El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, refirió este miércoles a la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, al Departamento de Justicia y a la Oficina del Inspector General para que se investiguen todas las alegaciones suscitadas en medio del despido de la administradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), Blanca Medina Díaz.

Mientras, en la Cámara de Representantes, el representante José “Conny” Varela, solicitó formalmente al presidente Carlos “Johnny” Méndez que cite a Medina Díaz a una sesión de interpelación ante el pleno del Cuerpo para que declare bajo juramento sobre las circunstancias de su destitución.

De inmediato, Roig Fuertes le abrió las puertas a las investigaciones que puedan suscitarse a raíz de las controvertibles declaraciones hechas por Medina Díaz tras su destitución. Estas incluyen supuestas presiones indebidas de parte de la secretaria de la Familia para que firmara un contrato de $38 millones con la empresa NOLA Education LLC, relacionados con el proyecto Star Academy, así como otro contrato de $300,000 para adiestramientos, entre otros asuntos, con un contratista del Departamento de la Familia.

“Como siempre lo hemos expresado, el mayor de los respetos a la Legislatura, al Senado de Puerto Rico, Departamento de Justicia, a todas las agencias concernientes, el mayor de los respetos. Nuestra disponibilidad y nuestras colaboraciones absolutas. Nosotros tenemos evidencia de todo y podemos sustentar todo lo que hemos estado diciendo y con muchísimo gusto vamos a colaborar en todos los requerimientos de información”, expuso la funcionaria en entrevista con Primera Hora.

En sus declaraciones, Roig Fuertes rechazó en varias instancias que el despido de Medina Díaz estuviera relacionado a la firma de contratos. Insistió en que la exadministradora era “incompetente”, no le atendía llamadas, no asistía a reuniones y no cumplía con las metas impuestas por la agencia. Dijo que sus acciones pusieron en riesgo fondos federales, principalmente del Programa de Asistencia Nutricional (PAN).

Pero, Rivera Schatz expuso en su carta a las agencias investigadoras a la que refirió a la secretaria de la Familia que la controversia debe ser investigada.

“La señora Medina Díaz atribuye su destitución a su negativa a firmar dichos contratos. La secretaría de la Gobernación, (Norma Burgos) la atribuyó a insubordinación y a deficiencias en el desempeño, y la secretaria de la Familia ha negado las alegaciones y ha exhortado a que se presenten bajo juramento ante los foros correspondientes”, expuso Rivera Schatz.

Añadió que “de ser ciertas, estas alegaciones podrían constituir infracciones a las normas que rigen la contratación gubernamental y el uso de fondos federales. Por tratarse de actuaciones atribuidas a la titular de un departamento del Gobierno y de fondos destinados a familias necesitadas, el asunto amerita una investigación independiente”.

En medio de la controversia, Roig Fuertes detalló que Medina Díaz comenzó a laborar como administradora de Adsef el 6 de abril de 2026, tras haber sido referida por la gobernadora Jenniffer Gonzalez Colón.

Explicó que demoró cerca de seis meses en despedirla, tras percibir su “incompetencia” para ocupar el cargo, ya que estuvo documentando la razón por la que Medina Díaz no debía ocupar el cargo.

“En cualquier proceso de supervisión, la realidad es que uno intenta que el empleado o el subalterno de uno, enmiende, se le dan las oportunidades, se atienden los asuntos y se va documentando todo eso. Y ese asunto yo lo estuve haciendo durante todo este período de tiempo. Hasta que tuvimos ya la necesidad de elevarlo, porque se ponen en riesgo los beneficios de nuestra gente, se ponen en riesgo incluso el propio funcionamiento del Adsef”, precisó la funcionaria.

Entre los problemas detectados en la administración de Adsef estuvo que Medina Díaz no le puso un alto al supermercado Econo para que detuviera las compras en línea pagadas con la tarjeta del PAN, ni buscó la manera de lograr que todos los supermercados pudiesen entrar en esta práctica en la que los comestibles son entregados en el hogar.

“Desde el mismo día que tuvimos nuestra primera reunión en el mes de abril, yo la puse al tanto de todas las gestiones que estaban pendientes para su atención, de la importancia de adelantar unas actividades en la Adsef para un mejor funcionamiento de la otorgación de beneficio, minimizar el margen de error y otras cosas necesarias para que Puerto Rico pueda en algún momento insertarse en la legislación de SNAP, y las ventas en línea era uno de esos asuntos, porque más allá de que Econo no lo hiciera, la idea era que todo el mundo lo pudiera hacer y que todos los que están certificados para este servicio pudieran dar ese servicio a nuestra comunidad. Estas gestiones ella nunca las realizó”, denunció Roig Fuertes.

Alegó que Medina Díaz dio información errada sobre acciones que tenía que tomar la agencia para, por ejemplo, lograr que se aprobara la compra de alimentos en línea para los recipientes del PAN en todos los comercios.

“Faltó a la verdad, indujo error y no adelantó que esto hubiera sido posible para nuestros ciudadanos. Esto es un ejemplo de tantos que podemos dar de cómo su desconocimiento no permitía, su inacción, su falta de orientarse, atender oportunamente asuntos críticos, que es lo que lleva a su destitución”, puntualizó.

Sobre los contratos, Roig Fuertes se centró en el de Star Academy, que representaba un gasto de $38 millones. Bajo este programa se le darían unos cursos a estudiantes participantes del programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés).

Alegó que la funcionaria entró el 6 de abril y el 13 de mayo a las 4:00 p.m. se le reunió para indicarle que la academia no era viable. Señaló que todo está documentado en unas “minutas” tomadas por la directora de la División Legal, Nicole Báez.

Roig Fuertes, sin embargo, aceptó que viajó a Luisiana a analizar el programa. Dijo que lo hizo junto a personal de Adsef.

“Nosotros sí fuimos una delegación a conocer de qué se trata esta iniciativa nacional que se está impulsando desde el gobierno federal, que está vigente hoy en 20 y pico de estados, dando resultados sumamente positivos con respecto a los jóvenes participantes del mismo”, sostuvo.

Reveló que la iniciativa no era viable en Puerto Rico, debido a que en cada escuela del sistema público de enseñanza no había suficientes alumnos beneficiados por el TANF.

“No había un cúmulo de niños en cada escuela como para hacer un proyecto así de esta magnitud”, aceptó.