La exadministradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), Blanca Medina Díaz, manifestó este miércoles, durante una vista pública en el Senado, que las presiones que recibía para firmar dos contratos sin justificación o sin la información pertinente la mantenían “agobiada” mientras ocupaba el cargo.

“Ante la presión constante y la insistencia reiterada, me sentía agobiada, preocupada por la procedencia del proceso”, llegó a decir en su ponencia, la cual presentó bajo juramento.

No sólo imputó presiones de la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes. Señaló que la administradora de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, Gabriella Boffelli, también la cuestionó por no haber firmado uno de los contratos en controversia, el de Strategic Technology Advisors, por un monto de $300,000 y cuyo propietario, Leobardo Villegas Huertas, se alega que ha sido donante del Partido Nuevo Progresista.

La exfuncionaria afirmó que, por las alegadas presiones, se ausentaba de las reuniones y enviaba a una representante.

“Siempre era lo mismo, me presionaban para que firmara el contrato”, aludió Medina Díaz, cuestionada por los senadores de la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos.

La exfuncionaria, con 35 años de experiencia en el gobierno, indicó que desde que entró al cargo se le impuso la misión de firmar uno de los contratos en controversia,

El contrato era por el monto de $38.5 millones para el proyecto educativo “Star Academy”, con la empresa NOLA Education LLC. El acuerdo pactaba que se darían unos cursos a estudiantes de escuela pública, pagados con fondos del programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF, en inglés).

“Al asumir el cargo, uno de los primeros asuntos que se me requirió atender fue el contrato de Nola Education”, denunció.

Especificó que “el segundo día, luego de mi nombramiento, la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, me citó a su oficina para entregarme documentos y la agenda de trabajo. En esta reunión, me planteó que mi primera prioridad debía ser firmar ese contrato. Recibí esta instrucción sin que se me proveyera una evaluación técnica, un análisis programático o una justificación conforme a la reglamentación estatal o federal aplicable”.

Indicó que la decisión de no firmar el contrato la tomó junto a su equipo de trabajo y asesorada por la abogada, Gisela Rodríguez Algarín, quien estaba en destaque en Adsef desde la Autoridad de Carreteras y Transportación.

La funcionaria alegó que fue citada a una reunión con la secretaria en la que supuestamente se le obligó a cancelarle el destaque a la abogada. Indicó que la única razón para la remoción fue haberla asesorado en contra del contrato de Nola Education.

“Había mucha presión”, dijo a modo de justificar la cancelación del destaque.

Según explicó, el contrato no lo firmó, debido a la “incompatibilidad” con los requisitos y usos permitidos del programa TANF. Expuso que estos fondos federales son para asistir a familias necesitadas para que los niños puedan ser cuidados en sus hogares o por familiares, buscar el fin de la dependencia de los beneficios gubernamentales y promover el trabajo, prevenir la incidencia de tener hijos fuera del matrimonio y fomentar la formación de familias en las que estén ambos progenitores presentes.

También indicó que no lo firmó, ya que no se le proveyó un informe con todo lo relacionado con la licitación y la selección de Nola Education, y que la evaluación no se realizó en Adsef, aun cuando la agencia tiene una división para realizar ese trabajo.

Dijo que causó suspicacia el que dos empresas fueran “especializadas en agricultura, jardinería y manejo ambiental”. Estas eran Litoral Vivo y Coccoloba AgroEnvironmental.

Señaló que el proceso de selección estuvo a cargo de la empresa LAP Consulting Group, Inc.

“Si yo llego a firmar ese contrato, eran $38.5 millones que la gente necesitada no iba a tener”, comentó Medina Díaz, para justificar que sus acciones fueron las correctas.

Indicó que esos $38.5 millones se distribuyeron entre mujeres participantes del programa TANF.

La mujer dijo que desconocía la razón por la que Roig Fuertes la presionaba para que firmara el contrato.

“A mí me hubiese gustado saber, pero no sé”, dijo.

Viaje ilegal

De paso, Medina Díaz alegó que el viaje que realizó la secretaria de la Familia a Luisiana, del 7 al 10 de diciembre de 2025, para conocer los servicios de la mencionada empresa fue “ilegal”. Indicó que en este viaje, en el que estuvo la esposa de un cabildero, hubo un desembolso de $7,610.80 de los fondos federales del TANF.

Entretanto, alegó que no le dio el contrato a Strategic Technology Advisors, porque sus servicios ya eran provistos mediante otros contratos, así como que el proponente nunca acudió a presentarle sus servicios.

“No era necesario” ese contrato, sostuvo.

Comentó que las presiones para firmar este contrato se realizaron a principios de septiembre. A finales de ese mes fue destituida.

Informó que, antes de conocer el despido, la secretaria de la Familia solicitó el traslado de propuestas de contratos de Adsef al Departamento. Dijo que la orden no se la hicieron directamente. Señaló que se la hicieron a la persona que era administradora auxiliar del programa.

“Ella (Roig Fuertes) quería las propuestas que ya iban a estar pronto en la oficina para evaluarlas”, denunció.

Finalmente, Medina Díaz alegó que la secretaria de la gobernación no le indicó las razones para despedirla, como lo hizo públicamente.

“Eso ella no me lo dijo, (que era insubordinada). Lo escuché por radio, por la prensa… Ella me dijo que la gobernadora (Jenniffer González) había pedido que me tenía que ir”, comentó.