La defensa de Anthonieska Avilés Cabrera, de 18 años, radicó este lunes una moción solicitando la paralización inmediata de procedimientos por existir base razonable para creer que no es procesable.

Además, se pide que se ordene la evaluación psiquiátrica y psicológica por los peritos que el tribunal designe, con la instrucción expresa de que pondere integralmente el historial de discapacidad intelectual, el funcionamiento adaptativo actual de la acusada y su capacidad específica para comprender el proceso criminal en su contra y asistir activamente a su defensa.

“El derecho de la menor a no ser procesada, mientras se encuentra mentalmente incapacitada, es una garantía constitucional que le pertenece a la acusada, no a las partes ni al tribunal. Es, por tanto, irrenunciable por cualquier otra parte y resulta ser una protección obligatoria constante del foro judicial que pretende procesarla”, indica la moción radicada por las licenciadas María Soledad Sáez Matos, Anthelyn Jiménez Emmanueli y Rocío Revellés Ponce, de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL).

Según el documento, la defensa plantea que Avilés Cabrera contaba con 17 años al momento de los hechos, siendo juzgada como adulto, y presenta una discapacidad intelectual documentada desde temprano en su niñez con “funcionamiento cognitivo equivalente al de una menor de aproximadamente 11 años de edad”.

Entre las bases presentadas se encuentra el planteamiento de que, a diferencia de los trastornos mentales episódicos, la discapacidad intelectual que padece es permanente y está documentada desde su niñez en su expediente del Programa de Educación Especial.

En su recuento planteó que antes de la vista preliminar, se le realizó una evaluación de procesabilidad, al amparo de la Regla 240 de Procesamiento Criminal, que concluyó que no era procesable, lo que interrumpió los términos y motivó su ingreso al Hospital de Psiquiatría Forense de Ponce, para su evaluación y tratamiento por espacio de un mes.

Posteriormente, el perito designado por el tribunal, el Dr. José Malavé Orengo, realizó una segunda evaluación y determinó que había advenido procesable, por lo que se reanudaron los procedimientos.

La petición para declararla no procesable fue denegada, primero, por la jueza Cristina Córdova Ponce, del Tribunal de Aibonito, y luego por un panel del Tribunal de Apelaciones.

“La determinación de procesabilidad del perito del tribunal no tomó en consideración de manera integral este historial de desarrollo, según entiende el perito de la defensa”.

La oficina de prensa de la Administración de Tribunales indicó, por su parte, que se pautó a una vista argumentativa el 20 de abril a las 9:30 a.m. en la sala del juez Juan A. Reyes Colón, en el Tribunal de Aibonito.

Las licenciadas sometieron al Ministerio Público una extensa solicitud de información como parte de la etapa del descubrimiento de prueba.

A su vez, le solicitaron al tribunal medidas cautelares para su representada.

La fiscal Silda M. Rubio Barreto, en una réplica a la moción indicó que “cualquier medida cautelar que se disponga en cuanto a la no transmisión de la imagen o información personal no debe limitarse exclusivamente a la acusada, sino que debe aplicarse de manera uniforme a todos los testigos civiles que comparezcan en el proceso”.

Avilés Cabrera no está en prisión, sino bajo arresto domiciliario, con grillete electrónico y un tercer custodio, luego de que el 25 de marzo pasado fuera excarcelada tras su defensa presentar un recurso de habeas corpus por haberse excedido el periodo de 180 días en detención preventiva sin que hubiera iniciado el juicio en su contra.

El Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ) quedó a cargo del monitoreo y de las condiciones impuestas contra la acusada, así como cualquier servicio que hubiese iniciado en el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

La acusada, enfrenta junto a su madre, Elvia Cabrera Rivera, cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, por el uso y portación de un arma blanca, en común y mutuo acuerdo.

Los casos se ven por separado y se encuentran en etapas diferentes.

La joven había permanecido detenida de manera ininterrumpida en el Centro Médico Correccional de la Institución de Bayamón desde el 19 de agosto de 2025 hasta su excarcelación.

A madre e hija se les acusa de haber causado la muerte a Pratts Rosario, de 16 años, quien fue asesinada con un objeto punzante que le perforó el ápice del corazón, durante varias peleas entre jóvenes y adultos que ocurrieron en la madrugada del 11 de agosto de 2025 en el desvío Roberto Colón, en Aibonito, tras la actividad municipal del cierre de verano.