Tras culminado sin consecuencias el caso criminal contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y otros dos coacusados ante el perdón presidencial que recibieron, los testigos cooperadores también se libraron de sufrir consecuencias judiciales.

El juez senior Francisco Besosa, del Tribunal federal de Distrito, desestimó este jueves con perjuicio los casos criminales contra Frances Díaz, presidenta de Bancrédito, y John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced.

La determinación la tomó, luego de que la Fiscalía federal solicitara desestimar los casos, ya que habían cooperado para enjuiciar a Vázquez Garced y los coacusados, el banquero venezolano Julio Herrera Velutini y el exagente federal Mark Rossini.

La fiscalía explicó que su petición responde a que “coconspiradores más culpables han sido perdonados” y, como parte de la política del Departamento de Justicia, se debe recompensar la cooperación de Díaz y Blakeman y “evitar una situación en la que un testigo cooperador y menos culpable reciba una condena por un delito menos grave y enfrente la posibilidad de tener que cumplir tiempo de prisión”.

Díaz y Blakeman se habían declarado culpable de un cargo de conspiración para cometer soborno y comisiones indebidas de fondos federales, bajo un acuerdo de cooperación con la Fiscalía federal.

No llegaron a declarar sobre los delitos cometidos, debido a que la exgobernadora y los coacusados se declararon culpables en agosto pasado bajo un acuerdo con el Departamento federal de Justicia. Pero, luego de aceptar la culpa, el presidente Donald Trump los indultó.

Tras culminado el caso contra Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini, el juez Besosa atendió la moción presentada por la Fiscalía federal para dar por concluido el caso contra los cooperadores.

En su determinación, expuso que “se desestima con perjuicio en interés público y de la justicia, según lo solicitado por el gobierno. Se dictará sentencia en consecuencia. Este caso queda cerrado a efectos estadísticos”.

Esta determinación significa que un caso similar en contra de Blakeman y Díaz no puede volver a ser radicado.

Vázquez Garced fue acusada en agosto de 2022 por corrupción pública.

La acusación federal contra la exgobernadora expone que Herrera Velutini y Rossini, presuntamente, le prometieron apoyo financiero para su campaña política del 2020, a cambio de que ella utilizara su influencia política para destituir y reemplazar al entonces comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), pues el organismo regulador realizaba una investigación en contra de Bancrédito, el banco de Herrera Velutini.

En febrero de 2020, Joyner Kelly presentó su renuncia, supuestamente, bajo presiones.

Entonces, la exgobernadora nombró como su reemplazo a Víctor Rodríguez Bonilla, quien se alega había sido recomendado por Herrera Velutini para que asumiera la dirección de OCIF. Supuestamente, Vázquez Garced recibió un soborno de $300,000, que consistió en un estudio o encuesta sobre la campaña, por facilitar esa gestión de cambio de mando.

Los cargos de corrupción pública fueron eliminados en un acuerdo de culpabilidad que alcanzó el trío con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en verano de 2025. Estos se declararon culpables en agosto por un cargo menos grave por violación al Título 52 del Código de los Estados Unidos, sección 30121, de la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA, por sus siglas en inglés). Esta sección 30121 lo que dispone es que está prohibido que corporaciones y sindicatos hagan contribuciones o gastos en efectivo, bienes o servicios a campañas federales o a partidos políticos para propósitos de una elección.

Al recibir un perdón “completo e incondicional”, los imputados ya no podrán ser considerados como convictos.