“¡Qué vergüenza! ¡Cuánta desgracia! ¡Cuánta indignación!”

Así arrancó su opinión la jueza del Tribunal Supremo, Anabelle Rodríguez Rodríguez, al reaccionar al fallido proceso primarista del pasado domingo.

Su expresión no se alejó a los demás jueces del Supremo, quienes en reiteradas ocasiones, afirmaron que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) actuó de manera “incompetente” y le privó al derecho al voto a miles de electores de manera inconstitucional, al no proveer un proceso digno y organizado en las primarias celebradas el pasado domingo.

Es que las votaciones en las que el Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD) buscaban delinear sus candidatos, se vieron afectadas por la tardanza en la impresión de las papeletas, su posterior embalaje, así como la distribución a los centros de votación. El resultado fue que la mayoría de los electores se quedaron sin votar, tras un acuerdo alcanzado por los presidentes de las colectividades, Thomas Rivera Schatz y Aníbal José Torres, y el presidente de la CEE, Juan Ernesto Dávila, para posponer las primarias para el próximo domingo en los colegios que a la 1:45 p.m. no había comenzado la votación.

En su determinación, el Supremo acogió dicho acuerdo, aunque no con mucho agrado. Lo hizo al evaluar varias demandas radicadas por aspirantes a la gobernación y una electora.

Específicamente, ordenó que la votación se realice el próximo domingo, 16 de agosto, en los colegios en los que no se votó y en los que el proceso no hubo votaciones por ocho horas.

Rodríguez Rodríguez fue la que mejor resumió el caótico evento. De hecho, afirmó que “se veía venir, pues el deterioro de la administración pública y la gestión de gobierno es innegable y ha pasado a ser un elemento inherente de nuestra cotidianidad como país”.

La jueza no dejó blanco sin llenar al expresar abiertamente su frustración.

Dijo que “el elenco fue estelar y su utilería la más perfecta: un nuevo Código Electoral que cambia sustancialmente las reglas de la contienda eleccionaria a última hora, aprobado de manera atropellada por la Asamblea Legislativa; una Rama Ejecutiva que lo refrenda con beneplácito, no obstante, los serios señalamientos que se hacen en contra del proyecto; una Comisión Estatal de Elecciones (CEE) presidida por un neófito (primerizo), el licenciado Juan Ernesto Dávila Rivera, quien le demostró al país su patente incapacidad para desempeñar con mínima eficacia el cargo al cual fue designado por el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares; unos comisionados electorales que no advirtieron de antemano al país de lo que ocurría en el seno de la CEE y que, por el contrario aseguraron al elector que estaban listos para celebrar con éxito el evento; unos presidentes de partido -candidatos a su vez a puestos electivos- quienes, en una conferencia de prensa desafortunada, se arrogaron las prerrogativas de la CEE sobre el proceso electoral. Y, lo que es peor, ninguno de estos actores está dispuesto a asumir su responsabilidad, sino que, como niños, recurren a la cantaleta trillada: ‘La culpa no es mía, es tuya’. Y es que cuando la incompetencia y la desfachatez se combinan en la trama, el desenlace siempre es infausto”.

Asimismo, en su opinión ante la controversia, la presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, dijo que las primarias del domingo pasado fueron más que una “vergüenza”.

“Es una alerta dura del peligro de adoptar prácticas que se asemejan más a un régimen autoritario, que a la democracia que nos distingue como pueblo”, afirmó.

Alegó que la CEE sufre de “incompetencia administrativa”, a tal grado que les negaron el voto a los electores.

“Fracasó con su obligación legal principal: ‘garantizar que los servicios, procesos y eventos electorales se planifiquen, organicen y realicen con pureza, transparencia, seguridad, certeza, rapidez, accesibilidad y facilidad para los electores de manera costo-eficiente, libre de fraude y coacción [ ... ] “. Art. 3. 1 ( 1) , Código Electoral de Puerto Rico de 2020, Ley Núm. 58-2020 (Código Electoral)’”.

Pero, más allá, afirmó que la CEE actuó de manera ilegal.

“En este caso, no medió determinación alguna de este Tribunal que autorizara a la CEE --y a nadie-- a paralizar el proceso electoral. Por ende, obliga la conclusión de que la CEE actuó sin jurisdicción y de manera ultra vires al certificar un Acuerdo entre las Comisiones de Primarias del PNP y PPD. Tal curso de acción interrumpió el ejercicio de una votación en curso. Esto es grave”, dijo Oronoz.

Explicó, de paso, que el Tribunal intervino y tomó una determinación “independientemente de que la CEE actuó sin autoridad” para “mitigar el daño que la CEE causó y garantizar que todo ciudadano que no pudo votar pueda hacerlo”.

“Este Tribunal no se prestará para legitimar que tres personas se pongan de acuerdo para interrumpir el proceso que asegura que cientos de miles de puertorriqueñas y puertorriqueños ejerzan su prerrogativa constitucional”, acotó.

Mientras, el juez Luis Estrella afirmó que el proceder de la CEE en las primarias “no solo fue incompetente y seriamente negligente, sino que además fue contraria a su ley orgánica y a sus reglamentos interpretativos”.

También destacó que las primarias del pasado domingo "constituyen uno de los fracasos a la justicia electoral y a la democracia más lamentables en la historia de Puerto Rico".

“Es forzoso concluir que el remedio que mejor mitiga los daños ya causados a nuestro sistema democrático es que este Tribunal avale la continuación del ejercicio del derecho al voto calendarizado para este próximo domingo”, expuso el juez, quien dijo sentirse triste al tener que intervenir en este proceso.

Pero, dejó claro que la determinación no se puede ver como una validación de que la CEE actuó bien. Es que opinó que se actuó en contra de la Constitución.

Explicó, además, que no favoreció realizar unas nuevas primarias, porque “echar las papeletas de los miles de electores y electoras que ejercieron su derecho al voto a la basura no puede ser opción legal y mucho menos constitucional”.

Por su parte, en la opinión emitida por el juez Roberto Filiberti Cintrón, en el que se decretó la sentencia de continuar con la votación el próximo domingo donde los electores no pudieron votar o los colegios no estuvieron abiertos por ocho horas, se destaca que la CEE y su presidente buscaron varios “remedios” para intentar resolver los problemas de las fallidas primarias del pasado domingo.

Además, expresó que el Tribunal medió en la controversia para garantizarle al electorado un sistema “efectivo, justo y honesto”, pero sin “intervenir de manera irrazonable” con la autonomía del proceso electoral.

“Ante la realidad de lo ocurrido en las primarias celebradas el pasado domingo, no cabe duda de que quien sale mayormente perjudicado por ser la parte más vulnerable y sin inherencia directa en los procedimientos que rigen dichos eventos, es el elector”, destacó el juez.

De paso, apuntó a que el proceso electoral que se dio "no fue cónsono con los postulados constitucionales y estatutarios que exigen el derecho al sufragio universal, libre, secreto y directo".

Mientras, el juez le indicó a la electora que demandó por no haber podido votar, Carmen Damaris Quiñones Torres, que como ahora podrá acudir al evento este próximo domingo, “su derecho al voto no se verá afectado”.

Entretanto, el juez Ángel Colón trató este caos electoral como el “verano de 2020”. Con sus palabras, asimilaba lo ocurrido con el “verano del ’19”, donde multitudinarias manifestaciones lograron que Rosselló Nevares renunciara.

“En el verano de 2020, los miembros de este Tribunal tenemos ante nosotros la delicada tarea de buscar una salida salomónica a la difícil encrucijada en que nos encontrábamos como pueblo; ello, producto de la ineptitud, le incompetencia de aquellos y aquellas que han puesto en riesgo la pureza que históricamente ha reinado en los procesos electorales que se han celebrado en nuestra jurisdicción y que han sido ejemplo para muchos países hermanos”, estipuló.

Mientras, la jueza Mildred Pabón Charneco estipuló que el acuerdo al que llegaron los presidentes de los partidos y el de la CEE fue “ilegal”.

Expuso que “al estar en riesgo el derecho fundamental al voto, la determinación de paralizar, interrumpir o posponer una votación correspondía a la Asamblea Legislativa”.

Aunque la jueza se expresó en desacuerdo para continuar las primarias el próximo domingo, dijo que era necesario que el Supremo proveyera un remedio para hacerle valer el voto a los electores.

Por último, el juez Edgardo Rivera García destacó en su opinión que “de conformidad con ese panorama, no es correcto ni razonable aventurarnos a declarar nulo todo un proceso en el que numerosos electores y electoras ejercieron su voto, y en donde falta una cantidad sustancial por ejercitar su derecho a favor de los candidatos de su predilección en distintas posiciones en la contienda electoral”.