La senadora independiente por acumulación Joanne M. Rodríguez Veve reveló este martes que encontró una cuenta activa por la cantidad aproximada $3.7 millones para la Policía que ha permanecido congelada durante 11 años.

Ese dinero, que fue recaudado del bolsillo de los ciudadanos por el pago de multas al amparo de la Ley 140-2014, ha permanecido por más de una década fuera del presupuesto, depositado en una cuenta bajo la custodia del Departamento de Hacienda, sin que agencia alguna diera cuenta de este, explicó la legisladora.

En respuesta a un referido que fue enviado por Rodríguez Veve el 12 de noviembre del año pasado, el pasado 7 de agosto de 2026, la Contralora de Puerto Rico, Carmen A. Vega Fournier, mediante una carta, confirmó sobre el presunto incumplimiento de la Ley 140-2014, estatuto que creó el Fondo y el Fideicomiso para el Mejoramiento Tecnológico, Profesional y Laboral de la Policía de Puerto Rico.

Según un comunicado de prensa, la investigación de la Oficina del Contralor, reveló que no se ha utilizado el dinero depositado en esa cuenta, tampoco se creó el fideicomiso que iba a administrar ese fondo, ni se nombraron a sus miembros.

“El incumplimiento con la creación del fideicomiso y su estructura administrativa fue lo que impidió la utilización de lo $3.7 millones que se supone que se usaran para el mejoramiento tecnológico, profesional y laboral de la Policía de Puerto Rico. Hoy, ese dinero ni siquiera cuenta con autorización presupuestaria para usarse”, detalló.

La senadora Rodríguez Veve aseguró que la información sale a la luz tras varios intentos de las agencias concernidas de obstaculizar el trabajo de fiscalización que realiza.

Agregó que, entre agosto y octubre de 2025, el Departamento de Seguridad Pública (DSP) y el entonces Negociado de la Policía (NPPR) se negaron a responder las peticiones de información de la senadora, lo que la obligó a presentar un recurso de mandamus en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

Planteó que, solo bajo orden judicial las agencias produjeron certificaciones en las que aseguraron al tribunal que no existía “evidencia alguna” del fideicomiso, que el fondo había “quedado sin efecto legal” y que “no existía ningún fondo activo”.

Primera Hora solicitó una reacción a la Oficina de Prensa de la Policía y se espera por respuesta.

La senadora hizo constar su agradecimiento a la Contralora por la investigación realizada, pero también su desacuerdo con la conclusión de que no pueden identificarse responsables porque, según arguye la Contralora, la ley no asignó a nadie la obligación “exclusiva” de constituir el fideicomiso.

Rodríguez Veve subrayó que “los funcionarios obligados a actuar estaban identificados con claridad por la propia ley. Los llamados a actuar eran: el Superintendente de la Policía, el secretario de Justicia, el secretario de Hacienda, y el Gobernador, a quien correspondía nombrar los fiduciarios ciudadanos del fideicomiso”.

Por otra parte, opinó que la conclusión de la Contralora de que no hubo “pérdida, malversación o desvío” mide el daño con una sola vara.

Sobre ese señalamiento reaccionó al indicar que “el incumplimiento del deber no debería requerir la desaparición del dinero para consumarse: existe un daño real cuando se priva, por once años, del beneficio público que la Asamblea Legislativa ordenó, tecnología, adiestramiento y profesionalización de la Policía en el período más crítico de su reforma.”

La senadora solicitará a la Oficina del Contralor que rinda un informe especial a la Asamblea Legislativa conforme a su mandato constitucional y estatutario, junto con copia del expediente investigativo y la identificación precisa de la cuenta donde reposan los fondos.

También enviará requerimientos al Departamento de Hacienda y a Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), para exigir el historial completo de depósitos desde 2014, para conciliar si los $3.7 millones representan la totalidad de lo que debió ingresar al Fondo por las cuatro fuentes de recaudo que dispuso la ley, así como información sobre el memorando de entendimiento sobre recaudos de multas electrónicas que el propio Negociado de la Policía reveló estar gestionando.

Además, se dispone a radicar legislación para rescatar el Fondo para que se asigne el balance acumulado a sus fines originales, tecnología, adiestramiento y profesionalización de la Policía.

“Los policías de Puerto Rico llevan once años esperando por un dinero que ya es suyo. Mi compromiso es simple: que esos $3.7 millones lleguen a donde la ley siempre ordenó que llegaran. El dinero está. Lo que nunca existió fue la voluntad de cumplir la ley. Esa voluntad la vamos a poner nosotros”, sentenció Rodríguez Veve.