La propuesta Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas no es el equivalente a una ley criolla de quiebras, indicó el gobernador Alejandro García Padilla este miércoles, aunque justificó la legislación diciendo que todos “los estados y los países del mundo” tienen dicho marco legal.

El primer ejecutivo rechazó de igual forma que la medida abra las puertas a la privatización de las corporaciones públicas que tienen problemas de flujo de caja, como la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) y la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM).

“No es una ley de quiebras. No es una ley que propone la privatización. Nuestras corporaciones siguen siendo públicas y tienen que seguir siendo públicas”, sostuvo el García Padilla durante una conferencia de prensa en La Fortaleza para anunciar el proyecto de ley.

El gobernador argumentó que se trata de una medida para reestructurar la deuda de las corporaciones públicas, que actualmente ronda por los $26,000 millones. Sostuvo que la propuesta busca lograr “la autosuficiencia” de las corporaciones públicas y que la medida no elimina los convenios colectivos de las empresas del Gobierno que se acojan a la ley. No obstante, reconoció que la propuesta acoje la recién firmada Ley de Sostenibilidad Fiscal y Operacional, que congela los convenios colectivos y permite a los directivos de las corporaciones públicas renegociar los laudos laborales.

“Mi exhortación es que se sienten a negociar. La ley de Sostenibilidad Fiscal da unos poderes, pero permite la negociación. De lo que se trata es de que se negoció”, dijo para subrayar que el Gobierno logró acuerdos con “más del 70 por ciento de las uniones” que representan a los empleados del gobierno central.

 Explicó que la legislación sólo puede ser usada cuando las corporaciones públicas hayan agotado todas sus opciones financieras y no puedan pagar.

“La falta de esta ley pone en peligro nuestras corporaciones si no se tienen los instrumentos para proteger sus haberes y la continuidad en sus servicios”, sostuvo el gobernador en la conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por la secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila; la secretaria de Hacienda, Melba Acosta; y el presidente del Banco Gubernamental de Fomento, David Chaffey. Junto a ellos estaba, Jim Millstein, de la firma estadounidense que rindió un informe con las recomendaciones que dan base a la propuesta ley.

García Padilla indicó que la medida provee los mecanismos para que las corporaciones públicas puedan negociar con sus acreedores de manera más justa y equitativa.

Dijo que aunque tiene similitudes con la Ley de Quiebras Federal, la propuesta no contempla la liquidación de la corporación y, si el caso llega al tribunal, el proceso no queda en manos de un síndico sino de “un administrador”.

El gobernador recalcó que se siente “esperanzado” de que el proyecto de ley sea aprobado en la Legislatura en la presente sesión ordinaria, que expira el próximo lunes, 30 de junio y que no tenga que convocar a una sesión extraordinaria.

La Fortaleza envió hoy mismo la medida para el análisis de los legisladores y sería descargada sin haber sido evaluada en vistas públicas.

No obstante, el gobernador dijo que ya los legisladores han tenido contacto con el tema.

García Padilla dijo que si la propuesta no se aprueba, la corporación pública que llegue a ser declarada insolvente, se vería forzada a reducir servicios, recortar sus gastos y las tarifas pasarían al control de los bonistas.

“Esta no es una lucha de buenos y malos, rojos y azules ni de patronos y trabajadores”, sostuvo García Padilla, quien alegó que la reestructuración de la deuda “la sugirieron los líderes obreros, el liderato de la oposición y dos legisladores de mi partido”.

El gobernador dijo que no han determinado aún qué corporaciones se podrían acoger a la ley.

“Se están evaluando. Hay unas que están en mayor necesidad. La inmensa mayoría están a salvo”, sostuvo.

El Presidente del BGF dijo que la deuda total de las corporaciones públicas asciende a $26,000 millones y que las principales son: AEE cerca $10,000 millones; Autoridad de Carreteras $7,000 millones y la AAA, alrededor de $4,500 millones.

Sobre las declaraciones públicas de la secretaria de la Gobernación el pasado 3 de junio, quien aseguró entonces que no se estaba considerando reestructurar la deuda de las corporaciones públicas, García Padilla dijo que “se pueden tomar decisiones más adelante”.

Agregó que “Puerto Rico está dejando el insularismo por fin” y defendió la propuesta indicando que el País estaba reclamando “que el Gobierno pusiera en cintura” a las corporaciones públicas y ese momento llegó”.