El juez federal Gustavo A. Gelpí negó hoy, sábado, una moción de reconsideración sometida por el Departamento de Salud de Puerto Rico ante el embargo que ordenó ayer en la tarde de los fondos de la agencia correspondientes al pago del primer trimestre del año a los Centros de Salud Primaria 330.

La negativa a la reconsideración ocurre en sucesión a la orden emitida el viernes luego de que el Gobierno de Puerto Rico procediera a pagar solamente $3,676,798.18 del monto total de $9,389,743.

El pago de los $3,676,798.18, estableció ayer Gelpí, no satisfizo su orden del 5 de junio pasado, por lo que procedió a ordenar el embargo inmediato de la suma de $5,712,944.82. Originalmente, Gelpí ordenó embargar $9,389,743, que era el total de la deuda para el primero trimestre de este año basado en que el cheque que entregó el Departamento de Salud no tendría fondos hasta el 30 de junio, pero luego se enmendó su orden, pues el cheque por $3,676,798.18 sí tenía fondos y se usó para cubrir pagos a varios de los proveedores de los Centros 330.

Ante la petición de reconsideración sometida por el gobierno estatal, Gelpí descartó los daños que reclamaba el Departamento de Salud.

“A pesar de la ley de Puerto Rico que prohíbe el embargo de fondos públicos, el interdicto de esta corte se ha mantenido como ejecutable por el Primer Circuito, y el Estado Libre Asociado ha admitido que no ha presupuestado los fondos adeudados”, lee la orden de Gelpí.

Añadió que si el Estado Libre Asociado de Puerto Rico paga en exceso, como alega que haría si cumple la orden, la diferencia sería restada de su próximo pago. “Como tal, el tribunal no ve el daño irreparable que el Estado Libre Asociado sostiene que ocurrirá si no se le concede su petición”, señala. 

En consecuencia, estableció Gelpí, el tribunal consideró que la ley federal tiene prioridad sobre la ley contra el embargo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Al final de su orden, Gelpí meciona que la otra alternativa del tribunal federal en esta situación es hallar en desacato los secretarios de Salud y de Hacienda, así como a otros oficiales gubernamentales.

“La Corte ha escogido en numerosas ocasiones no proceder de esta forma, porque sería muy vergonzoso para el gobernador tener a miembros de su gabinete residiendo temporeramente en el Centro Metropolitano de Detención en Guaynabo”, culmina su explicación.

El viernes, Gelpí ordenó embargar los fondos al Departamento de Salud correspondientes al pago del primer trimestre del año a los Centros de Salud Primaria de Puerto Rico 330, decisión que el Departamento de Salud adelantó recurrirá en el Primer Circuito de Apelaciones de Boston.

El 5 de junio pasado, Gelpí dio hasta el 17 de junio para que el Gobierno pagara los más de $9 millones adeudados a los llamados Centros 330, correspondientes a un pareo de fondos del programa Medicaid para el primer trimestre del 2015, esto luego de escuchar a las partes en una vista el 3 de junio. Advirtió entonces en la orden que de no cumplir con el pago, tendría que tomar medidas como embargar las cuentas correspondientes al Departamento de Salud.

En comunicación escrita, la secretaria de Salud, Ana Ríus Armendáriz, destacó que la recomendación del Departamento de Justicia es que llevarán el caso al Tribunal de Apelaciones.

"Ya habíamos depositado en corte $3.6 millones cuyo cheque fue cambiado y redimido en la Corte Federal. De igual forma, se le había pagado a la Playa de Ponce lo que le correspondía por acuerdo que era $1.6 millones, cuyo cheque también fue cambiado y redimido. Lo que significa que solo quedarían por pagar $4 millones que nosotros no reconocemos, ya que en nuestra agencia se efectuó un proceso de auditoría en el cual se determinó que la deuda era de $5.4 millones y no de $9.4 millones", indicó Ríus en un comunicado de prensa.

"No pagamos porque nos neguemos a pagar o porque no haya dinero, sino porque se hizo una auditoría y lo que refleja es que la cantidad real a pagar es de $5.4 millones y no de $9.4 millones. El juez no aceptó la auditoría, dijo que primero pagáramos y luego se nombrará un monitor para hacer la correspondiente reconciliación, por eso estaremos apelando. Quiero destacar que esta es la primera vez desde los comienzos del caso de los 330 que se hace una auditoría con data real y no estimada", agregó la Secretaria de Salud.

Desde 2002, se estableció la ley para parear fondos federales y pagarle a los Centros 330, que ofrecen servicios primarios y preventivos, como pruebas de cernimiento, servicios de vacunación, nutrición, trabajo social, salud mental, dentista, planificación familiar, laboratorio y farmacia, entre otros.

Los centros demandantes son: Río Grande Community Health Center, Inc., Concilio de Salud Integral de Loíza, Inc., Dr. José Belaval Inc., Atlantic Medical Center, Inc., Camuy Health Services, Inc., Centro de Salud Familiar Dr. Julio Palmieri Ferri, Inc., Ciales Primary Health Care Services, Inc., Corporación de Servicios Médicos Primarios y Prevención de Hatillo, Inc., Corporación de Servicios Integrales de Salud Integral de la Montaña, Inc., El Centro de Salud de Lares, Inc., El Centro de Servicios Primarios de Salud de Patillas, Inc., Gurabo Community Health Center, Inc., Hospital General Castañer, Inc., Hospital General Castañer, Inc., Migrant Health Center, Inc., Morovis Community Health Center, Inc., Rincón Health center, Inc., y Toa Alta Comprehensive Urban/Rural Advanced Health Services, Inc.

La reportera Mariana Cobián colaboró con esta historia