indebida del Departamento de Justicia”.

Añadió que, “lamentablemente, hay quienes opinan sin leer o malinterpretan su contenido a conveniencia y a base de agendas”.

De inmediato, la funcionaria pasó a explicar que Negrón Reichard no aclaró en sus expresiones quién utilizó el documento de Justicia para socavar su autoridad cuando era secretario del DDEC.

“Es imperativo aclarar que la opinión legal emitida por este Departamento se circunscribe estrictamente a delimitar las facultades técnicas de la OGPe en lo que respecta al proceso de otorgación de permisos, para garantizar la agilidad de dicho proceso. El Departamento de Justicia de ninguna manera interviene en la administración interna de dicha agencia y la opinión emitida en nada tiene que ver con la naturaleza de la investigación que referimos a la OPFEI”, dijo la secretaria.

Añadió que “es una opinión fundamentada en estricto derecho y preparada por abogados con más de 20 años de experiencia en el Departamento de Justicia”.

Por ello, la funcionaria dijo que no toleraría que se mancille la reputación de la agencia.

“El Departamento de Justicia de Puerto Rico no se desvía, bajo ninguna circunstancia, de su mandato constitucional y estatutario de evaluar cada asunto ante su consideración con estricto apego al derecho, la prueba y los más altos estándares éticos. Ningún señalamiento infundado apartará a esta institución de su función ministerial. Continuaremos ejerciendo nuestro deber fiscalizador con la firmeza y seriedad que el pueblo de Puerto Rico exige y merece; con acciones, no con palabras”, concluyó.