En el próximo mes y medio habrá un monitoreo continuo de las gestiones que la todavía secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, realice antes de que se haga efectiva su renuncia, principalmente en la concesión de contratos.

Pero, quedó en el tintero si también se fiscalizará o se le ha dado alguna dirección expresa de que no puede desaparecer evidencia relacionada al controvertible intento de contratar a la empresa NOLA Education para dar servicios en la Isla y por lo que ahora se le investiga a nivel estatal y federal.

El secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, explicó, durante una conferencia de prensa en La Fortaleza, que “la instrucción no solamente (es) a Suzanne Roig, porque creo que no ha quedado claro. A Suzanne Roig y a todos los empleados del gobierno de Puerto Rico es a la protección, conservación y no destrucción de evidencia de documentos que se presumen públicos. Esa es la instrucción, te la estoy diciendo. Eso es bastante claro. Es lo que aplica, no solo a ella, a todos los jefes de agencia”, indicó.

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La explicación la dio luego de que una de las empresas que se le implicó en la evaluación para darle el contrato a NOLA Education, a pesar de que solicitó que no se le considerara, Coccoloba AgroEnvironmental, presentara ayer, miércoles, ante el tribunal una solicitud para que se preserve la evidencia electrónica y no se eliminen los correos electrónicos relacionados a la controversia.

Según Peña Payano, no se supone que ningún documento público sea destruido por un funcionario. Dijo que esa es una responsabilidad que tiene todo empleado público.

“Tienen que preservar la información, no destruir documentos, no destruir correos electrónicos y preservar la propiedad. Y esa es la instrucción. No solo para Suzanne Roig, para todos los empleados del pueblo de Puerto Rico”, precisó, al decir que aquel funcionario que se identifique por destruir documentos se expone a investigaciones criminales y éticas en su contra.

Entretanto, Peña Payano reiteró que en el periodo en el que se concrete la renuncia de Roig Fuertes, que es el 31 de diciembre, la secretaria de la Gobernación, Norma Burgos, estará a cargo de monitorear todo contrato, determinación o reclutamiento de empleados que afecte a la agencia.

La exadministradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), Blanca Medina Díaz.
La exadministradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), Blanca Medina Díaz. (Facebook ADSEF)

En septiembre pasado Burgos fue quien anunció la destitución de Blanca Medina Díaz, jefa de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), cuando hizo alegaciones de presuntas presiones por parte de Roig Fuertes para que firmara el acuerdo por $38.5 millones, que la exfuncionaria calificó ilegal.

“No hay un impedimento de actuar, porque sigue siendo secretaria. Sin embargo, debe darse, repito, con las entidades, con el peritaje para fiscalizar, monitoreando por parte de la secretaría de la Gobernación cada una de esas transacciones, compras, reclutamiento. Esto ha pasado así en otras renuncias, o cuando sacan un jefe de agencia. Y eso es lo que se debe hacer correcto. El pueblo merece esa transparencia, de saber qué pasó en el periodo en el que un empleado o un jefe de agencia presenta su renuncia hasta que se va. Así que eso es lo que debe estar ocurriendo”, expuso el funcionario.

El secretario de Asuntos Públicos, además, alegó que desconocer si el que Roig Fuertes permanezca en su cargo hasta el fin de año le vaya a beneficiar con un aumento de salario del 8%, como dispone un reglamento de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno.

Roig Fuertes renunció el pasado lunes, pero no será efectivo hasta el 31 de diciembre, en medio de varias controversias en las realizó viajes relacionados con empresas a las que se les intentó o fueron beneficiadas con contratos.

El caso más destacado ha sido el de NOLA Education, destapado por Medina Díaz. Posteriormente, cuando se negó a firmar el con la empresa por $38.5 millones, fue despedida por alegada “insubordinación”.

Trascendieron, además, múltiples irregularidades en el proceso para otorgar el acuerdo, principalmente en la evaluación de propuestas.

Por otro lado, Peña Payano reiteró la posibilidad de que otros funcionarios de gabinete también salgan de funciones a fin de año, tal y como lo ha expresado la gobernadora Jenniffer González Colón en los pasados días. No obstante, rechazó que una de esas funcionarias fuera a ser la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Gómez.