Tras haber alegado que las imputaciones que le realizó a inicio de semana el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, eran “mentiras”, “medias verdades” o “tergiversaciones”, el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, contraatacó al presentar dos querellas con declaraciones juradas contra el exfuncionario ante el Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

La juramentación de sus alegatos en contra de Negrón Reichard, en los que alega que presentó “evidencia por actos de corrupción”, es trascendental en este nuevo giro de la controversia, ya que Domenech cuestionó los señalamientos en su contra, al exponer que la querella que se presentó ante el Panel del Fiscal Especial Independiente (NPFEI) el pasado lunes no estaba juramentada.

Según expuso Domenech en unas declaraciones escritas, radicó ayer, miércoles, la denuncia de “serios actos de corrupción” en contra de Negrón Reichard, porque el exsecretario pudo haber cometido múltiples delitos asociados a corrupción pública.

Afirmó que “sus actuaciones beneficiaron con $74,111,276.62 a por lo menos cinco clientes de la firma de abogados Reichard & Escalera, bufete de Héctor Reichard de Cardona, socio principal y accionista de dicho bufete y abuelo del exsecretario Negrón Reichard”.

Trascendió que el abuelo del exfuncionario es supuestamente cabildero.

Primera Hora intentó contactar a Negrón Reichard, a través de su contacto de prensa, Christian Ramos. Este informó que el exfuncionario “no emitirá comentarios”.

La controversia

La controversia inició el lunes, cuando salió a relucir que el exsecretario del DDEC acudió ante el PFEI y Ética para presentar una querella sin juramentar en la que señala a Domenech por una presunta interferencia en investigaciones internas y alegadas irregularidades en un proceso de contratación pública.

Específicamente, Negrón Reichard alegó que Domenech le presionó para que otorgara un contrato de publicidad, con fondos federales, a la compañía JJ Investment e intervino en favor de decretos contributivos para un proyecto, Opus Miramar, al que está vinculada su antigua empresa de cabildeo, Politank.

En uno de los casos, el contrato que presuntamente se buscaba otorgar a la empresa JJ Investment se iba a pagar con fondos federales en poder de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

Las irregularidades

Mientras, Domenech imputó ahora cinco instancias de irregularidades contra Negrón Reichard.

El primero fue un “conflicto de interés con Héctor Reichard de Cardona y Reichard & Escalera”.

El delito que le achacó fue dos violaciones de la Ley de Ética Gubernamental por conflicto de interés y llevar a cabo cualquier acción que pusiera en duda la imparcialidad e integridad de la función gubernamental, así como violaciones al Código Penal.

Detalló en el escrito que suministró a la prensa que “el secretario de la Gobernación instruyó al exsecretario Negrón Reichard a inhibirse de todo trámite ante el DDEC con relación a su abuelo o sus clientes, ya que este era el encargado en la firma de los asuntos relacionados con la regulación gubernamental de los sectores de manufactura, farmacéutica, dispositivos médicos, servicios de exportación, turismo y entretenimiento, todos ellos sectores cuya decisión última correspondía a Negrón Reichard como secretario del DDEC”.

Alegó que “el exsecretario Negrón Reichard se negó a inhibirse o pedirle una opinión a Ética en más de una ocasión y además sí actuó de forma directa con clientes de su abuelo -su pariente bajo la ley de Ética- lo que es una clara violación al Artículo 4.2(g) de la Ley Núm. 1-2012 y posibles violaciones al Código Penal en sus Artículos 250 (enriquecimiento ilícito), Artículo 253 (negociación incompatible con el ejercicio del cargo público) y el Artículo 254 (intervención indebida en las operaciones gubernamentales)”.

También le imputó “conflicto de intereses con María Beatriz Gorostiaga Zubizarreta”, con similares violaciones éticas.

Domenech aludió a que “María Beatriz Gorostiaga Zubizarreta es la esposa de Negrón Reichard y quien es dueña de Grupo Imperial LLC, registrada en el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado el 22 de febrero de 2026 y quien solo siete días después (el 1 de marzo) había solicitado al DDEC un decreto de exención contributivo; esto ocurrió sin el exsecretario Negrón Reichard haber solicitado inhibirse. Luego de un mes de la esposa del exsecretario Negrón Reichard haber pedido el decreto, es que este pide inhibirse ante Ética, respuesta que recibió el 1 de mayo de 2026 y la cual Ética le dijo que la inhibición “no se retrotraerá a hechos que ocurrieron con anterioridad a la presentación del documento en la OEG”.

Líos dentro del DDEC

Como tercer punto, que identificó como “cargo”, le señaló irregularidades éticas por nombrar a Ernesto J. Zayas García como director de la Oficina de Incentivos del DDEC.

Denunció que el exfuncionario salió del bufete de su abuelo “tres días antes de su designación -hasta el 14 de marzo de 2025-”. Alegó que este asesoraba corporaciones en asuntos de decretos ante la Oficina de Incentivos del DDEC.

“Ese funcionario, nombrado por el exsecretario Negrón Reichard, por decisión propia y sin el consentimiento o conocimiento previo de la gobernadora (Jenniffer González Colón), alegadamente facilitó los trámites dentro del DDEC a clientes de Reichard & Escalera, por lo menos por espacio de casi tres meses en que se tardó en solicitar una inhibición de una cuantiosa cantidad de clientes de su ex bufete Reichard & Escalera, propiedad del abuelo de Negrón Reichard”, dijo.

La cuarta irregularidad imputada fue “omisión de inhibición respecto a Eduardo J. Negrón” con más violaciones éticas achacadas.

“El señor Eduardo J. Negrón es el padre del exsecretario Negrón Reichard quien, hasta abril de 2026, se desempeñó como vicepresidente ejecutivo y principal oficial de administración de Banco Popular de Puerto Rico, banco del cual muchos de los negocios de sus clientes comerciales podrían depender de trámites, por ejemplo, de decretos e incentivos, pendientes ante el DDEC o sujetos a la discreción de Negrón Reichard”, alegó.

Añadió que “el exsecretario Negrón Reichard no presentó mecanismo de inhibición alguno relacionado con Banco Popular de Puerto Rico, sus subsidiarias o afiliadas”.

Por último, imputó “conflicto de intereses con su pariente”, para achacarle más violaciones éticas.

“Luego de la renuncia de exsecretario Negrón Reichard, se le informó al secretario de la Gobernación que éste había desplegado un patrón de presionar a directores ejecutivos de entidades bajo su jurisdicción a concederle beneficios a clientes de Reichard & Escalera”, denunció Domenech.

Alegó que, “durante el mes de abril de 2026, el exdirector de la Autoridad de Terrenos, Robert Segarra, le había expresado a Negrón Reichard graves reparos con una finca que el Gobierno le habría de ofrecer a Coopervision. Segarra entendía que el negocio de Coopervision no era bueno para Puerto Rico. Cuando Segarra le presentó sus graves reparos con el negocio de terrenos de Coopervision al exsecretario Negrón Reichard, éste se puso sumamente hostil con Segarra, conducta que, según Segarra, nunca antes había actuado con él de esta manera. Según Segarra, ni Negrón Reichard ni sus ayudantes, le indicaron que Coopervision eran clientes de Reichard & Escalera. La renuencia de Segarra a formalizar este negocio, desató la insistencia de Negrón Reichard a la gobernadora y al secretario de la Gobernación, de que Segarra fuera removido de su cargo. Segarra renunció a su cargo el 15 de mayo de 2026”.

Domenech resumió que “el exsecretario Negrón Reichard nunca presentó mecanismos de inhibición relacionados con el bufete Reichard & Escalera, con el licenciado Héctor Reichard de Cardona, ni con ninguno de los clientes de esa firma. Además, que intervino directamente en los negocios que su abuelo sin haber presentado mecanismo de inhibición alguno en ninguno de esos asuntos. Dicha conducta también configura una violación al Artículo 4.2(s) de la Ley Núm. 1-2012, pues constituye una acción que pone en duda la imparcialidad e integridad de la función gubernamental. Además, presenta posibles violaciones al Código Penal en sus Artículos 250 (enriquecimiento ilícito), Artículo 253 (negociación incompatible con el ejercicio del cargo público) y el Artículo 254 (intervención indebida en las operaciones gubernamentales)”.

¿Cuándo se enteró?

El funcionario no explicó la razón por la que no se hicieron los señalamientos en contra de Negrón Reichard durante el año y medio que fue secretario del DDEC o por qué no fue despedido por las irregularidades que ahora le achacan.

No obstante, alegó que no fue hasta el 8 de mayo de 2026 que tuvo ante sí información de Ética en la que conoció sobre “las inhibiciones de todos los jefes actuales del Gobierno de Puerto Rico”. Dijo que reclamó la información a la OEG cuando Negrón Reichard removió del cargo al administrador de Terrenos.

“Con esa certificación enviada por Ética el 8 de mayo (la cual es uno de los anejos a su declaración jurada), encontró que el ahora exsecretario Negrón Reichard nunca había solicitado inhibición alguna, ni del bufete Reichard & Escalera propiedad de su abuelo, ni de los clientes del bufete Reichard & Escalera, ni del Banco Popular donde laboraba su padre; y solo una inhibición tardía sobre su esposa, solo luego de que ella pidiera al DDEC un decreto tramitado por Ernesto J. Zayas García, quien tardó tres (3) meses para presentar una solicitud de inhibición sobre los asuntos de su expatrono, el bufete Reichard & Escalera, una vez entró al DDEC”, detalla el documento que presentó a la presa.

Alegó, además, que “cuando el secretario de la Gobernación revisa la cuantiosa lista de clientes del bufete Reichard & Escalera, de los que Zayas García se tenía que inhibir, pudo constatar que -de esa lista- se le otorgaron contratos millonarios de incentivos a cinco clientes del bufete Reichard & Escalera que suman $74,111,276.62”.

“Luego de analizar la información de Ética, el secretario de la gobernación, por orden de la gobernadora, le pidió al exsecretario Negrón Reichard una lista de todos los decretos e incentivos otorgados por el DDEC, desde el 2 de enero de 2025 hasta finales de mayo de 2026; dicha lista fue entregada el 2 de junio de 2026 por Ernesto Zayas, el último día de su trabajo. Esa lista fue solicitada el 18 de mayo de 2026; luego, cuatro días después, el exsecretario Negrón Reichard renuncia y le pide a su personal más cercano que también renuncie, al 22 de mayo, incluyendo a Zayas”, rememoró.

Domenech también presentó extractos de comunicaciones de octubre pasado con Negrón Reichard para dejar por sentado que mostró preocupación sobre la situación de las inhibiciones.

Otro aspecto que trajo a colación fue que Negrón Reichard removió de su cargo al subsecretario, Carlos Ríos Pierluisi; al secretario auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), Norberto Almodóvar, y al exdirector de la Autoridad de Terrenos, Robert Segarra.

“Estas acciones se pudieran interpretar como que el exsecretario Negrón Reichard estaba desmantelando la agencia, sumada a la evidencia de que sus actuaciones desembocaron en beneficios millonarios para los clientes de la firma de su abuelo”, según atribuyó.

El documento expone al final que “la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, ha sido firme con la rendición de cuentas, al estipular, desde antes de juramentar como gobernadora, que no tolerará la corrupción -venga de donde venga- cuando exista la evidencia. Honrando la trayectoria intachable de la Gobernadora en la esfera estatal y federal y asumiendo su deber como jefe de Gabinete de velar por la pulcritud y transparencia del gobierno, es que el secretario de la Gobernación, licenciado Francisco J. Domenech, llevó en el día de ayer, hasta las últimas consecuencias, ejecutorias que son contrarias a la rectitud que prevalece en esta administración”.