Tras la inhibición de dos jueces del Tribunal de Primera Instancia de Ponce, se determinó en la tarde de este miércoles asignar a un juez de la región de Caguas para la vista preliminar que se realizará contra el suspendido alcalde de la Ciudad Señorial, Luis Irizarry Pabón, por las imputaciones de corrupción pública.

El juez designado lo fue Daniel López González, según dicta de la orden emitida por la jueza administradora de la región de Ponce, Lissette Toro Vélez.

“Ante la Resolución de Inhibición emitida el 2 de febrero de 2024 por el honorable Rubén Serrano Santiago y la Resolución de Inhibición emitida el 5 de febrero de 2024 por la honorable Lizandra Avilés Mendoza, se ha solicitado una Asignación Especial para que un Juez o Jueza Superior de otra Region Judicial atienda la Vista Preliminar en el presente caso. El honorable Sigfrido Steidel Figueroa, director administrativo de los Tribunales, mediante Asignación Especial emitida en el día de hoy, ha designado al honorable Daniel López González, juez superior de la Región Judicial de Caguas, para atender la Vista Preliminar señalada para los días 14 y 15 de marzo de 2024, a las 9:00 de la mañana, en la Sala 405 del Centro Judicial de Ponce”, dice la orden.

Relacionadas

Primera Hora intentó comunicarse con el abogado del suspendido alcalde, José Andreu Fuentes, para obtener una reacción, pero de inmediato no estuvo disponible.

El juez Serrano Santiago se inhibió por pedido de la defensa del alcalde, ya que se le establecieron vínculos con el contrincante político de Irizarry Pabón, el abogado Pablo Colón, así como el hecho que un tío de su esposa era socio de este en una corporación médica. Mientras, Avilés Mendoza se inhibió porque es esposa de un asesor legal del municipio de Ponce, el exalcalde de Guayanilla, Nelson Torres Yordán.

La determinación que se ha tomado deja el caso en la región judicial de Ponce. Parte del pedido de la defensa era que el proceso judicial se realizará en otra región.

Irizarry Pabón fue acusado el 31 de octubre de cuatro cargos por violaciones al Artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental y el Artículo 251 del Código Penal, por presunto enriquecimiento injustificado.

El alegato que se hizo en su contra fue que solicitó dinero a directores y empleados de confianza para pagar un préstamo personal de $50,000 que, tomó con el Banco Popular, destinando $30,000 a su campaña electoral de 2020. Aún no se ha especificado el paradero del restante, o sea $20,000 que, según el testimonio del agente investigador, Miguel Fonseca, pudo haberse consumido en gastos de la oficina médica del imputado.

Este caso criminal lo presentó la Oficina del Panel Especial Independiente. Las fiscales a cargo son Zulma Fúster, Ileana Agudo Calderón y Fabiola Acarón Porrata-Doria.