Los alcaldes del Partido Nuevo Progresista (PNP) y del Partido Popular Democrático (PPD) se reunirán este próximo viernes con el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, José Carrión III, para discutir soluciones financieras ante la crisis económica que ha provocado la emergencia del coronavirus y la deuda de $66 millones que ahora tienen con el gobierno tras quedar sin efecto la Ley 29, informó la alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez.

Algunas de las propuestas que serán discutidas con Carrión fueron expuestas este sábado durante una reunión entre la gobernadora Wanda Vázquez y los miembros de la Federación de Alcaldes, quienes forman parte del PNP, en el Departamento de Estado. No obstante, la alcaldesa precisó que no se harían públicas ya que no han sido discutidas con los miembros de la Asociación de Alcaldes, quienes pertenecen al PPD.

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“Hay alternativas (para los problemas de liquidez de los municipios) y la gobernadora fue clara y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, también, y entre las alternativas está la solución y la recomendación que vamos a discutir el viernes con la Junta de Supervisión Fiscal”, argumentó.

Detalló que el encuentro entre los alcaldes y la Junta está pautado para el viernes a las 3:00 p.m.

Previo a la reunión con Vázquez, el presidente de la Federación de Alcaldes, Carlos Molina, informó a Primera Hora que los problemas de liquidez que atraviesan los municipios sería el tema principal.

“Aquí hay unas preocupaciones que tienen los alcaldes de cómo vamos a preparar un presupuesto del próximo año fiscal. No tenemos ni siquiera la liquidez de empezar un presupuesto y hay una gran preocupación”, reiteró.

Dijo que los municipios atraviesan por una dura realidad económica, pues llevan dos meses sin ingresos. Además, le preocupa sobremanera el que tienen que pagar el dinero que por la Ley 29 se le eximió respecto al retiro (PayGo) y el plan de salud.

Molina no pudo ser contactado vía telefónica posterior a la reunión. Este se marchó cuando la gobernadora anunciaba la firma de la ley que ordena realizar un plebiscito de estadidad Sí o No en las próximas elecciones de 3 de noviembre, sin atender a la prensa.