Mayagüez. -Al tiempo en que espera la fecha de su juicio a nivel federal por cargos de tráfico sexual y prostitución de menores, el ingeniero mayagüezano Wilfredo Cubero Soto de 63 años, fue excarcelado ayer para ser llevado ante el Tribunal de Mayagüez, donde le fueron radicados otros 12 cargos a nivel estatal.

La denuncia generada en febrero de 2014 por la agente Marlyn Alvarez, señala que Cubero Soto para diciembre de 2013, alegadamente llevó a una menor de 13 años hasta su estudio, ubicado dentro de su negocio el Almacén Navideño, para tener relaciones sexuales con esta, quien dijo haber cobrado $40.00 por el acto.

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En febrero de 2014, Cubero Soto alegadamente mantuvo contacto con otra menor de 15 años, estudiante de una Escuela de Mayagüez, quien alegadamente le llevaba una agenda de acercamientos con sus compañeras de clase, para que el hombre pudiera sostener relaciones sexuales. La testigo y también víctima del sexagenario, declaró que este le pagaba $20.00 por contacto y a las otras víctimas de agresión sexual $40 por cada acto consumado.

Pasado más de un año, se sumó a la investigación la declaración de otra víctima y ayer la división de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores de Mayagüez, junto al fiscal Pablo Colón, radicaron doce cargos por agresión sexual contra un total de tres víctimas.

El fiscal Colón explicó que por las tres víctimas se desprenden tres bloques de acusaciones.

El primer bloque responde a la Jane Doe 1, por tres delitos cometidos entre junio de 2012 y enero de 2013.

Por los delitos contra Jane Doe 2, se radicaron cuatro denuncias por hechos cometidos entre diciembre de 2013 a febrero de 2014.

El tercer bloque responde a cinco denuncias por delitos cometidos contra Jane Doe 3, entre 2008 al 2010.

La jueza Angie Acosta luego de escuchar la prueba, encontró causa en todos los delitos y le impuso una fianza de $250 mil en cada caso para un total de $750 mil, la que no prestó.

Cubero Soto es representado por el licenciado Carlos Garcia en estos casos.

El caso a nivel federal es atendido por los fiscales Marshal D. Morgan y Myriam Fernández González