Los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y de las principales instituciones privadas se aliaron este domingo para hacerle frente a la reforma contributiva propuesta por la administración de Alejandro García Padilla ante el efecto que anticipan tendrá el Impuesto al Valor Añadido (IVA) en el costo de los estudios y materiales educativos.

Convocados por la Confederación Estudiantil Nacional (CEN), estudiantes de los diversos recintos de la UPR, de la Universidad Interamericana, del Sistema Universitario Ana G. Méndez, de la Universidad del Sagrado Corazón, la Universidad Politécnica y el Conservatorio de Música se reunieron durante la tarde, en el Recinto de Río Piedras del sistema público, para rechazar que le impongan nuevas cargas a la educación, y trazar el plan de acción para evitar que se cobre el IVA en los bienes y servicios pedagógicos.

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“Queremos ver de qué manera vamos a atender la situación del impuesto porque entendemos que puede representar el encarecimiento de los costos de estudio, tanto en el estilo de vida de los estudiantes, como el costo directo por matricula, y también teniendo en mente que mientras en las instituciones privadas se está discutiendo el encarecimiento de los costos de estudio en el cobro de matrícula, también en la universidad pública se está discutiendo el aumento en la matrícula”, manifestó en un aparte con la prensa Christian Arvelo, secretario general de la CEN.

La CEN, compuesta por estudiantes del sistema de la UPR, reunió al diverso grupo de universitarios, pero quien encabezará la iniciativa en contra de que se le imponga el IVA a los servicios educativos es un nuevo grupo creado durante el encuentro, y que integrarán representantes de cada uno de los recintos en los sistemas universitarios presentes.

Aunque al costo de la matrícula de la UPR no le aplicaría el IVA, según la propuesta sometida en la Legislatura, Arvelo insistió en la necesidad de que la universidad del estado se involucre activamente en la discusión sobre la reforma contributiva.

“Como universitarios, sentimos que tenemos un compromiso con el País. A lo mejor no somos nosotros, pero nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros familiares sí se van a ver afectados con esto, y siempre se ha buscado que la UPR se vincule más con los quehaceres del País, y hacia eso es que nos dirigimos”, subrayó el estudiante.

A pesar de que todavía no hay absoluta certeza sobre cómo se encauzará la lucha universitaria, los estudiantes acordaron crear grupos de trabajo para divulgar públicamente los planes o gestiones realizadas, desarrollar material educativo y orientar a sus pares sobre las disposiciones de la reforma contributiva y para cabildear a favor de su posición en la Legislatura, donde comenzará a discutirse el voluminoso proyecto de ley esta semana.

Durante la reunión, que se extendió por varias horas, fueron múltiples las ocasiones en que surgieron discrepancias en torno a cómo abordar el tema. Uno de los puntos en controversia era si se debía establecer como postulado que, tanto el estado como las instituciones universitarias, debían garantizar que los estudios tendrían el menor costo posible. El debate principal giró en torno a si se debía o no incluir en esa aspiración a las entidades privadas con fines pecuniarios y la subjetividad de lo que significaría el costo más bajo posible, en contraposición a quienes abogan por la educación gratuita.

Superados los desacuerdos, los universitarios coincidieron en que el Gobierno debe asumir la educación como su principal proyecto de País, y no debe obstaculizar el acceso a los servicios educativos. Asimismo, prevaleció que el estado y las instituciones públicas y privadas deben promover ofrecimientos más económicos.

Los estudiantes también alcanzaron un consenso respecto a que el Gobierno no debe gravar la enseñanza, sin importar si es pública o privada, y para establecer que la educación es un derecho universal, que debe ser vista como una inversión y no un gasto.

Además, acordaron que la reforma contributiva que se apruebe debe ir acompañada de un compromiso con la transparencia gubernamental y debe censurar que se fomente el “endeudamiento irresponsable” del Gobierno si no se articula un proyecto de desarrollo económico para la Isla.

Los universitarios se reunirán nuevamente el 22 de febrero para continuar la agenda de trabajo.