Varios alcaldes del suroeste tildaron de acto criminal y discriminatorio la inacción del gobierno central para obligar al conglomerado LUMA Energy a que responda con urgencia a la energización de la zona más devastada por el huracán Fiona.

Esto ya que el sistema energético no sufrió un daño trascendental que implique la laxitud con la que se ha manejado el asunto, que cada día sigue abrumando a la población de la región, impactada anteriormente por los terremotos.

El alcalde de Peñuelas, Gregory Gonsález Souchet, quien ayer recibió la visita del gobernador Pedro Pierluisi, denunció que el mandatario incumplió su promesa de que anoche mismo el casco urbano estaría energizado.

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Además, dijo que las brigadas de LUMA Energy se retiraron del pueblo a mediodía, dejando su gente sin luz durante 11 días consecutivos.

“Es una situación muy frustrante, lamentable y triste el que, a tantos días después del huracán, nuestras comunidades sigan sin el servicio de energía eléctrica, que se complique la salud y se quebrante la salud de los ciudadanos, que se ponga en riesgo un asunto que es de vital importancia”, lamentó.

Asimismo, expuso que tampoco se resolvió el asunto con el CDT Med Centro, que está presentando problemas con el voltaje y está en riesgo de cierre en plena emergencia.

En la tarde (del miércoles) nos informaron que estaban trabajando para ello, en la mañana de hoy, nos dijeron que se había corregido esa deficiencia, pero antes de comenzar esta reunión, tuve la oportunidad de conversar con personal de Med Centro y nos informan que tienen menos voltaje que el que tenían ayer”, argumentó.

“Es la salud de los peñolanos la que está en riesgo, es la vida de los peñolanos la que está en riesgo. Nuestro CDT no puede operar a capacidad y puede ser que, si vuelve a fallar la luz en algún momento, pues tengan que cerrar porque solo cuentan con un generador que no da abasto porque el otro ya no aguantó el empuje. Si eso pasa, sería mortal para los peñolanos y para la gente de nuestra zona”, resaltó.

Igualmente, señaló la ironía de que el combustible y parte de la generación salga de Peñuelas y los residentes de este pueblo están a oscuras.

Por eso, advirtió que, de no ser atendido por personal de LUMA hoy, mañana llegará a las oficinas de la empresa en Yauco, pero no estará solo, sino acompañado de su gente y no dejarán salir a nadie hasta que se resuelva el asunto.

“Fuimos a la oficina regional de LUMA para hacer valer el acuerdo que establecimos y que queremos cumplir con él, en el que se nos provean los postes necesarios para que el municipio hinque los postes, y luego LUMA se encargue de alambrar y poder suplir energía a las comunidades y en Ponce, nos despacharon a través de los guardias de seguridad y lo que nos dijeron que teníamos que ir a la técnica de Yauco porque Peñuelas pertenece a Yauco”, acotó.

Me voy a mover hacia allá, pero si LUMA no hace valer el acuerdo, hoy yo voy solo a sus oficinas, si ustedes no hacen valer el acuerdo que firmamos, mañana voy a ir con el pueblo y no los vamos a dejar salir de allí hasta que atiendan nuestro reclamo y hasta que atiendan nuestras situaciones. No es una amenaza, no es una advertencia, se lo estoy informando”, advirtió.

Gonsález Souchet catalogó como “un acto criminal que se le esté dando largas al asunto”.

“Es un acto criminal y, es criminal, porque son 7,500 residencias en Peñuelas. Yo te aseguro que todos los peñolanos hemos tenido que vaciar nuestras neveras porque la comida que teníamos allí, simplemente se dañó. Es un acto criminal el que se le esté dando largas al asunto. Es un acto criminal, que la información que nos están brindando no sea la certera ni sea la adecuada”, dijo con frustración.

Por su parte, el alcalde de Guánica, Ismael “Titi” Rodríguez Ramos, confesó que la salud mental de su pueblo se sigue afectando cada día más, por la desesperación de no contar con electricidad en sus hogares.

Nuestro pueblo ya ha pasado por muchas, nuestro pueblo ha pasado por una gran devastación con los terremotos y nos hemos tratado de levantar. También con la situación mental de nuestro pueblo por la depresión”, apuntó.

“Es frustrante ir a las comunidades, llevar suministros y encontrarse con la frustración de la gente, encontrarse con personas que no cuentan con generadores eléctricos o placas solares y están haciendo de tripas corazones, para poder preparar sus alimentos en sus hogares. No es hasta hoy, que se energiza menos del 5 porciento del casco urbano de nuestro pueblo”, sostuvo.

Rodríguez Ramos hizo un llamamiento a LUMA Energy para que atienda a Guánica en carácter de urgencia.

No hay un daño grandísimo en nuestro pueblo. Entiendo que LUMA debe explicar que, si tienen falta de brigadas o de recurso humano, que lo expresen. Nosotros estamos allí para ayudarles. Tenemos listo personal retirado de la AEE que han trabajado por años en nuestro pueblo, en las emergencias”, manifestó.

“Están colaborando, haciendo la evaluación de dónde están las fallas, colaborando con personal de LUMA, pero queremos que no se lleven las brigadas de nuestro pueblo. lo que necesitamos voluntad de parte de LUMA y que atiendan nuestro pueblo como debe ser”, agregó.

Ante la situación, el alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Luis Javier Hernández Ortiz, destacó “la desigualdad del gobierno ante la respuesta a esta gente”.

“Antes la excusa era que no había generación, pero hoy despertamos con la noticia de que hay generación de sobra. ¿Cuál es la excusa ahora? Gran parte de la infraestructura de transmisión está en perfecto estado. Entonces, ¿qué rayos pasa? No hay sentido de urgencia”, insistió.

Hernández Ortiz recordó que, ante una emergencia, el gobierno está facultado en ley para impartir órdenes a los contratistas.

“Yo quisiera darle instrucciones a LUMA en una emergencia, esa sería nuestra aspiración real. Como alcalde hubiéramos querido darle instrucciones a LUMA porque en una emergencia, la ley faculta al municipio a dar instrucciones a los contratistas y LUMA es un contratista, no es una agencia de gobierno, no es un servidor público, no está por encima de la ley”, explicó.

“Además de ser un acto criminal, es un acto de discrimen, porque tal parece para algunos a nivel central existen dos tipos de Puerto Rico: un Puerto Rico que merece tener la luz inmediatamente y otro que tiene que sentarse a esperar a que alguien que no sea el gobierno le resuelva”, concluyó.