Una supuesta fiesta que realizó Wanda Vázquez Garced en la casa de playa de los gobernadores en Fajardo será utilizada por el abogado de defensa del dueño de la finca Los Mangones de Morovis, en la que se realizó una actividad que se convirtió en viral por la conglomeración de personas que hubo sin mascarillas, para aludir a que existe “procesamiento selectivo” contra los posibles violadores de las órdenes ejecutivas que se han establecido para evitar el contagio con coronavirus.

La información salió a relucir durante el juicio que se realiza contra Edgardo Negrón Marrero, propietario de la finca, así como Lizardo Tavárez Pérez, organizador del evento, y Nancy Aguilera, quien alquiló la finca, en la sala de la jueza Ethel Ruiz Fernández, en el Tribunal Municipal de Manatí.

Sin embargo, el Departamento de Justicia, representando por el fiscal Ramón Ayende, se opuso a que La Fortaleza tenga que entregar el registro de entrada de personas a la casa de playa de los gobernadores entre las fechas del 4 al 7 de septiembre. Fue durante ese mismo fin de semana que se realizó el evento que culminó con la radicación de cargos menos graves contra los imputados mencionados.

Primera Hora solicitó, a través de la portavoz de prensa de Vázquez Garced, Mariana Cobián, una reacción sobre la controvertible fiesta que se le imputa haber hecho en la casa de playa de Fajardo. La respuesta fue la siguiente: “de parte de la gobernadora, que eso no es cierto”.

Pero, el abogado de Negrón Marrero, Juan Ojeda Arnau, precisó a este diario que “la información que nosotros tenemos es que para los mismos días que se alega que mi cliente incumplió con la orden ejecutiva en la casa de playa de la gobernadora en Fajardo se celebró una actividad multitudinaria”.

Otra actividad que usará como prueba para el “procesamiento selectivo” es un evento promovido por el Departamento de la Familia en el que supuestamente se conglegaron unas 250 personas. Dijo que la agencia ya le entregó la prueba.

“Lo que nosotros estamos probando es que aquí no se ha juzgado a ningún político, a ningún tipo de candidato, ninguna persona del gobierno. El estado, utilizando los propios fondos de los contribuyentes, hace esas actividades multitudinarias, pero también lo utiliza para llevar una persecución contra ciudadanos de este país. Lo que estamos planteando es un procesamiento selectivo de nuestro cliente”, sentenció.

Negrón Marrero no quiso emitir expresiones.

El fiscal del caso, sin embargo, sometió una moción para oponerse a que La Fortaleza entregue los documentos que podrían probar si en efecto la gobernadora realizó una fiesta a principios de septiembre en esta vivienda de los gobernadores.

“Estamos objetando ciertos puntos. No vamos a dar detalles… No es que no deseamos que se ventile. Es que hay unos requisitos en derecho que hay que cumplir antes de emitir esas órdenes”, dijo Ayende.

Se le cuestionó cuáles eran los requisitos, pero dijo que “no voy a discutir expresamente todos los puntos de derecho”.

Suspenden vista

Durante la vista también se informó que los abogados Pedro Iván Rivera Martínez y Juan Gabriel Díaz Díaz, quienes representa a los organizadores de la fiesta en Morovis, presentaron unas mociones referentes al descubrimiento de prueba que se utilizaría durante el juicio. Sin embargo, todas las discusiones en derecho quedaron pospuestas por los problemas de audio que se registraron en la sala judicial.

La situación fue que la jueza Ruiz Fernández, así como los abogados Rivera Martínez y Díaz Díaz se encontraban conectados de manera remota y nada de lo que expresaban se entendía en la sala del tribunal. El malestar era notable hasta entre los empleados de sala, que movían sus cabezas de lado a lado, en cada ocasión que les correspondía hablar a los que estaban conectados por internet.

De hecho, Ojeda Arnau expresó al inicio de la vista que solicitaba una posposición del caso hasta tanto pudiese ser presencial. El fiscal concurrió.

“Con el problema técnico que tenemos, que no se escucha, que sea presencial”, reclamó Ayende.

La jueza determinó que las mociones del caso, incluyendo la controversia de si La Fortaleza debe o no entregar la lista de personas que estuvieron a principios de septiembre en la casa de playa de Fajardo, se pospondría para una vista presencial que se realizaría el 28 de enero a las 9:00 a.m.

Salud no revela contagios

Primera Hora solicitó al Departamento de Salud información referente a los contagios por coronavirus que se pudieron registrar a raíz de esta fiesta en Morovis. La portavoz de prensa Michelle de la Cruz, indicó que por el caso estar activo en los tribunales no darían datos.

“El caso que se lleva en el tribunal sobre la fiesta en la que el Departamento de Salud intervino en Morovis es relacionado a violaciones a la orden ejecutiva que prohíbe la aglomeración de personas, así como requiere que se exija el uso de mascarillas en todo momento. Debido a que el caso está bajo un proceso en el tribunal, no consideramos correcto emitir expresiones al respecto ni ofrecer información adicional, en este momento”, establecen unas declaraciones escritas enviadas por la funcionaria.

El director de la Oficina de Investigaciones de Salud, Jesús Hernández, por su parte, expuso que para cumplir con la Ley Hippa, que garantiza la privacidad de los pacientes, no podía dar esa información.

El funcionario rechazó, de paso, que la pesquisa haya sido selectiva contra el dueño de la finca de Morovis.

“Todos nuestros casos son oportunos. Nosotros recibimos la información mediante nuestro correo electrónico, investigaciones@salud.pr.gov, al igual que recibimos confidencias a nivel telefónico y se atienden todos por igual. Obviamente, nosotros no vamos a tener presencia en todos los lados, pero todo asunto que se nos trae a nuestra institución lo vamos a atender con prontitud”, dijo Hernández.