El Gobierno de Puerto Rico emitió un cheque con cerca de $6 millones menos de la cantidad que el juez federal Gustavo A. Gelpí ordenó se le pagara a los Centros de Salud Primaria de Puerto Rico 330, con la justificación de que no tendrá fondos disponibles hasta después del 30 de junio.

El pasado 5 de junio, Gelpí ordenó al gobierno pagar $9,389,743 a los llamados Centros 330 en o antes del 17 del mismo mes y advirtió que de no cumplir, podría mandar a embargar las cuentas del Departamento de Salud.

El pago corresponde a lo adeudado el primer trimestre de este año. 

No obstante, el gobierno, a través de la abogada de Litigios Federales del Departamento de Justicia, Arlene Pérez, informó que depositó $3,676,798.18, y destaca que "los fondos estarán disponibles después del 30 de junio", cuando comienza el próximo año fiscal.

Informó además que apelarán la cantidad establecida por los Centros 330 y acogida por el juez porque "el demandado cuestiona la cantidad ordenada por la corte como pago y está en proceso de radicar una notificación de apelación", acción que ya presentaron.

En una vista a principios de mes, el Gobierno sostuvo que tenía los cheques hechos, pero no los fondos para poder pagar, y que ya gastaron $329 millones que recibieron para el programa Medicaid.

"Por demasiado tiempo la corte, literalmente cada vez que termina un trimestre, recibe un bombardeo de mociones pidiendo el pago y extensiones de tiempo para pagar. Este ha sido el caso desde el inicio de este litigio (que comenzó en 2003). La corte ya no actuará como un 'kindergarten cop' (policía de kinder)", lee la orden de Gelpí que emitió el 5 de junio.

Determinó que el pago correspondiente al segundo trimestre deberá pagarse en o antes del 17 de julio.

"La corte espera el cumplimiento de esta orden", añadió el juez en la orden del 5 de junio.

En cuanto a la deuda de $27,430,313 que se le deben a los centros de Arroyo, Barceloneta, Camuy, La Montaña, Morovis y Patillas, el juez indicó que el Gobierno deberá pagar una tercera parte en o antes del 30 de julio. El segundo pago deberá ser en o antes del 30 de septiembre, y el tercero, en o antes del 30 de noviembre.

Desde 2002, se estableció la ley para parear fondos federales y pagarle a los llamados centros 330, que ofrecen servicios primarios y preventivos, como pruebas de cernimiento, servicios de vacunación, nutrición, trabajo social, salud mental, dentista, planificación familiar, laboratorio y farmacia, entre otros.

Los centros demandantes son: Río Grande Community Health Center, Inc., Concilio de Salud Integral de Loíza, Inc., Dr. José Belaval Inc., Atlantic Medical Center, Inc., Camuy Health Services, Inc., Centro de Salud Familiar Dr. Julio Palmieri Ferri, Inc., Ciales Primary Health Care Services, Inc., Corporación de Servicios Médicos Primarios y Prevención de Hatillo, Inc., Corporación de Servicios Integrales de Salud Integral de la Montaña, Inc., El Centro de Salud de Lares, Inc., El Centro de Servicios Primarios de Salud de Patillas, Inc., Gurabo Community Health Center, Inc., Hospital General Castañer, Inc., Hospital General Castañer, Inc., Migrant Health Center, Inc., Morovis Community Health Center, Inc., Rincón Health Center, Inc., y Toa Alta Comprehensive Urban/Rural Advanced Health Services, Inc.

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