El subsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Roberto Lefranc Fortuño, fue incluido en la larga lista de funcionarios de la agencia y del gobierno de Jenniffer González Colón que son investigados por fiscales especiales independientes (FEI) por irregularidades en la mencionada agencia.

Así lo comunicó este jueves el Panel del FEI, tras aprobar una resolución “en respuesta a una solicitud formulada por los fiscales especiales independientes (FEI) Fabiola Acarón Porrata-Doria, Ileana Agudo Calderón y Arcelio A. Maldonado Avilés II”.

En la comunicación se expuso que el nombre de Lefranc Fortuño ha salido a relucir en “evidencia recopilada mediante el testimonio de testigos entrevistados” por las fiscales.

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Se precisó que las fiscales solicitaron la ampliación de la pesquisa “para determinar responsabilidad criminal en actos contrarios a la ley, si alguno, del subsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Roberto Lefranc Fortuño”.

“Siendo una investigación en curso a cargo de fiscales especiales asignados a esta encomienda, el Panel no emitirá declaraciones ulteriores sobre el particular”, se añadió en la comunicación.

En esta pesquisa también están incluidos el exsecretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard, así como el exsecretario de la Gobernación, Francisco Domenech.

La pesquisa del FEI también incluye a Norberto Almodóvar Vélez, exsecretario auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe); Charlene Neuman Rivera, exjefa de personal de la OGPe e Itza García, subsecretaria de la Gobernación.

Fue en verano pasado que comenzaron a surgir las imputaciones de parte y parte, principalmente entre el bando de Negrón y Domenech.

Negrón Reichard le imputó a Domenech una presunta interferencia en investigaciones internas y alegadas irregularidades en un proceso de contratación pública.

Alegó que el exsecretario de la Gobernación supuestamente lo presionó para que otorgara un contrato de publicidad a la compañía JJ Investment e intervino en favor de decretos contributivos para un proyecto, Opus Miramar, al que está vinculada su antigua empresa de cabildeo, Politank.

En uno de los casos, el contrato que presuntamente se buscaba otorgar a la empresa JJ Investment se iba a pagar con fondos federales en poder de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

Mientras tanto, Domenech le imputó corrupción a Negrón Reichard.

Estableció en una declaración jurada que “sus actuaciones beneficiaron con $74,111,276.62 a por lo menos cinco clientes de la firma de abogados Reichard & Escalera, bufete de Héctor Reichard de Cardona, socio principal y accionista de dicho bufete y abuelo del exsecretario Negrón Reichard”.