El juez federal Francisco A. Besosa atenderá la demanda que sometió uno de los convictos por el asesinato de una exreina de belleza en 1988 que alega violación de derechos constitucionales, luego de que el juez Gustavo A. Gelpí se recusara.

La demanda incoada por Nelson Ruiz Colón, en la que alega que el Estado le violó sus derechos por no realizar pruebas de ADN en el caso del asesinato de Glorimar Pérez Santiago, fue asignada originalmente a la sala de Gelpí, pero éste se inhibió.

"Como abogado del Departamento de Justicia de Puerto Rico, trabajé en asuntos y emití opiniones relacionadas a la convicción de este caso", explicó el juez parcamente por escrito, según consta del expediente electrónico del caso.

Gelpí trabajó en el Departamento de Justicia entre 1997 y 2000, cuando fungió en varias posiciones, entre ellas la de procurador general bajo el segundo término de la gobernación de Pedro Rosselló.

Ante este panorama, la demanda fue reasignada a la sala del juez Besosa.

La demanda es de uno de los tres individuos que fueron arrestados y resultaron convictos por el secuestro, violación y asesinato de Pérez Santiago, ocurrido en 1988 en la playa Jobos, en Isabela.

En la misma se alega que el exjuez Manuel Acevedo Hernández, "hoy convicto a nivel federal por un caso de corrupción judicial" le denegó hacer las pruebas de ADN a evidencia recopilada, como tejido y fluidos en las uñas de la víctima y en su ropa interior. El hoy exjuez del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla será sentenciado este jueves ante la jueza presidenta del Tribunal Federal en Puerto Rico, Aida Delgado.

Ruiz Colón presentó la demanda a través de su abogado Osvaldo Carlo, en la que alega que el Estado le violó sus derechos constitucionales porque no se realizaron pruebas de ADN en rastros de sangre y pelos encontrados en las uñas de la occisa, ni semen y sangre encontrados en su ropa interior. Las mismas no estaban disponibles cuando se vio el caso a principios de la década del 90.

La acción legal es en contra del Departamento de Justicia, su secretario César Miranda; el fiscal general, José Capó; el Instituto de Ciencias Forenses y su directora, Edda Rodríguez.

El convicto, que hoy tiene 46 años, solicita al Tribunal Federal que le ordene al gobierno estatal realizar las pruebas correspondientes, además de concederle una compensación por daños y honorarios legales.

Ruiz Colón fue encontrado culpable junto con otros dos acusados, Nelson Ortiz Álvarez y José Caro, por el secuestro, violación y asesinato de la entonces universitaria, ocurrido en Isabela. Fueron sentenciados a entre 125 y 150 años de prisión.

Después del juicio, trascendió que supuestamente testigos confesaron luego que mintieron y que otras dos personas admitieron que cometieron los hechos.