El presidente de la Legislatura Municipal de Vega Alta, Carlos M. Malavé Irizarry, dijo sentirse reivindicado tras caerse una demanda por parte del Departamento de Justicia (DJ) en contra de dicho cuerpo legislativo, y del entonces alcalde, Isabelo ‘Chabelo’ Molina, por un supuesto aumento de sueldo ilegal.

“Todo el andamiaje del gobierno de García Padilla con el ex secretario de Justicia, César Miranda, estuvo orquestando ese caso en contra del municipio de Vega Alta, específicamente demandando al entonces alcalde y al presidente de la Asamblea Municipal por cobro de dinero por, alegadamente, aprobar un aumento de sueldo contrario a la ley. Eso fue lo que ellos plantearon y desde el primer día fuimos con la verdad y documentos en mano. Y después de 15 a 20 reuniones con ambas partes, fiscal y abogados, llegó el caso al Tribunal. Pero una vez allí, el secretario de Justicia sometió un documento para retirar la demanda el pasado mes de febrero”.

El aumento de salario en cuestión fue otorgado al primer ejecutivo municipal el 15 de mayo de 2013 mediante la Ordenanza Municipal Núm. 15 Serie 2012-2013.

Mediante dicha herramienta legislativa municipal se estableció que el salario del alcalde aumentaría de $6,500 a $8,500.

El aún líder de la legislatura municipal, subrayó que para dicha aprobación se tomaron en consideración todos y cada uno de los criterios del mencionado Artículo 3.012 de la Ley de Municipios Autónomos.

“El procedimiento se hizo conforme al cumplimiento fiel y exacto a todo lo que la Ley de Municipios Autónomos ordena y establece”.  Al final brilló la justicia y tuvieron que solicitar que se retiraran los cargos porque no tenían evidencia para sostener lo que desde un comienzo plantearon”, acentuó Malavé Irizarry.

Cabe destacar que este cambio de sueldo se da previo a la ley 69, la que enmendó la Ley de Municipio Autónomos para establecer unas escalas salariales fijas, a partir de enero del 2017, para los alcaldes de acuerdo a la población de cada Municipio.

En palabras del presidente de la Legislatura, lo que cambió de la ley con dicha enmienda (ley 69) es que ahora se tomará en cuento el cambio poblacional al considerarse un aumento de sueldo.

Este caso, según Malavé Irizarry, fue para perjudicar al ex alcalde, porque en un señalamiento contenido en un Informe del Contralor, tres años antes, se comenzó a ventilar en pleno año electoral.