El juicio por jurado contra Elvia Cabrera Rivera quien enfrenta cargos por el asesinato de Gabriela Nicole “Lela” Pratts Rosario el 11 de agosto de 2025, culminó este miércoles en la sala del juez Luis S. Barreto Altieri, del Tribunal de Aibonito, con el testimonio del agente Gerardo Berríos Padilla, quien se reafirmó que la ropa ocupada no era la misma que vestían la noche de los hechos.

Sus respuestas durante el recontrainterrogatorio de la fiscal Silda Rubio Barreto, lo llevó a reafirmarse en que la ropa que le ocuparon a Cabrera Rivera y a su hija Anthonieska Avilés Cabrera, no era la misma que llevaban puestas cerca de la hora de los sucesos, basado en un vídeo de seguridad.

“Estaba viendo el vídeo de la Placita Martínez y ahí yo me percato que la ropa que tiene Elvia no era la misma que se había ocupado en el allanamiento ni la que tenía Anthonieska, que estaba utilizando ese día era la misma que ocupamos en el allanamiento”, aclaró el agente Berríos Padilla, quien a preguntas de la defensa aseguró que sí lo mencionó en la vista del 29 de mayo.

En el caso de Cabrera Rivera, observó que en la blusa que llevaba puesta no tenía el logo del negocio Placita Martínez donde trabajaba esa noche. La blusa se amarraba en la espalda con un lazo, un estilo diferente a la que se llevaron para ser analizada ya que la otra pieza era color negra con el nombre del bar, sin ese tipo de diseño.

Sobre la hija de la imputada, que también enfrenta los mismos cargos criminales que Cabrera Rivera en un proceso por separado, describió la ropa como una falda en de mahón con rotos como si estuviera desgastada y de color azul claro, la del vídeo era más suelta de tela más liviana. Sobre las sandalias repitió que las incautadas eran color blanco y las del vídeo eran plateadas.

¿Qué importancia, si alguna, usted le dio a eso?, cuestionó la fiscal Rubio Barreto.

“Cuando se ve que no era la misma bastante porque la que estábamos buscando podría tener rastros de sangre y la que se nos hizo entrega no es la misma”, respondió el agente desde la silla de testigos.

Agregó, que no se recordaba la vestimenta que tenían puestas cuando ocuparon la ropa en la residencia.

El allanamiento no se grabó por razones que él desconoce.

Su aseveración se basó en un vídeo de las cámaras de seguridad que fueron extraídos como evidencia de La Placita Martínez, uno de los negocios donde laboraba Cabrera Rivera y en el que aparece su hija Avilés Cabrera, también imputada por el crimen, llegando al lugar antes de los hechos.

El viernes pasado, declaró que, para el mes de septiembre de 2025, no recuerda el día, observó que el agente investigador Ángel Torres Romero, estaba viendo el vídeo de seguridad del negocio, y se acercó para analizarlo. En ese momento se percató que la ropa que llevaba puesta la joven era diferente a la que le entregó durante el allanamiento en su residencia en el barrio El Coquí, en Aibonito.

Mientras que, al momento del contrainterrogatorio a cargo del licenciado Alberto Rivera Ramos, quien cuestionó con insistencia los métodos y omisiones para ocupar evidencia, admitió que si al momento de ocupar los vídeos los hubiese examinado se daría cuenta que la ropa que le entregó la entonces menor de edad no era la misma.

El agente, con 26 años de servicio, narró el 29 de mayo, que Anthonieska, a solicitud de su madre, le entregó una ropa doblada (blusa negra y falda de mahón) con unas sandalias color blanco, que estaba en su habitación la cual había registrado antes y no encontró nada.

Observó que la joven no tardó ni un minuto en entregársela.

Abundó que cuando pasó por el área de la lavandería estana llena de ropa y la lavadora estaba prendida. No obstante, no verificó el contenido.

Sobre este aspecto, detalló que el perro de la Unidad K-9 solo marcó el closet de la habitación de la acusada y nada más en la casa. No identificó drogas, armas de fuego, un cadáver o residuos de sangre. Tampoco marcó la navaja plegadiza ocupada en el exterior que no ha sido vinculada con el crimen de la adolescente.

De acuerdo con la declaración jurada del agente Torres Romero que da motivos a la jueza Jenny Malave, para expedir una orden de allanamiento, se establece que él vio a simple vista (de día) el arma blanca en el área exterior y que una de las testigos observó a una de las residentes del lugar que fue allanado con sangre en las manos y la ropa y que abordó un vehículo el cual fue ocupado.

Por tal razón, se le pidió que ocupara ropa ensangrentada y una navaja, pero no se incuyó la cartera de la acusada de la que se ha hablado en numerosas ocasiones durante las diferentes etapas del proceso porque una testigo (Bethsaida Caratini) alegó que sacó de la misma un objeto punzante el cual le entregó a su hija.

Los vídeos

En primera instancia el abogado de la defensa comenzó a revisar las decisiones que tomó al momento de diligenciar los “subpoenas” expedidos por la fiscal Breda Lee Soto Santiago, para la ocupación de imágenes de cámaras de seguridad en una residencia y en tres negocios con ángulos hacia el desvío Roberto Colón, donde ocurrió el asesinato.

En una residencia de la calle Vizcarrondo, en la que había cámaras de seguridad en la parte posterior en ángulo hacia el desvío, explicó que la grabadora de cámara digital (DVR) tenía fecha de 1979 y no estaba grabando.

No obstante, a preguntas del abogado de la defensa, aceptó que no entrevistó a la ciudadana sobre si pudo ver lo que sucedió en el desvío.

El equipo no fue ocupado para someterlo a su análisis forense porque insistió en que en su disco duro no había nada que extraer tras revisarlo, pero aceptó que en caso de que hubiesen sido borrados un perito podría determinar si fue manipulado.

Se lograron extraer los vídeos de los negocios Rent-A-Center by Berríos, El Maestro Liquior Store y La Placita Martínez, en el caso de la pizzería El Italiano se decidió no extraerlos porque apuntaban en la misma dirección que la mueblería.

El agente de la División de Homicidios del CIC de Aibonito, aceptó que no hizo una comparación entre ambos vídeos ni de sus visuales captados, la resolución o iluminación para llegar a la conclusión de que no era evidencia necesaria para ser ocupada.

Este escoltó al cuartel de Aibonito la grúa que transportaba el automóvil Toyota Corolla, del 1999, color champagne, de Elvia Cabrera, que luego trasladado a unas instalaciones del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) para su análisis.

También se dijo el viernes pasado que ocupó para someterlo a un análisis de ADN un mahón largo color azul claro con una mancha de sangre y un teléfono celular para extraer su contenido que está registrado a nombre de una mujer, aunque dijo que pertenecía a Mariatny Avilés Rodríguez, hermana paterna de la joven imputada.

La entrega se hizo detrás de una farmacia el 22 de agosto de 2025, mientras iba acompañada de un abogado y de su hermana mayor de edad, quienes firmaron el recibo como testigos. Dijo que tuvo que esperar a que fuera a su residencia y regresara para ocupar el mahón marca Pacsun. Admitió que no la acompañó.

Cuando el agente llevó a la División de Crímenes Cibernéticos de Ponce el teléfono para analizar su contenido, el agente le solicitó que se diligenciara una orden de registro y allanamiento debido a que quien lo entregó era una menor de edad y no había un tutor con ella.

Sin embargo, Berríos Padilla no sabe si posteriormente se allanó su residencia u otros lugares vinculados con ella en busca de más ropa o evidencia.

Antes de que comenzaran los procedimientos una de las jurados supletes fue excluida del panel ya que tiene parentesco con el agente que testificó, para garantizar los derechos constitucionales de la acusada. La jurado había notificado esa información, pero las partes no encontraron conflicto.

Estipulaciones

En la tarde, la defensa y el Ministerio Público estipularon el testimonio del agente William Ortiz Campos y los documentos correspondientes, que declararía que, para el 11 de agosto de 2025, mientras trabajaba en la División de Crímenes Cibernéticos en Ponce como analista de evidencia digital, recibió para examinar los teléfonos celulares de la occisa, Gabriela Nicole “Lela” Pratts Rosario, Miriatny Avilés Rodríguez y Gabriela “Gaba” Figueroa Arroyo.

El teléfono de Gaba le fue entregado por el agente Berríos Padilla, mediante el consentimiento de su mamá Jacqueline Arroyo, para realizar una captura de pantalla en la aplicación TikTok.

El 3 de septiembre de 2025, el agente Javier Vélez Jiménez, recibió dos teléfonos marca Apple, uno que pertenecía a la víctima y el otro de Miriatny. El 1 de octubre de 2025, el agente Ortiz Campos, los extrajo del cuarto de evidencia para brindarle información sobre su contenido del correo electrónico del teléfono al agente Torres Romero.

El 5 de noviembre de 2025 mediante una orden de allanamiento se trabajó la extracción del teléfono de Miriatny y se produjo un CD que contiene chats del 11 al 12 de agosto de 2025, con Karelin Plata en la aplicación WhatsApp.

El agente Ortiz Campos recibió el 20 de diciembre de 2025, un “sobpoena” diligenciarlo a la compañía Apple Inc. solicitando información básica del suscriptor, del dueño de la cuenta y del Icloud, relacionada con el número de serie de un “Apple Watch”. Cuatro días después responde que le pertenece a Miriatny. La única gestión relacionada al reloj fue a los fines de identificar su dueño, indicó la fiscal Miriam Nieves Vera.

El 7 de enero de 2026, se recibió una segunda orden de allanamiento al teléfono de Miriatny.

También se incluyó entre la evidencia un CD con llamadas y mensajes del teléfono de Anthonieska, con fecha del 11 y 12 de agosto de 2025.

Los procesos prosiguen el viernes en la mañana cuando se le notificará al juez otras estipulaciones en las que se encuentran trabajando y el miércoles de la semana próxima se reanudará el juicio en su fondo.

Fecha para juicio

Este lunes, el juez Juan A. Reyes Colón, del Tribunal de Aibonito, pautó para el 23 de junio el inicio de juicio contra Avilés Cabrera. Ese día se tendrá que anunciar al tribunal si el juicio será por jurado o por tribunal derecho.

Sobre el proceso del descubrimiento de prueba le dio un plazo de cinco días adicionales al Ministerio Público para entregar los documentos requeridos por su defensa.

Según trascendió está pendiente la entrega de 14 vídeos de cámaras corporales de agentes de la Policía de un total de 25, y dos certificaciones con sus copias de querellas administrativas de los agentes Berríos Padilla y Torres Romero.

Se espera por otros documentos incluidos en una moción entre ellos un expediente del Departamento de la Familia de un menor que podría ser del joven que resultó herido en el cuello esa madrugada e información contenida en un Apple Watch ocupado como evidencia en la escena.

Los procesos podrían retrasarse una vez la defensa acuda al Tribunal Supremo para que revise la determinación del Tribunal de Apelaciones del 21 de mayo, que confirmó la procesabilidad de la joven acusada y desestimó su intento de paralizar el proceso por su presunta incapacidad y ordenó al Tribunal de Primera Instancia de Aibonito proseguir con el inicio del juicio.

La fiscal Rubio Barreto, advirtió a periodistas que si por alguna razón se pospone hasta el 7 de julio, la defensa podría solicitar la desestimación de los cargos contra la acusada debido al vencimiento de los términos.