El exsecretario de la Gobernación, Francisco Domenech, criticó este martes a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) por haber presentado una querella ética en su contra que descansa en una presunta “interpretación viciosa de la ley” y, sobre todo, por supuestamente interferir “con mi derecho constitucional a una representación legal competente”.

“Contestaré la querella ante dicho foro, donde demostraremos que no procede; y de ser necesario esta no sería la primera vez que haya que acudir a los tribunales cuando esta Oficina se excede de las facultades otorgadas por su ley”, expresó el exfuncionario en las redes sociales.

La querella en su contra fue por contratar a la exsecretaria de Justicia, Janet Parra, como su abogada ante la investigación que realiza en su contra la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI). Es que, según Ética Gubernamental, Domenech autorizó el 30 de junio un contrato por $125,000 que esta tiene con la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.

Pero, Domenech no es el único con una querella ética en su contra. La subsecretaria de la Gobernación, Itza García Rodríguez, también enfrentará un proceso similar.

A diferencia de Domenech, la exfuncionaria no ha recurrido a las redes sociales a reaccionar ante el hecho. Sólo la gobernadora Jenniffer González Colón se expresó sobre la razón de la querella, que fue por promover que su pareja fuese contratada en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) cuando ella todavía estaba en funciones.

“Bueno, yo creo que eso va a tener que explicarlo y va a tener que probarlo y defenderse de esas imputaciones”, dijo la gobernadora.

González Colón no expresó su sentir sobre la querella contra Domenech, quien ha sido su mano derecha en asuntos públicos y políticos.

Tanto Domenech como García salieron del gobierno en agosto pasado, luego de que trascendiera que la OPFEI designó a las fiscales Fabiola Acarén Porrata-Doria e Ileana Agudo Calderón para investigar si procede la radicación de cargos criminales en contra de estos por sus actuaciones en el gobierno, principalmente su intromisión en el DDEC.

La disputa inició a finales de mayo y principios de junio, cuando el exsecretario de Desarrollo Económico, Sebastián Negrón Reichard, renunció a su cargo. Entonces, hubo un lanzamiento de ataques contra Domenech.

Específicamente, Negrón Reichard alegó que Domenech le presionó para que otorgara un contrato de publicidad a la compañía JJ Investment e intervino en favor de decretos contributivos para un proyecto, Opus Miramar, al que está vinculada su antigua empresa de cabildeo, Politank, que era propiedad de Domenech.

En uno de los casos, el contrato que presuntamente se buscaba otorgar a la empresa JJ Investment se iba a pagar con fondos federales en poder de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

El exfuncionario también hizo la denuncia sobre la intervención que tuvo García Rodríguez para que supuestamente contratara a su pareja, Luis Alberto Sánchez Andino, a través de la corporación Next Wave Solution, para dar servicios de consultoría.

Domenech, por su parte, denunció que Negrón Reichard cometió actos de corrupción mientras era secretario del DDEC.

Afirmó que “sus actuaciones beneficiaron con $74,111,276.62 a por lo menos cinco clientes de la firma de abogados Reichard & Escalera, bufete de Héctor Reichard de Cardona, socio principal y accionista de dicho bufete y abuelo del exsecretario Negrón Reichard”.

La marea de ataques desembocó en investigaciones y referidos de parte y parte.

¿Qué dicen las querellas?

Tras la renuncia de los funcionarios, la OEG es la primera que anuncia medidas contra Domenech y García Rodríguez.

Sobre Domenech, Ética afirmó que “un exservidor público no puede, durante el año siguiente a la fecha de terminación de su empleo gubernamental, ocupar un cargo, tener interés pecuniario o contratar, directa o indirectamente, con una agencia, persona privada o negocio, sobre el que haya ejercido una acción oficial durante el año anterior a la terminación de su empleo”.

Se indicó que, al contratar a Parra como su abogada, violó la Ley de Ética Gubernamental en su artículo 4.6(c) que establece la mencionada prohibición.

La OEG le dio 20 días para responder al señalamiento. Se le anticipó que se expone a sanciones, que pueden ser una multa de hasta tres veces el valor del beneficio económico recibido.

Además, dice que, “de proceder, se ordene la restitución de los fondos públicos desembolsados como consecuencia de la actuación del querellado”. No se explicó si sería Parra la que debería devolver el dinero.

Mientras, a García Rodríguez se le imputó haber remitido una propuesta de servicios profesionales y el teléfono para que Negrón Reichard contratara a su pareja. El contrato se dio finalmente, de diciembre de 2025 a junio de 2026, por la cantidad de $120,000.

Se informó que la pareja de la exsubsecretaria, con el que compartía la misma residencia, también recibió contratos en la Oficina de Gerencia y Presupuesto y en el municipio de Utuado.

Por los hechos, se alude en la querella a que García Rodríguez pudo haber violado el artículo 4.2(g) de la Ley de Ética que dispone que “un servidor público no puede intervenir, directa o indirectamente, en cualquier asunto en el que él, tenga un conflicto de intereses que resulte en la obtención de un beneficio para él. Tampoco un servidor público puede intervenir directa o indirectamente, en cualquier asunto en el que un miembro de su unidad familiar, su pariente, su socio o una persona que comparta su residencia, tenga un conflicto de intereses que resulte en la obtención de un beneficio para cualquiera de ellos”.

La agencia dispuso sanciones iguales contra García Rodríguez que las expresadas en el caso de Domenech. empleo”.