El Departamento de Justicia vuelve a la carga contra la delegada congresional Elizabeth Torres Hernández.

La agencia informó este martes que el Tribunal de Apelaciones revocó la determinación del juez Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, en el caso que busca destituir a la funcionara como cabildera por la estadidad.

El pasado 29 de abril, Cuevas Ramos desestimó un recurso presentado por Justicia a nombre del Gobierno de Puerto Rico para destituir a Torres Hernández de su posición. “Se declara ha lugar a la moción solicitando desestimación de recurso especial presentada por la Sra. Elizabeth Torres Hernández, porque la acción presentada trata sobre una cuestión política en la cual los tribunales no deben inmiscuirse”, expresó el juez en su dictamen.

Apelaciones, en cambio, determinó que la controversia es justiciable y no constituye una cuestión política.

El tribunal expresó que la Ley 167-2020, que crea la delegación congresional, estableció los criterios que los delegados deben cumplir, así como el proceso de destitución “que envuelve a las tres ramas de gobierno, donde cada una de ellas ejerce su función constitucional sin abrogarse un poder que no le corresponde”.

“Es el Poder Ejecutivo quien toma la decisión de destituir al delegado especial, y los tribunales se aseguran de que dicha destitución se efectúa en cumplimiento con la ley”, añadió.

El foro apelativo también manifestó que “no podemos perder de perspectiva que en la implementación de la Ley 167-2020 existe erogación de fondos públicos que deben ser fiscalizados para evitar actos de corrupción y/o malversación de los mismos”.

Reitera que incumple

En su reacción a la determinación del Apelativo, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, reiteró que Torres Hernández incumple con la ley.

“Desde un inicio hemos sido firmes en que en el caso presentado por el Departamento de Justicia plantea una controversia justiciable y clara de si esta persona está cumpliendo o no con los deberes establecidos en la legislación. Estamos actuando conforme con la ley y ahora volvemos al foro primario para así demostrarlo”, manifestó en declaraciones escritas.

“Como bien reconoce el Tribunal de Apelaciones, los gastos de fondos públicos deben ser legítimos, legales y prudentes, deben promover la máxima economía y óptima utilización de los recursos públicos y su desembolso debe conllevar una validación previa de trabajo realizado en cumplimiento con la ley y las normativas concernientes”, explicó.

“Bajo nuestro ordenamiento jurídico no se podría sostener el desembolso irrestricto y a ciegas de fondos públicos, máxime cuando una persona está en clara y directa contravención con la ley”, sostuvo el secretario.

Al inicio del caso, Emanuelli Hernández rechazó que el caso se trate de una persecución política, como aseguró la delegada. El gobernador Pedro Pierluisi también reiteró que Torres Hernández no cumple con los deberes de su cargo para el cual fue electa el 16 de mayo de 2021 en una elección especial.

Los otros delegados son María “Mayita” Meléndez Altieri, Roberto Lefranc Fortuño, Melinda Romero Donelly, Zoraida Buxó Santiago y Ricardo Rosselló Nevares.