Tras confirmarse que el Departamento de Justicia la investigará, la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, aseguró este miércoles que está confiada en que se confirmará que no hubo irregularidades en el proceso que se dio para contratar una empresa estadounidense para implementar el programa educativo Star Academy.

De paso, insistió en que no hubo contrato, petición de fondos ni desembolso a favor de la empresa en controversia, Nola Education.

En declaraciones escritas, la funcionaria reaccionó a la secuela que se ha registrado en los pasados días de la controversia surgida a raíz del despido de la administradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), Blanca Medina Díaz. Entre otras cosas, esta denunció que Roig Fuertes la presionaba para que firmara el contrato de Nola Education.

Desde hace semanas el asunto es investigado por el Senado. Sin embargo, anoche la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, confirmó que le notificó a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) que se inició una investigación preliminar de los hechos.

Según el comunicado emitido por Roig Fuertes, “la investigación confirmará que sus actuaciones se han realizado conforme a las leyes, los reglamentos y los principios de integridad, honestidad y transparencia que rigen el servicio público, valores que siempre la han caracterizado tanto en el ámbito profesional como en el personal”.

Dijo que acoge la pesquisa y que tiene confianza “en los procesos investigativos del Departamento de Justicia, reconociendo la responsabilidad de las autoridades competentes de atender cualquier asunto dentro del marco de la ley”.

Por otro lado, la funcionaria expuso que las supuestas gestiones de pago a la empresa Nola Education se trata de un intercambio interno entre funcionarios de la Adsef. Alegó que “ese intercambio no constituye una solicitud de fondos, ni una autorización de pago, ni una gestión de desembolso a favor de la empresa”.

La comunicación se dio entre el entonces administrador de la Adsef, Ramón Burgos, y el administrador auxiliar de Finanzas y Presupuesto, Eddie Burgos. En ella se evaluaban posibles mecanismos de pago y se revisaban las disposiciones legales y los manuales aplicables. Fue un análisis preliminar que no culminó en ninguna acción administrativa ni fiscal, alegó la funcionaria.

“El manejo de los fondos públicos exige responsabilidad, transparencia y cumplimiento estricto de la ley. Esa ha sido y seguirá siendo nuestra posición. Los documentos deben examinarse en su contexto y no usarse para atribuir decisiones que no ocurrieron”, puntualizó Roig Fuertes.