La licenciada María S. Sáez Matos, de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL), asumió la representación de Anthonieska Avilés Cabrera, imputada por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, previo al inicio de la vista preliminar.

A pregunta de los medios de comunicación a su salida de la sala de la jueza Cristina Córdova Ponce, Sáez Matos observó que desde antes de la radicación de cargos se habían ventilado versiones contradictoras de los hechos.

“Lo que se ha visto hasta ahora de la prueba, que se ha visto en el caso en contra de la madre de Anthonieska, resulta que no se ajusta a las versiones que había. Yo creo que ha habido como una resistencia a entender que tal vez este caso se sometió de una manera muy apresurada, pienso yo”, exclamo Sáez Matos.

Durante la vista sobre el estado de los procedimientos, no se descartó que se asigne otro abogado, tras ser relevadas del caso las abogadas Rocío Revelles Ponce y Athelyn Jiménez Emmanuelli, por razones de salud.

Se pautó el inicio de la vista preliminar para el 5 de febrero y se separaron los días del 10, 12, 19 y 20 del mismo mes para continuar con esos procedimientos, informó la oficina de prensa de la Administración de Tribunales.

Avilés Cabrera enfrenta cargos por asesinato y violación a la Ley de Armas, por hechos ocurridos el 11 de agosto de 2025, en el desvío Roberto Colón, en Aibonito cuando era menor de edad, en concierto y común acuerdo con su madre Elvia Cabrera Rivera, cuyo caso se ve por separado y va a entrar en la etapa de juicio.

La vista preliminar Avilés ha enfrentado paralizaciones debido a que en primera instancia fue declarada no procesable y a las apelaciones de su defensa, que busca que sea juzgada como menor de edad, argumentando una capacidad mental de niña, con el argumento de que tenía 17 años al momento del crimen y que los criterios para intervención no se cumplieron.

Un panel del Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de Certiorari para la revisión y revocación de la Resolución emitida el 9 de diciembre del año pasado por el Tribunal de Primera Instancia de Aibonito, para la desestimación de los cargos contra la imputada por falta de jurisdicción y que fuera el Tribunal de Menores quien llevara a cabo el proceso.

La defensa de Avilés Cabrera presentó unas evaluaciones del Departamento de Educación, del Programa de Educación Especial, en la que indicaba que la capacidad mental de su clienta era de 10 años y siete meses, una edad menor que la requerida por ley, que es de 15 años, para procesarla por el crimen y, por ende, su caso debía ser referido al Tribunal de Menores.