La División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia radicó en la tarde de hoy, miércoles, seis cargos criminales contra un empresario que se dedica a la compra y venta de metales por presentar planillas falsas y fraudulentas al Departamento de Hacienda y por deberle hasta $1 millón al erario público.

Durante una conferencia de prensa, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, junto al secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, reveló que Abraham Santos Meléndez, presidente de la corporación Santurce Non-Ferrous Metal Exporting, Inc., podría enfrentar una pena de ocho años de prisión luego que una investigación revelara un esquema para evadir el pago de contribuciones, donde se alega que el imputado no reportó ganancias de hasta $1.3 millones durante los años 2018-2020.

Conforme con la pesquisa que se originó a través de un referido del Departamento de Hacienda, Santos Meléndez acudía semanalmente a tres compañías a vender grandes cantidades de metales transportadas en distintos camiones.

Al momento del pago, el acusado solicitaba que el cheque lo emitieran a su nombre y no a nombre de su corporación. A raíz de esto, recibió 461 cheques que cambiaba en efectivo y los ingresos no los reportaba ni en su planilla de individuo ni en su planilla de la corporación.

“El Gobierno de Puerto Rico, a través del Departamento de Hacienda, provee mecanismos suficientes para que cada ciudadano pueda cumplir con su deber contributivo, antes de que tenga que intervenir el Departamento de Justicia por la vía penal. Nada justifica que una persona que genera ganancias sustanciales violente las normas y reglamentos, transfiriendo el peso de la carga contributiva a los demás”, puntualizó Emanuelli Hernández.

“Como hemos actuado en los cinco casos que hemos radicados recientemente sobre evasión contributiva, el Departamento de Justicia continuará procesando a quienes intencionalmente intenten burlar la ley”, añadió el titular.

Por su parte, Parés Alicea destacó que este caso surge de la colaboración ya suscrita mediante un acuerdo que hay entre el Departamento de Hacienda, el Departamento de Justicia y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), que incluye el destaque de empleados de Hacienda en esta agencia, así como en otras agencias federales de ley y orden.

“Los acuerdos consisten en que las tres partes compartan información y procesen por los delitos que encuentren y puedan probar más allá de duda razonable. El caso de Abraham Santos Meléndez refleja nuevamente la efectividad del trabajo en equipo. El esquema diseñado para evadir contribuciones no funcionó porque detectamos que recibía pagos a su nombre por la venta de metales, en lugar de canalizarlos a su corporación. Fueron 461 cheques emitidos a su nombre, de los cientos que fueron cambiados en efectivo con la intención de no pagar contribuciones”, sostuvo.

El secretario enfatizó en la importancia de la tecnología que pone en evidencia estas incongruencias y da acceso a un panorama completo y a obtener la evidencia necesaria para los procesamientos.

“Ya les hemos presentado el resultado de varios casos de evasión en distintas modalidades y continuamos con nuestras auditorías y el trabajo en equipo con agencias estatales y federales. Esperamos que las experiencias de estas personas sirvan de ejemplo a los contribuyentes y cumplan”, añadió.

El individuo reportaba ingresos anuales de entre $15,000 y $20,000 únicamente, cuando en realidad generaba ingresos que superaban un millón de dólares en solo tres años.

Hasta el momento, Hacienda ha detectado aproximadamente $10 millones en ingresos de individuos que han incumplido con su obligación de reportar sus ganancias a Hacienda.

“Los resultados de hoy son ejemplo de la colaboración que tiene la DEA con las agencias estatales en Puerto Rico. Cualquier posible delito que detectemos en el curso de nuestras investigaciones serán referidas a las agencias para su investigación”, expresó Renita D. Foster, agente especial a cargo de la DEA en el Caribe.

La jueza Marangely Colón Requejo, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa para arresto por todos los cargos presentados por las fiscales Kristia Díaz Pérez e Ileana Martínez Rosado, quienes lideraron la investigación junto a agentes especiales del Área de Inteligencia de Fraude Contributivo del Departamento de Hacienda, dirigida por el secretario auxiliar, José Carlos Colón.