Por entender que cualquier intento del gobierno de Puerto Rico de anular el contrato que tiene con la empresa LUMA Energy interfiere “directamente” con la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Junta de Supervisión Fiscal aseguró en un Informe de Estado Conjunto presentado ante la Corte de Quiebra de los Estados Unidos que el conflicto sólo debe ser atendido por el tribunal federal.

El documento de 18 páginas y que fue radicado ayer, lunes, va más allá de resumir el pleito judicial que se ha formado desde que la AEE y la Autoridad para las Alianzas Público Privada (AAPP) presentaron dos demandas para cancelar el contrato suplementario con LUMA bajo el alegato de que la aprobación de su extensión fue ilegal. Deja claro la posición de la Junta en torno a que no interesa que se declare nulo el contrato, pues afectaría la administración, la política pública y el proceso de quiebra del sistema eléctrico. Asevera, de hecho, que si el proceso lo atiende un tribunal estatal pudiese ocasionar un “caos” en la restructuración de la deuda.

“A pesar de las recientes declaraciones públicas de miembros del gobierno de Puerto Rico, la Junta de Supervisión desconoce la identidad de ningún candidato para reemplazar a LUMA ni que la AAPP haya iniciado un proceso transparente y competitivo para hacerlo. Para evitar dudas, el retorno de las operaciones de transmisión y distribución a la AEE tradicional como consecuencia de la terminación del Acuerdo de Gestión de la Energía (que estos casos buscan lograr) es un resultado inaceptable y contrario a la ley y las políticas públicas. Solo el Tribunal del Título III está en posición de coordinar la modificación o incluso la terminación del Acuerdo de Gestión de la Energía del sistema de transmisión y distribución de energía y su efecto en la reestructuración de la AEE para evitar el caos y la catástrofe para el pueblo de Puerto Rico”, sentenció la Junta.

A modo de conclusión, se subraya que “ningún tribunal que no sea el Tribunal de Título III puede conceder el remedio solicitado en estas acciones civiles.”

En sus argumentos, la Junta potencia el peligro de que el sistema energético caiga nuevamente en manos de la AEE, entidad que está en quiebra.

Mientras, en el documento de la Junta se destaca la postura de LUMA Energy en torno a que la cancelación del contrato sólo es “un truco político”.

La postura de la Junta se presenta ante las demandas presentadas por el gobierno en los tribunales estatal el pasado 11 de diciembre y el 16 de diciembre.

El primer recurso lo sometió la AEE y la AAPP para que se invalidara la extensión del contrato suplementario bajo el que el conglomerado opera el sistema de transmisión y distribución eléctrica. Entre sus argumentos está que no se aprobó como era debido, ya que faltaban entes que lo avalaran, como lo fue el caso de la Legislatura.

El segundo recurso lo presentó la gobernador Jenniffer González Colón para que se emitiera una Sentencia Declaratoria para que el tribunal local declarara nula, inválida y sin efecto jurídico la extensión del contrato suplementario de LUMA.

La pretensión del gobierno era que los casos fueron atendidos por el Tribunal Supremo. Sin embargo, LUMA presentó un recurso para que ambas demandas fueran atendidas en el foro federal.

En medio de la disputa por jurisdicción es que la Junta de Supervisión Fiscal acudió al foro federal para establecer su postura.